Periódico Oficial 

Victoria, Tam., jueves 29 de abril de 2021

 

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XVI. La prohibición a la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona, con la 
mujer en situación de violencia y, en su caso, de sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas; 

XVII. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por si, por cualquier medio o interpósita persona, a 
la mujer en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas o testigos de los 
hechos o cualquier otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho; 

XVIII.  Resguardar las armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir a la mujer, o niña, en 
situación de violencia; 

XIX.  Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, para garantizar las obligaciones alimentarias, la 
elaboración de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio, el cual deberá 
inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, y 

XX. Además de los anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y 
la vida de la mujer o la niña en situación de violencia. 

Las órdenes de protección señaladas en este artículo podrán ser ampliadas o modificadas por la autoridad 
administrativa, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente, siempre procurando la mayor 
protección de la víctima. 

ARTÍCULO 34 Quáter.- Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros 
ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones: 

I. La reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que a la persona agresora 
o su familia puedan ubicar a la víctima; 

II. El uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo de la persona agresora con la 
víctima; 

III. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y en su caso, de sus 
hijas e hijos; 

IV. Medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información y la 
comunicación, imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus 
familiares. Tratándose de niñas hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que permitan su 
identificación; 

V. Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio, permanente o temporal de la mujer, o la niña, en 
situación de violencia, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente; 

VI. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; 

VII. La desocupación por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso 
el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad; 

VIII. Obligación alimentaria provisional e inmediata; 

IX.  La notificación al superior jerárquico inmediato, cuando la persona agresora sea servidora pública y en el 
ejercicio de su cargo, comisión o servicio, se le involucre en un hecho de violencia contra las mujeres. 

Esta orden será emitida en todos los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, 
militares o de seguridad, ya sea corporaciones públicas o privadas; 

X. La obligación de la persona agresora de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
orden; 

XI. La colocación de localizadores electrónicos, previo consentimiento de la persona agresora; 

XII. La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que fije el 
juez o la jueza, y 

XIII. Las demás que se requieran para brindar una protección a la víctima. 

ARTÍCULO 34 Quinquies.- Las autoridades competentes deberán de establecer los lineamientos básicos para 
la implementación de las órdenes de protección en coordinación con las instancias responsables de atenderlas e 
implementarlas. 

En los casos donde presuntamente exista conexidad con delitos de competencia federal, las órdenes de 
protección deberán ser otorgadas por la Fiscalía General de la República y en caso de que lo amerite por una 
jueza o juez federal. 

ARTÍCULO 34 Sexies.- La tramitación y otorgamiento de una orden de protección podrá contener una o varias 
medidas, atendiendo al principio de integralidad. No se necesita una orden para cada medida, una sola orden de 
protección podrá concentrar el número de medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de la 
mujer en situación de violencia y en su caso de las víctimas indirectas.