no constituye una medida regresiva al régimen de seguridad social que establece el legislador de Colima, pues de
los sistemas de pensiones que se preveían con anterioridad a la emisión de la ley impugnada no se desprende que
la pensión a causa de muerte del servidor público afiliado o pensionado permitiera recibir dicho beneficio sin
demostrar la dependencia económica con el trabajador fallecido. Aunado a que los artículos transitorios de la
legislación impugnada regulan el régimen de los servidores públicos en transición.

100. Y, especialmente, porque como se ha venido corroborando a lo largo de este análisis no se trasgreden las bases

mínimas  que  establece  el  contenido  del  derecho  a  la  seguridad  social  de  acuerdo  al  parámetro  de  regularidad
constitucional, el cual reconoce que la dependencia económica de la cónyuge o los hijos puede condicionar el goce
de la pensión en el rubro de sobrevivencia, luego es que incluso la medida diseñada por el legislador de Colima no
atenta  contra  la  obligación  del  Estado  mexicano  de  garantizar  los  pisos  mínimos  establecidos  para  el  goce  de
derechos  humanos  y  por  el  contrario  se  verifica  que  incluso  se  amplía  el  criterio  de  protección  al  contemplar  a
sujetos diversos para constituirse como beneficiarios de una pensión por sobrevivencia, lo cual resulta acorde con
el principio de progresividad.

101. Por último, este Tribunal Pleno advierte que no procede el análisis solicitado por la Comisión actora para verificar si

la  condición  de  requerir  que  los  ascendientes  hubiesen  dependido  económicamente  del  descendiente  afiliado  o
jubilado  fallecido, impide  alcanzar  los  objetivos  de  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible,  que  nace  de  la
Cumbre  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Desarrollo  Sostenible,  celebrada  en  la  ciudad  de  Nueva  York  en
septiembre  de  dos  mil  quince,  en  tanto  que  dicho  documento  no  forma  parte  del  parámetro  de  regularidad
constitucional

que reconoce el derecho de seguridad social y establece los principios y bases mínimas de la

previsión  social,  el  cual  ya  se  ha  analizado  y  por  el  que  se  concluye  que  la  medida  relativa  a  condicionar
dependencia  económica  parcial  o  total  de  los  ascendientes  resulta  constitucional  al  perseguir  uno  de  los  fines
básicos de la previsión social, como es el bienestar de los dependientes económicos ante la muerte del trabajador
titular de los derechos de seguridad social, aunado que resulta idónea, necesaria y proporcional.

102. Con base en los razonamientos hasta aquí elaborados, este Tribunal Pleno concluye que la porción normativa

impugnada de la fracción III del artículo 92 de la Ley de Pensiones para los Servidores Públicos del Estado de

principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de  tutela en la
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad,
adoptar  medidas  que  sin  plena  justificación  constitucional  disminuyan  el  nivel  de  la  protección  a  los  derechos  humanos  de  qui enes  se
someten al orden jurídico del Estado mexicano.

Época:  Décima  Época,  Registro:  2019325,  Instancia:  Segunda  Sala,  Tipo  de  Tesis:  Jurisprudencia,  Fuente:  Gaceta  del  Semanario
Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Página: 980.

Ver tesis P./J. 20/2014 (10a.) DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS

INTERNACIONALES.  CONSTITUYEN  EL  PARÁMETRO  DE  CONTROL  DE  REGULARIDAD  CONSTITUCIONAL,  PERO  CUANDO  EN
LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE
EL  TEXTO  CONSTITUCIONAL.  El  primer  párrafo  del  artículo  1o.  constitucional  reconoce  un  conjunto  de  derechos  humanos  cuyas
fuentes  son  la  Constitución  y  los  tratados  internacionales  de  los  cuales  el  Estado  Mexicano  sea  parte.  De  la  interpretación  literal,
sistemática  y  originalista  del contenido  de  las  reformas  constitucionales  de  seis  y  diez  de  junio  de  dos  mil  once, se  desprende  que  las
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado
de  la  parte  final  del  primer  párrafo  del  citado  artículo  1o.,  cuando  en  la  Constitución  haya  una  restricción  expresa  al  ejercicio  de  los
derechos  humanos,  se  deberá  estar  a  lo  que  indica  la  norma  constitucional,  ya  que  el  principio  que  le  brinda  supremacía  comporta  el
encumbramiento  de  la  Constitución  como  norma  fundamental  del  orden  jurídico  mexicano,  lo  que  a  su  vez  implica  que  el  resto  de  las
normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí
ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las
cuales puede predicarse dicha supremacía  en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo
de  derechos  humanos  previsto  dentro  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  cual  evidentemente  puede
calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su
conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de l as normas y
actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

Época: Décima Época, Registro: 2006224, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Página: 202.

EL ESTADO DE COLIMA

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