Normas Generales

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DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I

SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.708

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Sábado 18 de Julio de 2020

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Normas Generales

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MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección Nacional del Servicio Civil

FIJA REMUNERACIÓN O DIETA Y REDUCE ÚLTIMA REMUNERACIÓN O DIETA

PERCIBIDA DE MINISTROS DE ESTADO, DIPUTADOS Y SENADORES, DE

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL

ESTABLECIDA EN LA LEY Nº 21.233

 

(Resolución)

 

Núm. 1.- Santiago, 26 de junio de 2020.
 
Vistos:
 
Lo establecido en la ley Nº 21.233, que modifica la Constitución Política de la República en

materia de determinación de remuneraciones de autoridades y funcionarios que indica; lo
regulado en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo establecido en el
decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834; el decreto ley Nº 249, de 1973, que
fija la Escala Única de Sueldos para el personal que señala; lo establecido en la ley Nº 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de
la Administración del Estado; lo regulado en el artículo vigésimo sexto y en el Título VI, de la
ley Nº 19.882; el decreto supremo Nº 417, de 11 de marzo de 2018, del Ministerio de Hacienda,
que nombra al Director Nacional del Servicio Civil y lo dispuesto en la resolución Nº 6, de 26 de
marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del
trámite de toma de razón de las materias de personal que se indican.

 
Considerando:
 
1. Que, mediante la reforma constitucional aprobada por medio de la ley Nº 21.233,

publicada en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2020, se introdujeron cambios en la
determinación de las remuneraciones de ciertas autoridades y funcionarios;

2. Que, el objetivo de la reforma constitucional fue cambiar el régimen de fijación de las

remuneraciones y dietas del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los
Senadores y Diputados, de los Gobernadores Regionales, los Subsecretarios, Delegados
Presidenciales Regionales, Delegados Presidenciales Provinciales, de los funcionarios de
exclusiva confianza del Presidente de la República y de los contratados sobre la base de
honorarios que asesoran directamente a las autoridades gubernativas indicadas;

3. Que, la reforma establece un régimen permanente y uno transitorio, cuyas diferencias son

las siguientes: el régimen permanente sólo permite fijar remuneraciones a dichas autoridades. El
régimen transitorio, en cambio, dispone fijar y rebajar remuneraciones.

Enseguida, el régimen permanente encarga la fijación de las remuneraciones a una

Comisión, cuyos miembros son designados por el Presidente de la República, con el acuerdo de
los dos tercios de los Senadores en ejercicio y siempre que reúnan las calidades de: ex Ministro
de Hacienda, ex Consejero del Banco Central, ex Contralor o Subcontralor, ex Presidente de una
de las ramas que integra el Congreso y ex Director Nacional del Servicio Civil. Por su parte, el
régimen transitorio encarga al Consejo de Alta Dirección Pública llevar a cabo la respectiva
fijación y rebaja.

 
 

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Asimismo, ambos regímenes se diferencian porque, en el permanente, la fijación dura

cuatro años y debe estar establecida, al menos, dieciocho meses antes del término del periodo
presidencial. El régimen transitorio, en cambio, estipula que el Consejo de la Alta Dirección
Pública fijará esa remuneración y establecerá su rebaja, por una sola vez, hasta que se adopte el
acuerdo por la Comisión externa del régimen permanente.

También es una diferencia el hecho que el régimen permanente establezca sólo un criterio

para la Comisión externa: establecer una remuneración que garantice una retribución adecuada a
las responsabilidades del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones. Por
su parte, el régimen transitorio mantiene ese criterio, pero establece algunos otros: “tener en
cuenta la Escala Única de Sueldos de la Administración del Estado”, tener “en especial
consideración la realidad económica del país” y “el análisis de política comparada”.

Otra diferencia es que, en el régimen permanente, la fijación se puede realizar por uno o

más acuerdos separados. La reforma habla de “los acuerdos”. En el régimen transitorio, por su
parte, hay dos etapas. De un lado, en los primeros treinta días siguientes a la publicación de la
reforma constitucional, el Consejo de la Alta Dirección Pública debe fijar y, por tanto, rebajar la
renta de los Ministros de Estado y de los Diputados y Senadores. Del otro, dentro de los noventa
días siguientes, debe hacerlo con las demás autoridades sometidas al nuevo sistema, incluyendo a
los Intendentes y Gobernadores. Si bien la fijación la puede hacer en forma separada, lo tiene que
hacer “por una sola vez”.

