PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Febrero 19 de 2021

1ª. LVII/2015 (10ª)

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, respecto a que la investigación de posibles actos de Tortura o Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, este Organismo, le solicita se instruya al Director General de Fiscalías para 

que de forma imparcial, independiente y minuciosa, 

integre y resuelva la Carpeta de Investigación AC-

2-2017-4800 iniciada en agravio de Domingo Arreola Alcauter y otros, por el delito de Tortura, misma que 

fue acumulada al acta circunstanciada 

AC-2-2016-11873, donde se garanticen los derechos humanos de 

las partes involucradas,  y se determine conforme a derecho la responsabilidad de los servidores públicos, 

agentes que intervinieron en los hechos como partícipes y encubridores, los cuales quedaron señalados en 

la presente Recomendación, así como todos aquellos que por su encargo tuvieron a su disposición material 

a Domingo Arreola Alcauter. 

7.9. Que de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley que Establece el Sistema de Justicia para 

las Víctimas del Estado de Campeche, como medida de rehabilitación, se deberá brindar a Domingo Arreola 

Alcauter, en el caso de que la requiera, atención psicológica, la cual deberá ser proporcionada por personal 

profesional especializado y prestarse de forma continua hasta su sanación psíquica y emocional, atendiendo 

a su edad, su condición de salud física y emocional. Esta atención, deberá brindarse gratuitamente, de 

forma inmediata y en un lugar accesible, brindando información previa, clara y suficiente, en virtud de los 

acontecimientos de los que fue víctima, le ocasionaron secuelas, tal y como se concluyó en el dictamen del 

“Protocolo de Estambul”, que obra acumulado en autos.   

7.10. Que la compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o inmaterial. En el presente 

caso deberá realizarse la reparación integral del daño a Domingo Arreola Alcauter, en los términos de la 

Ley General de Víctimas y la Ley que establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de 

Campeche, por los hechos imputados a los elementos de la Policía Ministerial Investigadora, y quien resulte 

responsable.  

7.1.1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 45, segundo párrafo de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Campeche en vigor, se solicita que la respuesta sobre la aceptación 

de esta Recomendación sea informada a esta Comisión dentro del término de 

5 días hábiles, contados al 

día siguiente de su notificación y que, en su caso, las pruebas correspondientes a su cumplimiento sean 

enviadas dentro de los 

25 días adicionalesHaciendo de su conocimiento que este documento es 

integral en todas sus partes, cuya aceptación implica el cumplimiento de cada uno de sus puntos 

resolutivos.  

7.1.2. Que esta Recomendación acorde a lo que establecen los artículos 102, apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Campeche, tiene el carácter de pública y no pretende en modo alguno, desacreditar a las instituciones, 

ni constituye una afrenta a las misma o a sus Titulares, sino que, por el contrario deben ser concebidas 

como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los estados de derecho para lograr 

su fortalecimiento, a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y funcionarios 

ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que aquellas 

y éstas sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto a los 

derechos humanos. 

7.1.3. Que en caso que la Recomendación no sea aceptada o cumplida, conforme a lo estipulado en los 

artículos 102, apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 20 TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA DE REALIZAR SU INVESTIGACIÓN. La 

investigación de posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes debe realizarse de oficio y de forma inmediata; 

además será imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de: i) determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; 

ii) identificar a los responsables; e iii) iniciar su procesamiento. Ahora bien, corresponde a las autoridades judiciales garantizar los 

derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura 

alegados; de ahí que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar 

asistencia a los detenidos, de forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas 

establecidas en la práctica de su profesión. Así, cuando una persona alega dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido 

obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia, a través 

de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia, para lo cual, la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo coacción 

(incluyendo tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), constituye un medio necesario para desincentivar el uso de 

cualquier modalidad de coacción, donde la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido 

argumentar que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla, sino que será el Estado quien deba demostrar que 

la confesión fue voluntaria. Tesis 1ª. LVII/2015 (10ª). Seminario Judicial de la Federación. Décima Época. Registro 2008505, primera 

sala,. 20 de febrero de 2015. Tesis aislada.