PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 3

San Francisco de Campeche,

Cam., Febrero 19 de 2021

contenga los considerandos de la resolución emitida al respecto, lo anterior tomando en consideración que 

para imponer las sanciones correspondientes, el término de prescripción, empieza a contar a partir de que 

se tenga conocimiento de la comisión de la infracción o se presuma su existencia

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7.5. Que al momento de aplicar la sanción correspondiente se le solicita que tome en consideración que 

los 

CC. Rodolfo Pech Chí, Helfer Iván Coox Yah y Jesús Ortíz Tun, cuentan con antecedentes que 

lo involucran como responsables de violaciones a derechos humanos, el primero por 

Retención Ilegal y 

Violación a los derechos del niño, Empleo Arbitrario o Abusivo de la Fuerza por parte de Autoridad 

Policiaca, Retención Ilegal, Detención Arbitraria y Tortura, en los expedientes de queja números 

094/2008, 198/2011 y 181/2018, solicitándose   que al primero de los nombrados se le finque procedimiento 

disciplinario; al segundo por 

Violación a los derechos del niño, Empleo Arbitrario o Abusivo de la Fuerza 

por parte de Autoridad Policíaca, Retención Ilegal, Detención Arbitraria y, Detención Arbitraria, Falsa 

Acusación y Tortura, en los expedientes 232/2009, 294/2014 y 181/2018, se solicitó amonestación privada, 

procedimiento administrativo disciplinario y capacitación;  y al tercero por 

Detención Arbitraria y Falsa 

Acusación, Cateos y Visitas Domiciliarias Ilegales, y Tortura, en los expedientes 294/2014, 163/2007 y 

181/2018, se solicitó procedimiento administrativo disciplinario y capacitación.  

En el procedimiento administrativo que se lleve a cabo, al aplicar la sanción correspondiente se solicita que 

se tome en consideración lo siguiente:   

A) Que el C. Ramón Salazar Hessman, cuenta con antecedentes que lo involucra como responsable 

de violaciones a derechos humanos, consistentes en 

Deficiencia Administrativa  en  la  Prestación  de 

Servicio Médico y Ejercicio Indebido de la Función Pública, en los expedientes de quejas 186/2010 y 

181/2018.  

B) Que el C. Arturo Salinas San José, cuenta con antecedentes que lo involucra como responsable 

de violaciones a derechos humanos, consistentes en

 Ejercicio Indebido de la Función Pública, en el 

expediente de queja 

181/2018.  

C) Que el C. Santiago Guzmán Vázquez, cuenta con antecedentes que lo involucra como responsable 

de violaciones a derechos humanos, consistentes en

 Ejercicio Indebido de la Función Pública, en el 

expediente de queja 

181/2018.  

D) Que el C. Adonay Medica Can, cuenta con antecedentes que lo involucra como responsable de violaciones 

a derechos humanos, consistentes en

 Ejercicio Indebido de la Función Pública, en el expediente de queja 

181/2018.  

E) Que el C. Carlos A. Rosado Estrada, cuenta con antecedentes que lo involucra como responsable 

de violaciones a derechos humanos, consistentes en 

Ejercicio Indebido de la Función Pública, en el 

expediente de queja 

181/2018.  

F) Que la C. Bárbara Ramírez Vargas, cuenta con antecedentes que lo involucra como responsable 

de violaciones a derechos humanos, consistentes en 

Ejercicio Indebido de la Función Pública, en el 

expediente de queja 

181/2018.  

Por consiguiente, por ser todos ellos reincidentes de haber vulnerados los derechos humanos de los 

agraviados, obviamente la sanción que se les impongan debe ser superior a las que se les hayan impuesto 

con anterioridad, acorde a lo que la propia normatividad establece.  

7.6. Que se realice un diagnóstico sobre la existencia y estado del sistema de video de vigilancia, en el que 

se monitorea el interior de las áreas de detención y agencias del ministerio público.   

7.7. Que se realicen todas las acciones necesarias a su alcance para dotar de cámara a las “oficinas“ foráneas 

que no cuenten con dicho sistema, en los lugares de detención para efectos de deslindar responsabilidad.   

7.8. Que con base a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Jurisprudencial 

 Lo anterior, con fundamento en el artículo 83 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche, el cual establece que el término de prescripción empieza a computarse a partir del día siguiente a la fecha en 

que se tenga conocimiento de la comisión de la infracción o se presuma su existencia.