Finalmente se distinguen por el marco jurídico. El régimen permanente tiene como marco la

reforma constitucional y una ley orgánica constitucional que deberá regular el “funcionamiento,
organización, funciones y atribuciones” de la Comisión externa. En cambio, el régimen
transitorio tiene como marco de referencia sólo la Constitución. Implícitamente, sin embargo, al
ser el Consejo de Alta Dirección Pública un órgano de la Administración del Estado, tiene
también como marco referencial todo el resto del ordenamiento jurídico que sea compatible con
dicha reforma.

4. Que, dicho nuevo sistema de fijación de rentas altera el régimen que existía hasta la

actualidad. En efecto, por una parte, en éste los Diputados y Senadores perciben “como única
renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las
asignaciones que a éstos correspondan”. Por la otra, el resto de las autoridades sometidas al
nuevo sistema se rigen por la Escala Única de Sueldos. Como se sabe, ésta establece una
remuneración compuesta de dos variables: un sueldo base, que corresponde al grado jerárquico
que ocupa la autoridad y asignaciones legales. El cambio que introduce la reforma es que a todos
los cargos señalados en el artículo 38 bis ya no se les fijará su remuneración por ley, sino por un
acuerdo de este organismo externo, en el régimen permanente de la ley Nº 21.233 y por el
Consejo de la Alta Dirección Pública en el régimen transitorio. De ahí que la reforma modifique
las materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente, sacando de lo que es propio de ley
“fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones” de estas. Mientras, los Diputados y
Senadores, en el nuevo artículo 62, “percibirán como única renta una dieta equivalente a la
remuneración de un Ministro de Estado.”.

5. Que, entonces, en el régimen transitorio, es el Consejo de Alta Dirección Pública el que

debe fijar y rebajar las remuneraciones. Éste es un mandato que establece directamente una
norma constitucional, sin que el Consejo pueda resistirse a su cumplimiento, o considerar que
excede sus funciones habituales establecidas por el legislador.

6. Que, no obstante lo anterior, el mandato se aleja del propósito y funciones orgánicas

contenidas en el Título VI, de la ley Nº19.882, de 2003, el cual posiciona al Consejo de Alta
Dirección Pública como una entidad a cargo de la correcta implementación del Sistema de Alta
Dirección Pública, cuyo rol ha sido profesionalizar la dirección pública de órganos, servicios
públicos o unidades organizativas de éstos, cuyas funciones son predominantemente de ejecución
de políticas públicas y de provisión directa de servicios a la ciudadanía.

7. Que, es necesario subrayar, que el régimen que se establece en la ley Nº21.233 es

excepcional respecto de todo el aparato público. Éste seguirá rigiéndose por las reglas del
artículo 65, inciso 4º, de la Constitución Política de la República. Esto es, que “fijar, modificar,
conceder o aumentar remuneraciones”, es materia de ley, de iniciativa exclusiva del Presidente
de la República.

8. Que, lo anterior determina, a juicio de este Consejo, que sólo las autoridades

expresamente señaladas por la reforma constitucional, quedan sometidas a este régimen
transitorio. Ello se funda en que se trata de una regla que hace excepción al sistema general y en
que se trata de una normativa habilitante de tipo transitorio en que, por una sola vez, el Consejo
puede ejercer esta facultad.

9. Que, el mandato que se otorga al Consejo de Alta Dirección Pública es doble. Por una

parte, debe fijar, por una sola vez, las remuneraciones. Por la otra, debe reducir de la última

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remuneración percibida, el porcentaje que su estudio justifique. Ambos mandatos son
imperativos. La disposición constitucional señala que el Consejo “fijará” y “reducirá”.

10. Que, la rebaja que mandata realizar la disposición trigésimo octava transitoria es “la

última remuneración percibida”. De acuerdo a lo dictaminado en oficio Nº 10.344, de 2020, por
la Contraloría General de la República, los Ministros de Estado, Diputados y Senadores, tienen
como última remuneración percibida la suma de $9.349.853. Por lo señalado, la fijación ha sido
establecida en la propia reforma constitucional.

11. Que, por lo mismo, si bien ambos mandatos están diferenciados en la disposición

trigésimo octava transitoria, el primero, establecido en el inciso primero y el segundo, en el
inciso tercero, pueden perfectamente ejercerse simultáneamente. Sería absurdo fijar la
remuneración y luego, en otro acto, rebajarla. El principio de eficiencia y eficacia obliga a actuar
en ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº 18.575.

