PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Enero 26 de 2021

alimentos planteada en el presente auto, puesto que 

la urgente  necesidad de los alimentos, se acredita al 

solicitarlos a favor de su hija, quien goza de la presunción 

de necesitarlos, por lo cual no es necesario el desahogo 

de las testimoniales que propone en su solicitud 6).- 

Dada la celeridad en el presente asunto, en términos de 

los artículos 54 y 1379 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Campeche, se habilitan días y horas 

inhábiles para que la actuaria interina, diligencie en dicha 

temporalidad extraordinaria, las notificaciones personales 

que en su caso se ordenen.

7).- Con fundamento en el artículo 1378, penúltimo párrafo 

del Código Procesal Civil del Estado de Campeche, que a 

la letra dice:

“Art. 1378.-… En todo momento del procedimiento tendrán 

intervención  el  ministerio  público,  la  Procuraduría  de  la 

Defensa del Menor, la Mujer y la Familia y los organismos 

de asistencia pública o privada, cuando éstos últimos 

están legalmente facultados para ello…”

Sírvase  la  Actuaria  Interina,  notificar  al  Fiscal  de  la 

Adscripción, y al Auxiliar de la  Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que 

tengan intervención en el presente procedimiento.

8).-  En cumplimiento a lo que establecen los artículos 

16, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 113, fracción XI, 

y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 44, 113, fracción VII, y 123 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Campeche, se hace saber a los intervinientes 

en los procesos que se tramitan en este Juzgado, que 

los datos personales que existan en los expedientes y 

documentación relativa al mismo, se encuentran protegidos 

por ser información confidencial, y para permitir el acceso 

a esta información por diversas personas, se requiere que 

el procedimiento jurisdiccional haya causado ejecutoria, 

para no considerarse como información reservada, pero 

además obtener el consentimiento expreso de los titulares 

de estos datos, todo lo anterior sin perjuicio de lo que 

determine el Comité de Transparencia.

9).- Ahora bien, como sabemos, a partir de la reforma 

constitucional de junio de dos mil once, se estableció 

en nuestro país, un sistema de control difuso de 

constitucionalidad. Así se deprende del artículo primero 

constitucional, párrafo cuarto, que a la letra dice:

Art.  1º.-  “…Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley…” 

 

En el mismo tenor está el siguiente criterio federal que a 

la letra dice:

“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. 

LOS TRIBUNALES DE ALZADA ESTÁN OBLIGADOS 

A RESPONDER DENTRO DEL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LA 

VIOLACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. 

El  sistema  jurídico  mexicano  sufrió  modificación  a  raíz 

de la interpretación efectuada por la Suprema Corte de 

Justicia  de  la  Nación  en  el  expediente  varios  912/2010, 

publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, 

página 313. El modelo de control constitucional actual 

adoptó  junto  con  la  forma  concentrada  -propia  de  los 

tribunales de la Federación- la modalidad difusa. Ahora, 

cualquier órgano jurisdiccional del país puede, en ejercicio 

de su potestad y de manera oficiosa, inaplicar leyes que 

considere contrarias a la Constitución o a los tratados 

internacionales relacionados con los derechos humanos. 

Por tanto, aun cuando no puede hacer declaratorias 

de inconstitucionalidad y expulsar del ordenamiento 

normas  generales,  sí  puede  considerar  en  los  casos 

concretos  los  argumentos  donde  se  aduce  que  algún 

acto o norma vulnera esos derechos fundamentales. Esta 

consideración se adecua a los parámetros establecidos 

en  la  tesis  P.  LXVII/2011  (9a.),  consultable  en  la  página 

535 del Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, Décima 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO 

DE CONSTITUCIONALIDAD.”. Por tanto, actualmente 

ya  no  encuentra  respaldo  legal  la  respuesta  que  los 

tribunales de alzada dan a los agravios de apelación 

cuando sostienen que no pueden atender planteamientos 

relativos a la violación de preceptos constitucionales. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 166/2012. 

Martha Polett Cabrera Sánchez. 23 de mayo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de 

Alba. Secretario: Lucio Huesca Ballesteros.”

Es decir, que todas las autoridades en el ámbito de 

nuestras competencias, estamos obligados a implementar 

los mecanismos que fueran necesarios para salvaguardar 

los derechos humanos de los justiciables, en otras 

palabras, que si la legislación local no se adecua a estas 

garantías estamos obligados a realizar una interpretación 

conforme o no aplicarla.
La reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos ha introducido formalmente en 

el texto constitucional lo que se conoce como interpretación 

conforme. El segundo párrafo de dicho artículo establece: 

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 

los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia; 

por lo tanto, la interpretación de la ley sería la acción que 

consiste en formular el sentido objetivo de ésta.
Lo anterior va en concordancia con lo establecido en el 

artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho