PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 21

San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 7 de 2021

 “EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. El objeto de la 

primera  notificación,  es  hacer  saber  al  demandado  los 

motivos de la demanda para que pueda defenderse y 

no  basta  la  afirmación  del  actor  sobre  la  ignorancia  del 

domicilio de la parte reo, para que el allanamiento a juicio 

se efectúe por edictos, pues en todo caso, es indispensable 

demostrar que se llevaron a cabo gestiones para tratar 

de averiguarlo, en ausencia de ellas no debe practicarse 

por  medio  de  publicaciones  en  el  periódico  oficial,  ya 

que esto retraería como consecuencia la ilegalidad del 

emplazamiento. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 214/93. 

Celestina Parra Silva. 17 de agosto de 1993, Unanimidad 

de votos. Ponentes: Raúl Díaz Infante Aranda. Secretario: 

Rigoberto  F. González Torres. Octava Época Instancia 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: XII, Noviembre de 1993 Página: 349”. 

En ese contexto legal, a fin de no violentar las garantías 

del actor a ejercer su derecho y de la parte demandada 

a defenderse, se tiene por acreditada la ignorancia del 

domicilio de LETICIA TRUJILLO HERNANDEZ.

4).- Ahora bien da do lo expuesto en el parrafo que 

antecede, de conformidad con el artículo 106 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, y para efecto de no 

vulnerar su derecho de audiencia de la hoy demandada, 

así como el de acceso a la Justicia, por lo que hecha 

esta salvedad, NOTIFIQUESE a LETICIA TRUJILLO 

HERNANDEZ, del proveído de fecha treinta de mayo de 

dos mil diecinueve, publicándose el mismo por tres veces 

en el lapso de quince días en el Periódico Oficial del Estado, 

mismo proveído que a la letra dice:

”…JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 

ESTADO. CASA DE JUSTICIA. SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMP., A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE.-

VISTOS: El estado que guardan los presentes autos y 

oficios  señalados  líneas  arriba,  en  consecuencia  de  lo 

anterior; SE PROVEE: 

1).-  Acumúlese  a  los  presentes  autos  los  oficios  de 

referencia, para los efectos legales a que haya lugar y obre 

conforme a derecho corresponda, de acuerdo al numeral 

72 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado en vigor. 

2).  En  virtud  de  que  en  el  oficio  remitido  por  la  MAFH 

Marycarmen Martínez Cazarola, Gerente de Área 

Campeche, Telmex, señaló domicilio en donde puede ser 

notificado  la  parte  demandada;  ante  al  circunstancia  y 

toda vez que el domicilio de la ciudadana Leticia Trujillo 

Hernández, se encuentra en Villahermosa, Tabasco; se 

procede a dictar la siguiente resolución relativo al JUICIO 

ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 

DE CAUSA PROMOVIDO POR EL CIUDADANO JOSE 

ENRIQUE GARCÍA ARA. 

3).- Ahora bien, en cuanto a la solicitud de divorcio planteado 

por el ciudadano José Enrique García Ara, tenemos que el 

párrafo cuarto del artículo primero constitucional, a la letra 

dice:  

Art. 1º.

“…Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley…” 

Esto  significa  que  todas  las  autoridades  en  el  ámbito  de 

nuestras competencias, estamos obligados a implementar 

los mecanismos que fueran necesarios para salvaguardar 

los  derechos  humanos  de  los  ciudadanos,  esto  significa, 

que si la legislación local no se adecua a estas garantías 

estamos obligados a no aplicarla.

En efecto, nuestros Códigos Sustantivo y Adjetivo Civil 

vulneran las garantías de que se consagran en el derechos 

a la libertad y el derecho a la vida Privada, por tal motivo ante 

la expresión de voluntad de disolver el vínculo matrimonial 

en atención a estas garantías esta autoridad no tiene 

porqué calificar ni investigar las causas que le llevaron a 

tomar tal determinación,  ya que el ciudadano José Enrique 

García Ara, no requiere justificar causal alguna para que 

este vínculo sea disuelto, pues basta que una de las partes 

desee la disolución para que esta se conceda. 

Esto es así, en virtud del derecho humano que tienen 

todas las personas  a elegir la forma de vida que mejor 

convenga,  con  el  fin  de  conseguir  el  medio  ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar, de tal suerte 

que es constitucionalmente válido el resolver un problema 

existente en la práctica judicial, como lo es una controversia 

de divorcio que comprende varias etapas procesales, 

desahogo de pruebas, etc., que invaden la intimidad y 

dañan profundamente a las personas integrantes de una 

familia, en su integridad y estabilidad física, emocional y 

económica, valores que se encuentran por encima de la 

subsistencia forzosa del vínculo matrimonial. 

Tampoco hay que dejar de observar que una de la 

obligaciones del Estado es proteger la integridad física 

y psicológica de sus ciudadanos,  mediante la ley y que 

el modo de concebir las relaciones de pareja en nuestra 

sociedad ha variado, por lo tanto, la problemática legal 

corre a cargo de los Poderes Judiciales, mediante la 

implementación de procesos más ágiles y menos dañinos 

para las familias, teniendo en cuenta que los jueces locales 

se han convertido en Juez de Convencionalidad, por lo que 

ante la negativa de actuar se incurriría en responsabilidad