12. Que, por otra parte, la disposición trigésimo octava transitoria separa a las autoridades

en dos grupos, como ya se indicó. En el primer grupo, que es el que se regula en esta resolución,
quedan comprendidas las autoridades señaladas en el inciso primero, es decir: “los Ministros de
Estado” y “los Diputados y Senadores”.

13. Que, la disposición no señala ninguna otra autoridad o funcionarios que puedan ser

afectados por este mandato de fijación y rebaja remuneratoria. Hay que considerar, además, que
la remuneración para los funcionarios es un derecho, pues constituye la contraprestación a su
trabajo, conforme a los artículos 3 letra e) y 93 del Estatuto Administrativo, hoy contenido en el
DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834. También, no se puede deducir de la remuneración de los
funcionarios sino aquello que expresamente el ordenamiento jurídico indica, conforme a lo
dispuesto en el artículo 96 de la misma norma legal citada.

Por lo mismo, este Consejo no está habilitado para incluir a otras autoridades y funcionarios

en la fijación y rebaja. Éstas se siguen rigiendo por sus respectivos marcos jurídicos, sin que
pueda afectarles, en forma alguna, la rebaja que aquí se establece, ni directa ni indirectamente.

14. Que, la reforma constitucional es expresa en establecer parámetros o consideraciones

que debe tener en cuenta el Consejo para fijar en forma transitoria la reducción de dietas y
remuneraciones que su estudio justifique. Estas consideraciones son, a saber, la Escala Única de
Sueldos de la Administración del Estado, la realidad económica del país y el análisis de política
comparada. Al mismo tiempo, son aplicables los requisitos señalados para la Comisión
permanente, es decir, que la remuneración fijada garantice una retribución adecuada a la
responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones.

15. Que, el primer criterio que establece la disposición trigésimo octava transitoria para la

rebaja de la remuneración es tener en cuenta la Escala Única de Sueldos de la Administración
(EUS). Un análisis riguroso exige revisar los fundamentos, historia y estructura de la EUS,
creada en el DL Nº 249, de 1973, del Ministerio de Hacienda. Examinaremos para estos efectos
los principios de (a) jerarquía y responsabilidad, y (b) los valores remuneracionales asignados a
la estructura de grados.

 
(a) Respecto del principio de jerarquía y responsabilidad, la Escala Única de Sueldos resulta

un parámetro útil para la tarea encomendada a este Consejo. Al respecto, es importante recalcar
el sentido originario de la EUS, el cual fue evitar las distorsiones de gran magnitud que existían
entre las distintas entidades del sector público en el pago de rentas muy diferentes para un mismo
servicio, en ausencia de criterios de jerarquía y responsabilidad.

Para el caso de los servicios afectos a ella, conforme a las características del cargo, se

establece qué remuneraciones le corresponden, según la planta a la que pertenece el cargo -la que
puede ser de directivos, profesionales, técnicos o administrativos y auxiliares- para, enseguida,
según el grado asignado al cargo, proceder al cálculo de la remuneración respectiva. La
EUS considera 36 grados: desde el grado A hasta el grado 31. El grado A, corresponde al
Presidente de la República; el grado B, a los Ministros de Estado; el grado C, a Subsecretarios; el
1-A a Intendentes, y así sucesivamente, conforme con las definiciones establecidas en cada una
de las plantas de los servicios. A este efecto, la escala se estructura ordenadamente, donde los
subordinados no perciben remuneraciones más elevadas que sus respectivas jefaturas. Este
principio es considerado como variable al momento de determinar el porcentaje de rebaja de
cada remuneración.

(b) Habiendo dicho lo anterior, sin embargo, respecto de los valores remuneracionales

asignados a cada grado, la EUS se encuentra superada por la legislación posterior a su creación.
Para constituir la remuneración, al sueldo debe sumarse cualquier otro estipendio que el
empleado o funcionario tenga derecho a percibir en razón de su empleo o función, como las
asignaciones adicionales, establecidas por ley. Entre los años 1974 a 2003, se crearon al menos

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catorce (14) asignaciones que incrementaron de manera significativa las remuneraciones base
señaladas por EUS, entre ellas: Asignación Profesional (DL Nº 479, de 1974, complementado
por la ley Nº 19.185); Gastos de Representación (DL Nº 773, de 1974); Asignación de
Responsabilidad Superior (DL Nº 1.770, de 1977); Asignación especial (DL Nº 2.411, de 1978);
Incremento Previsional (DL Nº 3.501, de 1980); Asignación especial (DL Nº 3.551, de 1980);
Bonificación Compensatoria de Salud (Ley Nº 18.566, de 1986); Bonificación Compensatoria
(Ley Nº 18.675, de 1987); Asignación Única Tributable (Ley Nº 18.717, de 1988); Asignación
Sustitutiva (Ley Nº 19.185, de 1992); Asignación de modernización (Ley Nº 19.553, de 1998);
Asignación de Dirección Superior (Ley Nº 19.863, de 2003); Asignación de Alta Dirección
Pública (Ley Nº 19.882, de 2003), y Asignación por desempeño de funciones críticas (Ley Nº
19.882, de 2003).

 
Cabe señalar que Senadores y Diputados reciben como renta el equivalente a la

remuneración de un Ministro de Estado, incluida todas sus asignaciones. En base a los
incrementos que beneficiaron a estos últimos en las décadas previas, también se vieron
beneficiados los ingresos de Diputados y Senadores.

Finalmente, cabe señalar que -también con posterioridad al establecimiento de la EUS- se

han creado remuneraciones adicionales que benefician a instituciones o conjunto de instituciones
determinadas, tales como la correspondiente a los servicios del Ministerio de Hacienda como
beneficiarios de la asignación contemplada en el artículo 12º de la ley Nº19.041, asociado a la
recaudación tributaria anual; a los servicios de Salud, como beneficiarios de la asignación de
estímulo por experiencia y desempeño funcionario y asignación de estímulo a la función
directiva; la del Instituto de Salud Pública, como beneficiario de una asignación por dedicación
exclusiva para algunos cargos; la del Servicio de Registro Civil e Identificación, como
beneficiario de la asignación por calidad de satisfacción de trato al usuario; la de Tesorería
General de la República como beneficiaria de Asignación de estímulo por recaudación de deuda
morosa recuperada en cobranza; la de Gendarmería de Chile, como beneficiaria de la asignación
por turno y asignación de nivelación penitenciaria; la de la Dirección de Presupuestos,
beneficiaria de la asignación especial, homóloga a la asignación de fiscalización de los servicios
fiscalizadores; la del Servicio Agrícola y Ganadero, beneficiario de la asignación fito y
zoosanitaria, y la de los servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, beneficiarios de la
asignación especial de estímulo.

En conclusión, como ya se indicó, en la Escala Única de Sueldos, la remuneración está

vinculada a jerarquía, puesto que cada grado tiene asociado un sueldo base determinado, al que
se suman otras asignaciones. Pero, para los cargos que se incorporan a este nuevo sistema, la
jerarquía ya no es un criterio único. Por otra parte, la EUS resulta improcedente para establecer
valores remuneracionales en tanto, a poco tiempo de establecida, sucesivas y múltiples reformas
legales incorporaron asignaciones que incrementaron significativamente las remuneraciones
fijadas en ella.

16. Que, el segundo criterio establecido por la reforma constitucional es la realidad

económica del país.

En materia de crecimiento, desde una perspectiva de mediano plazo, se puede observar que

en promedio el crecimiento de nuestra economía ha mostrado desde el año 2014 signos de
debilitamiento. Luego de las protestas sociales de octubre del 2019 las proyecciones de
crecimiento entregadas por el Banco Central de Chile se han venido ajustando a la baja. Así,
mientras que en el Informe de Política Monetaria (IPOM) publicado en septiembre pasado las
proyecciones de crecimiento para el año 2019 eran entre un 2,25% y un 2,75% y para el 2020
entre un 2,75% y un 3,75%, el crecimiento del año pasado fue de sólo un 1%, mientras que las
proyecciones de crecimiento para el 2020 entregadas en enero descendieron a un rango entre
0,5% y 1,5%. A dichas proyecciones se suman ahora los efectos que han traído consigo las
medidas de contención a la propagación de la pandemia del Covid-19 y que, de acuerdo al último
IPOM de junio de 2020, se traducirán en una contracción de nuestra economía entre el -5,5% y
-7,5%. Para los años 2021 y 2022, el Banco Central estima que la economía se irá recuperando
paulatinamente, registrando crecimientos entre el 4,75% y 6,25% y 3% y 4%, respectivamente.

