PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 25

San Francisco de Campeche,

Cam., Febrero 19 de 2021

bien, resulta necesario aludir que aunque de la literalidad  

del artículo 134 ibídem se produce la apariencia de 

adoptar la teoría del vencimiento, para condenar a la 

contraria al pago de gastos y costas, cierto es que las 

hipótesis planteadas en dicho precepto sólo constituyen 

presunciones legales acerca de la temeridad o mala fe 

en la conducta procesal de quienes se ubican en esos 

supuestos, los cuales admiten prueba en contrario, por 

lo que, si no obstante haberse verificado alguna de las 

hipótesis, de las constancias de autos se obtiene prueba 

suficiente de la inexistencia de temeridad o mala fe del 

sujeto procesal, la presunción se destruye y no procede 

condenar al pago de gastos y costas judiciales, es 

decir, no basta promover un juicio, hacer promociones, 

oponer excepciones o defensas, o interponer incidentes 

o recursos, que resulten improcedente, para considerar 

que el litigante obró con temeridad o mala fe, sino que 

el juzgador debe examinar si ese juicio se promovió por 

quien sostiene una pretensión injusta a sabiendas de que 

lo es, si las promociones, pruebas o recursos intentados 

son inconducentes o se ha faltado a la verdad, o si con las 

excepciones o defensas se tuvo el deliberado propósito 

de entorpecer o dilatar el procedimiento; esto es, no debe 

examinarse el hecho en sí, sino la intención del litigante 

para determinar si obró con el propósito de entorpecer  

la pronta y expedita administración de la justicia. Resulta 

aplicable el siguiente criterio federal, de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, novena época:    

“COSTAS. LOS SUPUESTOS DE CONDENA FORZOSA 

CONSTITUYEN ACTUALMENTE PRESUNCIONES 

IURIS TANTUM DE TEMERIDAD O MALA FE 

(LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).

La interpretación de los artículos 139 y 140 del Código 

de Procedimientos Civiles, y el artículo 126 de la Ley 

Orgánica  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Distrito 

Federal evidencia que, los supuestos previstos en el 

segundo de los artículos citados, para la condenación 

forzosa en costas, constituyen verdaderas presunciones 

legales acerca de la temeridad o mala fe en la conducta 

procesal de quienes se ubican en tales supuestos, que 

admiten prueba en contrario, por lo cual, si no obstante 

haberse  verificado  alguno  de  ellos,  de  las  constancias 

de autos se obtiene prueba suficiente de la inexistencia 

de temeridad o mala fe del sujeto procesal, la presunción 

se destruye y no procede condenar al pago de gastos y 

costas judiciales. Lo anterior porque, por lo menos, a partir 

de la vigencia del nuevo artículo 126 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

el legislador se inclinó por la teoría de la temeridad y 

mala fe, como regla general o principio rector, al definir 

a las costas como la sanción impuesta a los litigantes, 

cuando éstos actúan de mala fe, con falsedad o sin 

derecho, con lo cual se constituyen en responsables del 

pago de costas, quienes actúen de esa manera, y esa 

situación obliga a interpretar al artículo 140 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para 

armonizar el supuesto de condena en costas, relativo a 

cuando así lo prevenga expresamente la ley, pues aunque 

su literalidad produce la apariencia de adoptar la teoría 

del vencimiento con algunas modalidades, al acudir a la 

explicación racional o razón de ser de esos supuestos 

específicos,  en  aplicación  al  principio  del  postulado  del 

legislador racional, se desprende claramente que éste 

partió de lo observado en la experiencia de la vida, y 

recogió en la ley las situaciones reiteradas en la práctica 

judicial, reveladoras de una conducta temeraria o de 

mala  fe,  para  establecer  la  condena  forzosa,  dándole 

el carácter de presunción legal. Así, la primera fracción 

sanciona a quien, sin justificación alguna, acude a instar 

al órgano jurisdiccional, o bien, a quien contesta la 

demanda llevada en su contra, oponiéndose a ella, sin 

tener ningún elemento demostrativo de sus pretensiones, 

de lo cual se infiere su temeridad. La segunda fracción 

castiga la mala fe de quien, a través de medios 

artificiosos,  como  documentos  falsos  o  testigos  falsos 

o sobornados, pretende conseguir el derecho en juicio. 

La presunción en el tercer rubro resulta de su propia 

naturaleza, pues se parte de la base de que los derechos 

derivados de un título ejecutivo son de fácil comprensión 

y conocimiento, así como los pagos de su contenido, 

de modo que si el documento exhibido no tiene el 

carácter  de  título  ejecutivo  o  si  el  demandado  opone  y 

prueba excepciones que conduzcan a la absolución, o 

si el demandado se opone infructuosamente a un título 

ejecutivo y sale condenado, estas actitudes evidencian 

la temeridad o mala fe, y esto se corrobora con los 

perjuicios que puede acarrear esta clase de juicios. En 

las fracciones quinta y sexta, se presume igualmente la 

temeridad o mala fe del litigante, al acudir a instrumentos 

jurídicos sin tener razón alguna, con la intención de dilatar 

un procedimiento, cuando es de sentido común que esos 

medios impugnativos no pueden prosperar. En relación 

con la fracción cuarta, se infiere la temeridad o mala fe 

del litigante, de la conjunción de condenas iguales en dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva  considerándola  evidencia  de  que  la  solución 

jurídica del litigio se encontraba clara en la ley, desde 

antes de plantearse a los Jueces, ante la coincidencia 

total de los criterios de los tribunales de ambas instancias, 

de modo que la sujeción a la jurisdicción sólo puede 

resultar de la temeridad o mala fe de la parte condenada. 

Dichas presunciones legales deben considerarse iuris 

tantum, por ser la regla general, mientras las iuris et de 

iure necesitan de disposición expresa en ese sentido, o 

bien, de la existencia de los elementos que condujeran a 

sostener que este tipo de supuestos no admiten prueba 

en contrario, porque son de derecho y por derecho, lo cual 

no ocurre en las previstas en el invocado artículo 140. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 244/2007. 

María Magdalena Álvarez Ochoa viuda de Franco. 10 de 

mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel 

Castillo  González.  Secretaria:  Beatriz  Claudia  Zavala