Victoria, Tam., jueves 01 de julio de 2021 

                Periódico Oficial

 

 

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II. Realizar actividades distintas a las otorgadas en su licencia o a las capacidades inscritas en la misma, con una 
multa de quinientas a cinco mil Unidades de Medida y Actualización. 

Artículo 90. Sin perjuicio a las demás sanciones que establece esta Ley y su reglamento, se le revocará la 
licencia al comandante de la aeronave que incurra en los siguientes supuestos: 

I.  Que tripule en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos o enervantes o que 
permita que un miembro de la tripulación de vuelo participe en las operaciones en ese estado o bajo tales 
efectos; 

II.  Cuando realice actos u omisiones que tiendan a la comisión de los delitos de contrabando, contrabando 
equiparado, tráfico de órganos, ataques a las vías generales de comunicación, sabotaje, tráfico ilegal de 
personas, drogas y armas. Igual sanción se impondrá a cualquier miembro de la tripulación de vuelo, que se 
encuentre en los mismos supuestos, y 

III. Presentar documentación que no fue emitida por la autoridad competente para realizar la operación de una 
aeronave. 

 

Transitorios 

 

Primero.-  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. Seguirán teniendo aplicación y 
vigencia las disposiciones y demás circulares obligatorias emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, en particular las contenidas en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
administrativas de carácter técnico aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2021. 

Tercero.- El Ejecutivo Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contarán con un plazo de 180 
días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones 
administrativas que posibiliten la materialización del mismo. 

 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar
, Presidente.- Dip. Lizbeth Mata Lozano, Secretaria.- Sen. María Merced González González
Secretaria.- Rúbricas.” 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- 
La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA
, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber: 

 

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 

 

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

   

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

D E C R E T O  No. LXIV-544 

 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO, AL LICENCIADO ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ.  

 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción XXI y LVI, de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas se designa al Licenciado Alejandro Guerra Martínez, como Magistrado del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por un periodo de 8 años.