PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 21

San Francisco de Campeche,

Cam., Enero 26 de 2021

259.  Los  precedentes  hasta  aquí  expuestos,  permiten 

dar  cuenta  de  que  la  noción  de  efectividad  del  recurso 

que emana del artículo 25 de la Convención Americana, 

tanto en su aspecto normativo como empírico, se asocia 

a la idoneidad del remedio para prevenir, detener, privar 

de efectos y reparar la afectación al derecho humano de 

que  se  trate.    Por  ello,  la  Corte  IDH  ha  concluido,  una 

y  otra  vez,  que  “la  inexistencia  de  un  recurso  efectivo 

contra las violaciones de los derechos reconocidos por la 

Convención Americana constituye una transgresión de la 

misma por el Estado Parte”.

El derecho a un recurso judicial efectivo y el desarrollo de 

mecanismos adecuados de ejecución de sentencias.

296. Tal como se destacara al puntualizar los alcances del 

artículo 25, la CADH postula la responsabilidad del Estado 

de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, 

así  como  la  de  asegurar  la  debida  aplicación  de  dicho 

recurso por parte de sus autoridades judiciales.  Ahora 

bien, esta obligación no culmina con la gestación de 

un  recurso  efectivo  que  redunde  en  el  desarrollo  de  un 

proceso  con  las  debidas  garantías,  sino  que  incluye 

el  deber  de  diseñar  e  implementar  mecanismos  que 

garanticen la efectiva ejecución de las sentencias que 

dicta el Poder Judicial de cada Estado.

Tampoco debemos dejar de atender lo señalado en: 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, una consideración primordial 

a  que  se  atenderá  será  el  interés  superior  del  niño.  2. 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño 

la  protección  y  el  cuidado  que  sean  necesarios  para  su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de 

él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

Artículo  4  Los  Estados  Partes  adoptarán  todas  las 

medidas  administrativas,  legislativas  y  de  otra  índole 

para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 

presente Convención. En lo que respecta a los derechos 

económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 

adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 

de  que  dispongan  y,  cuando  sea  necesario,  dentro  del 

marco de la cooperación internacional. 

Después de atender los estándares internacionales 

para hacer efectivo los recursos o procesos judiciales, 

nos corresponde establecer si los Procesos Orales de 

Alimentos establecidos en el Código de Procedimientos 

vigente en el Estado de Campeche cumplen con dichos 

lineamientos.

 

En primer lugar observamos que existen dos procesos, 

así lo dispone el:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1376.- Se tramitarán a través del procedimiento oral 

los siguientes asuntos: 

I.-La  fijación  y  aseguramiento  de  alimentos  cuando 

exista controversia entre las partes; II. Las solicitudes de 

alimentos cuando se requiera la intervención del juez sin 

que exista conflicto entre las partes;

Así mismo el citado Código sostiene:

Art. 1377.- Para decretar alimentos a favor de quien tenga 

derecho de exigirlos, se necesita:

I. 

Que se acredite el título en cuya virtud se piden, por 

lo que se deberá aportar el testamento, los documentos 

comprobantes de parentesco o de matrimonio o 

concubinato, o el convenio o la ejecutoria en que conste la 

obligación de dar. En caso de concubinato también podrán 

ofrecerse testigos, para acreditar el mismo; y

II. 

 II. Que se justifique, al menos aproximadamente, 

la capacidad económica del que deba darlos.

III. 

 En caso de las solicitudes señaladas en la fracción 

II del artículo anterior, el que solicita los alimentos tiene a 

su favor la presunción de necesitarlos. Por lo tanto, no se 

requiere prueba para acreditar la necesidad. 

IV. 

… 

Art. 1378.- El procedimiento oral se regirá bajo los principios 

procesales de inmediación, contradicción, continuidad, 

concentración  y  publicidad,  salvo  las  excepciones  que 

para éste último se establezcan expresamente en este 

título. El interés superior de los menores, que consiste en 

el respeto a todos sus derechos y garantías consignados 

en la Constitución Federal, los tratados internacionales 

y las leyes generales y estatales, son también principios 

rectores que el juez debe atender.

DEL PROCEDIMIENTO DE ALIMENTOS CUANDO 

EXISTA CONTROVERSIA Y DE PÉRDIDA DE LA 

PATRIA  POTESTAD  Nota:  Denominación  del  Capítulo  II 

modificada mediante Decreto No. 181 de la LX Legislatura 

publicado en el P.O. No. 5054 de fecha 13/agosto/2012.-

SECCIÓN PRIMERA GENERALIDADES

  Art.  1387.-  El  procedimiento  de  alimentos  cuando 

exista controversia y de pérdida de la patria potestad se 

desarrollará a través de audiencias orales sucesivas hasta 

su conclusión, las cuales serán denominadas: audiencia 

inicial, audiencia principal y audiencia incidental, en su 

caso. Nota: Reformado mediante Decreto No. 181 de la 

LX Legislatura publicado en el P.O. No. 5054 de fecha 13/

agosto/2012.-

Art. 1389.- Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar 

al demandado corriéndole traslado con copia de la misma 

y de los documentos acompañados, a fin de que dentro 

del plazo de tres días ocurra a producir su contestación. 

En el auto de admisión de la demanda, el juez:

En el procedimiento de alimentos cuando exista