Por otra parte, la inflación bajó hasta el 2,8% anual, en mayo de 2020 y en el escenario

central, seguirá bajando hasta valores cercanos al 2% para el cierre de este año, proyectándose en
torno al 3% anual para el segundo trimestre de 2022. A su vez, el organismo autónomo indica
que se ha observado un aumento significativo en el desempleo y reducción de los ingresos.

En materia de pobreza y desigualdad, según las últimas cifras oficiales disponibles, la

encuesta CASEN (2017) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, analiza la pobreza por
ingresos y multidimensional. Respecto de la pobreza de ingresos, entre el 2006 y el 2017 se
observa una tendencia sostenida a la baja tanto para pobres extremos como para pobres no

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extremos, pasando de un 29,1% el año 2006 a un 8,6% el año 2017. Sobre la pobreza
multidimensional, medida desde 2009, ésta también se redujo desde un 27,4% el 2009 a un
20,7% el 2017. Sin embargo, los niveles de desigualdad en Chile siguen siendo elevados, a pesar
de una leve disminución observada durante esta década en la medición del coeficiente de Gini,
alcanzando un índice de 0,5 durante el año 2017. Se proyecta que para el año 2020 producto de
la crisis económica aumenten los niveles de pobreza.

Respecto de la política fiscal, el Gobierno se encuentra implementando una metodología de

“presupuesto base cero ajustada” para el presupuesto de la nación del año 2021, la que proyecta
una reducción agregada entre el 10% y el 20% del presupuesto destinado a la administración de
los servicios públicos. Al respecto, cabe hacer presente, que si bien el fisco enfrenta una severa
caída de sus ingresos para este año, el total de las remuneraciones de las autoridades afectadas
por esta reforma constitucional, sólo representan un 0,3% del gasto total en personal
contemplado en el subtítulo 21 de la ley de presupuesto aprobada por el Congreso en noviembre
del año pasado.

17. Que, el tercer criterio a considerar por el estudio de este Consejo es el análisis de

política comparada. Al respecto, es necesario distinguir al menos en tres niveles de análisis
comparado: (a) las remuneraciones de los Diputados y Senadores comparada con sus pares en los
países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y
Latinoamérica; (b) las remuneraciones de Ministros de Estado comparada con sus pares en países
de la OCDE y Latinoamérica; y (c) la relación entre las remuneraciones de Ministros de Estado y
Parlamentarios en países de la OCDE y Latinoamérica. Si bien las comparaciones internacionales
son valiosas, también deben analizarse con cautela, ya que pudieran omitir información
relevante, como por ejemplo, otros tipos de asignaciones o beneficios para determinadas
autoridades, así como el ejercicio de más de una función retribuida en el Estado.

 
(a) Respecto de las remuneraciones de los Diputados y Senadores en Chile, comparadas con

sus pares en países de la OCDE y Latinoamérica, cabe destacar que la comparación más
apropiada es entre Diputados o cámaras bajas, ya que las cámaras altas, en algunos casos,
cumplen con una función consejera más que legislativa y/o no son electas por sufragio universal
directo. Adicionalmente, en muchos casos las cámaras altas no cuentan con una dieta
propiamente tal. Dicho esto, conforme al estudio desarrollado por este Consejo, los Diputados en
Chile se encuentran en el tramo superior de las remuneraciones de los países de la OCDE y de
América Latina, usando diversas métricas como valores nominales en dólares y a paridad de
poder adquisitivo.

De los 50 países OCDE y de América Latina considerados para analizar las cámaras bajas,

solo Estados Unidos supera a Chile en dieta bruta nominal, es decir, sin asignaciones. El
promedio mensual de la dieta de Diputados de Chile alcanza los US$ 13.638, por sobre el
promedio OCDE (US$ 7.754) y de Latinoamérica (US$ 5.076).

Al considerar la totalidad de los montos que el Estado gasta mensualmente en forma directa

en cada Diputado, es decir, dieta más asignaciones, Chile se ubica en el segundo lugar de los 50
países, con un total mensual de US$ 33.356.

Al corregir los datos por paridad de poder adquisitivo -es decir, controlar por la diferencia

de los niveles de precios entre países-, Chile es el país con la dieta bruta mensual más alta entre
los países de la OCDE y de América Latina, con US$ PPA 23.355. A su vez, Chile es el país con
el mayor monto de asignaciones en US$ PPA de los 26 países con información disponible (US$
PPA 33.766). Esto implica que los montos totales destinados a cada Diputado (dieta más
asignación) en US$ PPA, son también los más altos de todos los países estudiados.

