Victoria, Tam., jueves 29 de abril de 2021 

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Para efectos del párrafo anterior, las autoridades administrativas, las fiscalías, los poderes judiciales federales y 
locales celebrarán convenios de colaboración con las entidades públicas para garantizar la efectiva protección de 
las mujeres y las niñas conforme a los principios rectores de las órdenes de protección. 

Durante los primeros seis días posteriores a la implementación de las órdenes, la autoridad que la emitió 
mantendrá contacto directo con la mujer víctima de violencia cada 24 horas. A partir del séptimo día, se 
establecerá un plan de seguimiento personalizado, de acuerdo a las circunstancias, la valoración del riesgo y el 
avance en la carpeta de investigación. 

ARTÍCULO 34 Ter.- Las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos, 
podrán consistir en una o varias de las siguientes: 

I. El traslado de las víctimas a donde se requiera, cuantas veces sea necesario en las diferentes diligencias para 
garantizar su seguridad y protección; 

II. Custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los cuerpos policiacos adscritos a la 
Fiscalía General de la República o las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas, según corresponda. 
En caso de que no exista disponibilidad podrá apoyarse en las instituciones de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobierno. 

Esta medida se aplicará bajo la más estricta responsabilidad del Ministerio Público; 

III. Proporcionar a las mujeres, o las niñas, en situación de violencia y en su caso a sus hijas e hijos o personas 
que dependan de la víctima, alojamiento temporal en espacios seguros tales como casas de emergencia, 
refugios y albergues que garanticen su seguridad y dignidad, en términos de las disposiciones aplicables de esta 
ley; 

IV. Proporcionar los recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, 
comunicación, mudanza y los trámites oficiales que requiera entre otros; 

V. Canalizar y trasladar sin demora alguna a las mujeres, o las niñas, en situación de violencia sexual a las 
instituciones que integran el sistema nacional de salud para que provean gratuitamente y de manera inmediata 
los servicios de: 

a) Aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición; 

b) Anticoncepción de emergencia, y 

c) Interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de violación; 

VI. Proveer los recursos y herramientas necesarias para garantizar la seguridad y acondicionamiento de vivienda; 

VII. Los demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, para la mujer y en su caso sus hijas e hijos 
mientras se encuentre imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios; 

VIII. Facilitar a la mujer o la niña, y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia, la reubicación de 
domicilio, residencia o del centro educativo. Tratándose de niñas víctimas de violencia, la autoridad en todo 
momento ponderará su interés superior, siendo la remisión a instituciones públicas de acogida la última opción y 
por el menor tiempo posible; 

IX. Prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, al lugar 
de trabajo, de estudios, o cualquier otro que frecuente la víctima directa o víctimas indirectas; 

X. Reingreso de la mujer y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia al domicilio, una vez que se 
salvaguarde su seguridad, en caso de que así lo desee. 

Para el cumplimiento de esta orden se garantizará el acompañamiento, del Ministerio Público y del personal de la 
policía ministerial, a la mujer en situación de violencia para acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro, con el 
propósito de recuperar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos, en cualquier caso, podrá ser 
acompañada de una persona de su confianza. 

En caso de que no haya personal ministerial disponible, el acompañamiento será a cargo de personal de 
cualquier institución de seguridad pública que garantice la seguridad de la mujer; 

XI. Protección policíaca permanente a la mujer, o la niña, así como a su familia; 

XII. Protección por seguridad privada, en los casos que sea necesario; 

XIII. Utilización de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, o niñas, en situación 
de violencia; así como a las víctimas indirectas y testigos. Entre las que pueden encontrarse proporcionar un 
teléfono móvil con contacto directo para brindar auxilio policial, entre otros; 

XIV. Solicitud a la autoridad judicial competente, la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de 
visitas y convivencia con sus descendientes; 

XV. Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad a la mujer en situación 
de violencia, o niña, y en su caso, a sus hijas e hijos;