PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 12

San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 15 de 2021

GARCIA TREVIÑO solicitando la disolución del vínculo 

matrimonial que la une con la C. DALIA VELÁZQUEZ 

HERNÁNDEZ, SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, fundándose 

en lo estipulado en el artículo 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos que 

expone en su memorial de cuenta, por lo que observando 

que la demanda planteada contrae la disolución del 

vínculo matrimonial de los cónyuges, es necesario tener 

en cuenta las siguientes consideraciones:

Esta autoridad en términos del párrafo cuarto del artículo 

primero constitucional, mismo que a la letra dice:

Art.  1º…”Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad progresividad. En consecuencia, el 

Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley…”.

De lo que se advierte que se tiene la obligación de 

garantizar los Derechos Humanos, en consecuencia, todas 

las autoridades en el ámbito de nuestras competencias, 

estamos obligados a implementar los mecanismos que 

fueran  necesarios  para  salvaguardarlos,  lo  que  significa 

que si la legislación local vigente en nuestro Estado vulnera 

los derechos humanos, resulta inconcuso su aplicación 

al caso concreto que nos ocupa. En ese contexto, se 

advierte que nuestros Códigos sustantivo y Adjetivo Civil 

vulneran los derechos humanos a la dignidad humana, 

a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad, en el 

que se encuentra el derecho a permanecer en el estado 

civil en que se desee estar sin que el Estado lo impida, al 

supeditar la voluntad de la parte que solicita la disolución 

del vínculo matrimonial a la acreditación necesaria de las 

diversas causales previstas en el artículo 287 del Código 

Civil del nuestra entidad, pues al exigir la demostración 

de determinada causa como única forma para lograr la 

disolución del matrimonio cuando no existe consentimiento 

mutuo de los contrayentes para divorciarse, resulta 

inconstitucional en virtud de que, con ello se restringe 

sin  justificación  alguna  el  derecho  relativo  al  desarrollo 

de la personalidad humana que tiene que ver con la libre 

modificación del estado civil de las personas, que deriva 

a su vez del derecho fundamental de la dignidad humana 

consagrado en los Tratados Internacionales de los que 

México es parte y reconocidos aunque implícitamente en 

los preceptos 1º, y 4º de la Constitución Federal, conforme 

al cual, todas las personas tienen derecho a elegir, en 

forma libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se 

comprende precisamente el estado civil en que deseen 

estar, como lo pretende el recurrente de colocarse en el 

estado civil de soltera.-

En efecto, nuestros códigos sustantivos y adjetivo civil 

vulneran las garantías que se consagran en el derecho a 

la libertad y el derecho a la vida privada, por tal motivo ante 

la expresión de voluntad de disolver el vínculo matrimonial 

en atención a estas  garantías esta autoridad no tiene 

porque calificar ni investigar las causas que le llevaron a 

tomar tal determinación, ya que el C. José Manuel García 

Treviño, no requiere justificar causal alguna para que este 

vínculo sea disuelto, pues basta que una de las partes 

desee la disolución para que esta se conceda.-  

Y al no atender a la voluntad de uno de los consortes, la 

cual, es un elemento esencial del matrimonio y debe ser 

tomada en cuenta para decidir si este seguirá existiendo 

o si se disolverá, o pues no puede ser reconocida como al 

momento de celebrarse el matrimonio, y soslayarse una 

vez tramitado el divorcio. Es aplicable al caso concreto, 

la tesis federal que dice: 

LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE 

LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD 

EN EL AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO. 

En el amparo directo, el pronunciamiento sobre la 

inconstitucionalidad de la ley controvertida trae como 

consecuencia que se deje insubsistente la sentencia que 

se funda en ella y se emita otra en la cual no se aplique 

el precepto legal considerado inconstitucional, y si su 

aplicación se realizó en el acto originalmente impugnado 

ante la autoridad que emitió la sentencia, el efecto será 

dejar insubsistente ese acto, para que se emita uno 

nuevo apegado a lo sostenido en la ejecutoria de amparo. 

En cambio, la declaración de inconstitucionalidad de 

una ley en el amparo indirecto tiene como efecto dejar 

insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no 

se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías 

hasta que se reforme. 

1

Por tal motivo y de conformidad con los artículos 259, 260, 

261, 262, 263, 266 y demás relativos aplicables del Código 

Procesal Civil del Estado, se da entrada a la demanda; y 

respetando el derecho humano a la dignidad y libertad del 

actor, este trámite de divorcio será SIN EXPRESIÒN DE 

CAUSA. 

En nuestra legislación procesal civil, no se encuentra 

regulada tramitación especial para los divorcios 

sin expresión de causa. Sin embargo, este órgano 

jurisdiccional,  tiene  como  fin,  el  de  garantizar  el  acceso 

a la tutela judicial efectiva de los gobernados, al tenor de 

lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo concordancia 

con  lo  que  señalan  los  pactos  internacionales  firmados 

y  ratificados  por  nuestro  país,  y  que  por  ende,  al  ser 

Estado Parte, nuestro país está obligado a su debido 

cumplimiento, por lo que es pertinente destacar lo 

que  refieren  dichos  pactos  internacionales  en  relación 

 Época: Novena Época  Registro: 176250  Instancia: Primera Sala  Tipo 

de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, 

Enero de 2006 Materia(s): Común Tesis: 1a. CLXXXII/2005  Página: 729 Amparo 

directo en revisión 417/2005. Villauto Monterrey, S.A. de C.V. 18 de mayo de 2005. 

Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.