PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 33

San Francisco de Campeche,

Cam., Marzo 30 de 2021

designa al Dr. Sergio Escalante Sanchez, para emitir la 

opinión técnica, en sustitución del Dr. Arturo Salinas San 

José.-

Con el escrito del M. EN C. JORGE RAÚL MINAYA 

RAMOS,  de  fecha  05  de  marzo  de  2021,  por  medio 

del cual informa que no podrá asistir a la audiencia de 

ratificación  el  día  10  de  marzo  del  presente  año,  toda 

vez  que  acudirá  a  una  audiencia  a  la  H.  Junta  Local 

de Conciliación y Arbitraje del estado de Campeche, 

diligencia que le fue notificado con antelación a la fijada 

por este juzgado. 

Seguido con los 14 escritos presentados por el indiciado 

EDGAR JAVIER FLORES VERA, los dias 8 y 23 de 

febrero  y  3  de  marzo,  todos  del  2021,  los  cuales  se 

precisan a continuación: 

I.- Primer escrito: 

Solicita hacer lo conducente en cuanto a los estudios 

relativos al protocolo de Estambul, sean completados 

ya  que  solo  se  llevo  a  cabo  la  parte  medica,  refiriendo 

que es muy cierto, que se negó en un principio como la 

Usía hace mención en uno de sus proveídos, señalando 

que solo se escribió lo que a sus fines le conviene a esta 

autoridad, puesto que omitió exponer en su proveído 

las  razones  por  las  cuales  se  negó  a  ser  revisado  por 

médicos de la PGJE, toda vez que son profesionistas sin 

ética ni profesionalismo. 

Asimismo refiere que desde marzo del 2009 ha denunciado 

la tortura que recibió y a 12 años aun no termina, también 

refiere que esta autoridad ignora a todas luces el mandato 

constitucional que consta en artículo 17 de nuestra carta 

magna es totalmente ignorado, señalando el acusado 

que por ningún lado percibe el derecho que se administre 

JUSTICIA,  como  es  posible  que  se  le  juzgue  con  el 

proceso en donde existe: manipulación de evidencias, 

falsedad  de  documentación,  firmas  falsas,  horarios 

no coinciden, tortura, malos tratos, esto por parte de 

quien procura justicia y acciones inconstitucionalidades, 

omisión procesal, falta de respeto al código penal del 

estado, falta de legalidad, la inseguridad jurídica, etc…. 

por parte de quien imparte justicia.

II.- Segundo escrito:

En cuanto a su segundo escrito solicita se le  expidan 

copias simples de: 

1. 

Declaración de Elodia Silva

2. 

Denuncia de hechos de Elodia Silva

3. 

Cadena de custodia de la cartera encontrada por los 

agentes de la PFC

4. 

Oficio de libertad por el delito de cohecho

Todas y cada una de las diligencias llevadas a cabo del 

4 de febrero al 02 de marzo del año 2009.

III.- Tercer escrito:

En el tercer escrito el acusado EDGAR JAVIER FLORES 

VERA, exige seguridad y certeza jurídica ante la clara y 

enorme acción violatoria de diversos derechos humanos 

que le fue impuesta en el mes de febrero del 2009, 

cuando este juzgado ordeno su arraigo domiciliario, esto 

a petición del ministerio público del fuero común por el 

delito  de  cohecho  (infundado)    arraigo  que  se  llevo  a 

cabo en el cuarto de la posada Francis en la ciudad de 

Campeche y durante el tiempo que duro este arraigo 

todas las noches fue encadenado a la cabecera de la 

cama durmiendo sentado sobre la cama o acostado con el 

brazo en alto, asimismo refiere el acusado que la reforma 

constitucional  del 18 de junio del 2008 establece en el 

articulo 16 la procedencia del arraigo tratándose de delitos 

de delincuencia organizada, no modifica la competencia 

federal para emitir órdenes de arraigo, ni permite que 

los ministerios públicos del fuero común  ni faculta a los 

jueces locales para autorizar ordenes de arraigo (menos 

por  cohecho)  luego  entonces    este  juzgado  al  haber 

emitido una orden de arraigo en febrero del 2009 es obvio 

que está actuando a contrario sensu, dicho de otra forma 

le importa un bledo los mandatos constitucionales es una 

autoridad que actúa en contravención a lo ya dispuesto 

en la carta magna y una actuación de esta magnitud 

en un estado de Derecho es ilegal, por tanto, no puede 

producir ningún efecto jurídico en contra de su persona, 

esto según la tesis sustentada por la 2da Sala SCJN pág. 

429 tomo XIV oct. 2001 novena época Semanario Judicial 

de la Federación: “AUTORIDADES INCOMPETENTES. 

Sus actos no producen efecto alguno..” luego entonces 

este acto de inconstitucionalidad ya causo un efecto físico 

en mi persona, pero no debe producir efecto jurídico 

alguno, luego entonces, haciendo un enlace lógico-

jurídico del arraigo decretado en mi persona por autoridad 

incompetente y lo obtenido durante el tiempo que estuve 

arraigado, siendo que el C. Avilés Tun ordeno un arraigo 

por 30 días a fin de que el titular de la acción penal pueda 

reunir todos los elementos de prueba necesaria para 

la comprobación del cuerpo del delito y de mi probable 

responsabilidad, es decir, en un acto de coadyuvancia y 

ayuda mutua el juez Avilés Tun, como buen campechano 

ordena que primero se le detenga para que en 30 días 

ser  investigado,  según  propio  oficio  numero  1613/08-

2009/1PI de fecha 4 de febrero de 2009, pero como en 

un estado de derecho y seguridad jurídica las pruebas 

obtenidas  por  este  acto  ilegal  del  juzgado  1PI,    puesto 

que un juez local no está facultado para emitir orden de 

arraigo y mecho menos un ministerio público del fuero 

común debe solicitarla, estos funcionarios y servidores 

públicos actuaron en contra de lo establecido por nuestra 

Carta Magna siendo la acción de estos servidores 

públicos totalmente fuera de todo margen legitimo, es