La dieta de los Diputados chilenos es 10,3 veces el PIB per cápita del país, ubicándose en el

6º puesto de los 50 países estudiados, siendo superado por cinco países latinoamericanos:
Honduras, Colombia, Nicaragua, Brasil y Bolivia. Al analizar todas las transferencias que
reciben los Diputados (dieta y asignaciones), Chile se ubica en el primer lugar de la lista, en
relación a la cantidad de veces que este monto supera al PIB per cápita.

(b) Respecto de la relación entre las remuneraciones de Ministros de Estado comparada con

sus pares en países de la OCDE y Latinoamérica, para este análisis, el Consejo tuvo en
consideración información oficial de 37 países, aunque cabe tener presente que los roles y
procesos de selección de los Ministros varían de acuerdo a las distintas formas de gobierno,
pudiendo estos tener, en algunos casos, mayores atribuciones o cargos.

Al analizar las remuneraciones brutas promedio de los Ministros de los distintos países,

Chile se ubica en el 13º lugar con US$ 13.638 al mes, por sobre el promedio latinoamericano
(US$ 5.568) y sólo dos lugares por sobre el promedio OCDE (US$ 13.102).

Sin embargo, al comparar utilizando la corrección por paridad de poder adquisitivo, es

decir, la consideración de las diferencias en los niveles de precios entre países, los Ministros

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chilenos son los segundos mejores pagados de los 37 países estudiados, con un promedio de
remuneraciones de US$ PPA 23.355, quedando debajo de Suiza y por sobre el promedio OCDE
(US$ PPA 14.675).

Por otro lado, la remuneración ministerial chilena es 10,3 veces el PIB per cápita anual del

país, encontrándose por debajo de Guatemala, Honduras y Perú. El promedio latinoamericano es
8,8 veces, mientras que el promedio OCDE es 3,9 veces el PIB per cápita anual promedio.

(c) Respecto de la relación entre las remuneraciones de Ministros de Estado y

Parlamentarios en países de la OCDE y Latinoamérica, la experiencia comparada demuestra,
como regla general, que los Ministros de Estado reciben en promedio una remuneración superior
a la de Diputados y Senadores en sus respectivos países. Así, del estudio desarrollado por este
Consejo en 37 países, se observó que en 26 de ellos los Ministros reciben una remuneración
superior a la de los Parlamentarios. En los países de la OCDE la remuneración de los Ministros
de Estado es, en promedio, un 41% superior a las dietas de Diputados, mientras que en
Latinoamérica los Ministros ganan en promedio un 9% más que los Diputados.
Complementariamente, en los sistemas unicamerales los Ministros perciben una remuneración un
61% más alta que los Parlamentarios, y a su vez, en los sistemas bicamerales, dicha diferencia es
de un 47% superior respecto de la cámara baja.

 
18. Que, finalmente, los criterios de la retribución adecuada para la responsabilidad del

cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones, significa que la rebaja de
remuneraciones debe permitir que estos principios no se vean afectados. Los Ministros toman
decisiones significativas en pos del interés general, que conforme a la Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley Nº 18.575), exige el
empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden
jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Ello se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder
público por parte de la autoridad; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de
ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la
administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de
sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, todo en
conformidad al artículo 53 de la norma citada.

Por su parte los Parlamentarios tienen la fundamental labor de legislar, representar los

intereses de la ciudadanía y, en el caso de los Diputados, de fiscalizar a otros poderes del Estado,
es decir, criticar, cuestionar, autorizar y/o reprender sus actos.

Este Consejo comprende que la calidad de la democracia exige representantes cercanos a

sus electores y conectados con sus necesidades en el territorio y que, al mismo tiempo, sean
remunerados en forma justa y apropiada a la responsabilidad de la fundamental tarea legislativa.
La remuneración debe permitirles dedicarse en forma exclusiva a dicha tarea, minimizando los
riesgos de captura y corrupción, para cumplir el fundamental principio de probidad e integridad
de la función pública, ampliamente refrendado por la historia de reformas al Estado impulsadas
desde el año 1990 a la fecha.

19. Que, el Consejo ha considerado pertinente incorporar otros elementos para su análisis, a

saber: (a) la evolución histórica de la dieta parlamentaria y las remuneraciones de Ministros de
Estado y su relación con los ingresos de los ocupados en Chile; (b) la crisis de confianza en las
instituciones, y (c) los principios que históricamente han guiado las reformas del Estado, en