en la medida que no restringe desproporcionalmente el derecho de los ascendientes a recibir la pensión por muerte
del descendiente afiliado o pensionado al régimen de seguridad social del Estado de Colima.

86.

Además este Tribunal Pleno estima que la porción normativa no condiciona el demostrar una dependencia
económica total para tener derecho a gozar de la pensión por muerte del descendiente, sino que la norma al
establecer entregar la pensión al padre y/o madre en caso que

“hubiesen dependido económicamente del afiliado o

pensionado”, deriva que la dependencia económica incluso puede ser parcial, siempre y cuando la misma se
demuestre al momento de la contingencia de muerte, conforme a lo que señala el artículo 90 de la Ley
impugnada

, por lo que el análisis de dependencia económica se realizará caso por caso, de acuerdo a dichas

reglas.

87.

Razón por la cual la condicionante establecida por el legislador del Estado de Colima resulta proporcional, en tanto
permite que los derechos de seguridad social se transmitan ante la dependencia económica que ocurrió en vida del
pensionado, lo que sí viene a mejorar el bienestar de los ascendientes y con ello a cumplir con el objetivo toral de
la previsión social: la garantía de las condiciones mínimas de bienestar para el asegurado y sus dependientes sin
importar hubiese sido total o parcial.

88.

Esto  es,  la  norma  impugnada  simplemente  condiciona  verificar  que  el  padre  o  la  madre  fueron  dependientes
económicos  (de  forma  total  o  parcial)  del  descendiente  fallecido,  a  fin  de  que  éstos  actualicen  el  supuesto
normativo  y  tengan  derecho  a  recibir  la  pensión  por  muerte,  lo  que  corrobora  la  proporcionalidad  del  requisito
establecido por el legislador de Colima, máxime que en este mismo análisis constitucional se ha establecido que
incluso los ascendientes pueden gozar de otra pensión de seguridad social derivada de la cotización al sistema de
previsión  social  propio  o  de  otra  persona,  es  decir  bajo  una  financiación  diferente,  lo  que  implica  que  los
ascendientes  pueden  tener  ingresos  propios  o  de  otras  fuentes  sin  que  ello  signifique  ausencia  del  supuesto  de
dependencia económica para obtener el derecho a  recibir la pensión por  muerte de  su descendiente, en tanto la
condición que ha establecido el legislador de Colima es proporcional en el sentido de que basta demostrar que el
padre o madre hubiesen dependido económicamente del hijo afiliado para gozar de la pensión por muerte, lo que
implica que esa dependencia pudo ser total o parcial.

89.

Es así que este Tribunal Pleno encuentra que la condición que establece la porción normativa impugnada relativa a
que  el  padre  y/o  madre  hubiesen  dependido  económicamente  del  descendiente  fallecido  para  tener  derecho  a
recibir la pensión por muerte, resulta constitucional a la luz de los principios de previsión social, en tanto como  se
analizó  supera  el  test  de  proporcionalidad;  y  de  forma  destacada  porque  encuentra  coherencia  en  los  fines  que
persigue  el  derecho  a  la  seguridad  social,  sin  que  contradiga  las  bases  mínimas  que  se  han  establecido  en  el
parámetro  de  regularidad  constitucional,  máxime  que  expresamente  se  contempla  la  dependencia  económica
como  característica  de  los  beneficiarios  para favorecer  a  los individuos  que  en  realidad  se  ven  afectados  ante  la
contingencia de muerte de un trabajador del Estado.

90.

Además, es infundado lo argüido por la Comisión actora en el sentido de que se violenta la garantía de igualdad
porque en la lista de prelación de beneficiarios que establece el artículo 92 impugnado solamente se exige al padre
y/o a la madre el requisito de demostrar dependencia económica, lo cual este Tribunal Pleno corrobora que no es

limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva
de los derechos fundamentales afectados. De este modo, la medida impugnada sólo será constitucional si el nivel de realización del fin
constitucional que persigue el legislador es mayor al nivel de intervención en el derecho fundamental. En caso contrario, la  medida será
desproporcionada  y,  como  consecuencia,  inconstitucional.  En  este  contexto,  resulta  evidente  que  una  intervención  en  un  derecho  que
prohíba totalmente la realización de la conducta amparada por ese derecho, será más intensa que una intervención que se concr ete a
prohibir o a regular en ciertas condiciones el ejercicio de tal derecho. Así, cabe destacar que desde un análisi s de proporcionalidad  en
estricto  sentido,  sólo  estaría  justificado  que  se  limitara  severamente  el  contenido  prima  facie  de  un  derecho  fundamental  si  también
fueran muy graves los daños asociados a su ejercicio.

Época: Décima Época, Registro: 2013136, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Página: 894.

Artículo 90. Acreditación de edad y parentesco para ser beneficiario de una pensión

1. La edad y el parentesco de los servidores públicos y sus familiares beneficiarios se acreditará ante el Instituto en los t érminos de la
legislación civil aplicable, y en su caso, la dependencia económica mediante procedimiento que se siga ante autoridad judicial o
administrativa o bien, con documentación que extiendan las autoridades competentes.

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EL ESTADO DE COLIMA