PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 7 de 2021

del  Estado  Mexicano,  tal  y  como  lo  refiere  el  siguiente 

criterio federal que dice:

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. ES 

PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA 

RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

QUE NO DA CURSO O NIEGA ADMITIR LA DEMANDA O 

SOLICITUD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículo 

723, fracción I y 727, ambos del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, se advierte que en contra 

de la resolución del Juez de primera instancia que no da 

curso o niega admitir una demanda o solicitud de divorcio 

sin expresión de causa, procede el recurso de queja como 

instrumento de carácter procesal para revisar la legalidad 

de dicho proveído, sin que ello pugne con lo dispuesto en 

el numeral citado el último término en cuanto prevé que 

este medio de impugnación procede sólo en las causas 

apelables puesto que, si bien es cierto el artículo 685 Bis 

del código adjetivo invocado prevé que la determinación 

que resuelve la disolución del vínculo matrimonial es 

inapelable, también lo es que ha sido criterio de esta 

Primera Sala que las resoluciones que se pronuncien 

dentro del procedimiento, antes y después de decretarse 

el divorcio, son recurribles, pues en cada caso procederá 

acudir a lo previsto en el artículo 691, último párrafo, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

que dispone que los asuntos de cuantía indeterminada 

(como es el caso del divorcio) siempre será apelables, 

consolidado esto con el contenido del artículo 685 Bis 

del mismo ordenamiento legal, que no establece alguna 

limitante para que esas resoluciones sean impugnables. 

Contradicción de tesis 143/2011. Sustentada entre los 

Tribunales Colegiados Segundo y Octavo, ambos en 

Materia Civil del Primer Circuito. 24 de octubre de 2012. La 

votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos 

por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 

Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: 

Rosalía Argumosa López, Mario Gerardo Avante Juárez, 

Mireya Meléndez Almaraz, Mercedes Verónica Sánchez 

Miguez y Oscar Vázquez Moreno.” 

Criterio que aunque no se pronuncia respecto a una ley 

local, si deja claro que el divorcio sin manifestación de 

causa consolida las garantías de libertad y vida privada, so 

pena de proceder contra las autoridades que las vulneren.

En tales condiciones, como el matrimonio es una institución 

de derecho civil que tiene como base la autonomía de la 

voluntad de las personas, lo que implica una decisión 

libre de ambas para continuar unidas o no en ese vínculo; 

es  claro  que  no  se  justifica  que  el  legislador  local  lejos 

de garantizar el ejercicio libre de ese derecho vinculado 

con el estado civil que a cada uno de los consortes les 

corresponde decidir, lo restrinja, precisamente al sujetar 

la disolución del vínculo matrimonial a la demostración de 

determinadas causales, o bien, la existencia de un acuerdo 

mutuo de los cónyuges, porque con ello desconoce el 

derecho del que quiere divorciarse; de ahí que en las 

condiciones apuntadas si no existe la voluntad de uno de 

los consortes para continuar con el matrimonio, el divorcio 

debe autorizarse, puesto que esa decisión les compete a 

cada uno de ellos del mismo modo en que lo hicieron al 

celebrar su matrimonio. 

Sirve de fundamento a lo anterior la jurisprudencia cuyo 

texto a la letra dice:

“DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN 

DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN 

DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS 

DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES 

ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad 

constituye la expresión jurídica del principio liberal de 

“autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser 

valiosa en sí misma la libre elección individual de planes 

de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección 

de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que 

faciliten la persecución individual de esos planes de vida y 

la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, 

así como a impedir la interferencia de otras personas en 

su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre 

desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental 

que permite a los individuos elegir y materializar los planes 

de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos 

son exclusivamente el orden público y los derechos 

de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de 

disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones 

de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que 

exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo 

consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido 

prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

En este sentido, se trata de una medida legislativa que 

restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda 

vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los 

límites que imponen los derechos de terceros y de orden 

público. En consecuencia, los artículos 175 del Código 

Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil 

para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las 

causales que hay que acreditar para que pueda decretarse 

la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo 

consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. 

De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades 

federativas no pueden condicionar el otorgamiento del 

divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que 

para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta 

con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de 

expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que 

en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de 

cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad 

de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la 

disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y 

custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el 

padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión 

semejante. Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada 

entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 

Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del