PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 13

San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 15 de 2021

jurisdiccional en mención.- 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

en el art. 14.1 consagra el derecho de acceso a la justicia, 

al establecer que “Todas las personas son iguales ante 

los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido por la Ley, en la substanciación 

de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil”.

Similar redacción se encuentra en el art. 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 

de San José de Costa Rica, que determina que Toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal por 

la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.

De igual manera, los artículos 21 y 22 del Código Civil del 

Estado de Campeche, disponen lo siguiente:

Art. 21.- El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley no 

autoriza a los jueces o tribunales para dejar de resolver 

una controversia. 

Art. 22.- Las controversias judiciales del orden civil 

deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a 

su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán 

conforme a los principios generales de derecho.- 

Ante ello, esta juzgadora declara procedente la vía 

seguida en el presente juicio, sirviendo de apoyo la tesis 

aislada que a continuación se transcribe:

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. VIA EN LA 

QUE DE SEBE DE TRAMITAR EL JUICIO (LEGISLACIÓN 

PARA EL DISTRITO FEDERAL). En atención a que las 

reglas de tramitación y substanciación del juicio de divorcio 

sin expresión de causa, se encuentran contempladas en 

el Título Sexto, Capítulo I, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, correspondiente a 

los Juicios Ordinarios, se concluye que en la vía de 

tramitación de dicho juicio es la ordinaria civil, en el 

entendido de que guarda múltiples peculiaridades que 

lo hacen diferente y a las que habrá de atenderse en su 

tramitación. Asimismo, se excluye la posibilidad de que su 

tramitación se verifique en la vía de controversia familiar 

no sólo porque ésta guarda una lógica que apunta hacia 

la cohesión y preservación del grupo familiar (opuesta al 

resultado que se pretende en el Juicio de divorcio), sino 

porque existe disposición expresa en contrario (artículo 

942 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal) y porque, además, los plazos previstos para la 

vía de controversia familiar son más amplios y se oponen 

al principio de celeridad perseguido por el legislador 

con la instauración del divorcio sin expresión de causa; 

no obstante conviene aclarar que esa circunstancia no 

impide que al Juicio de divorcio le sean aplicables algunos 

de los principios generales que rigen a los procesos del 

orden familiar. Contradicción de tesis 63/2011. Suscitada 

entre los tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Décimo 

Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de 

agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: 

mayoría de cuatro votos por la competencia, disidente: 

José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en 

cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretarios: Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Mireya 

Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez Moreno, Mario 

Gerardo Avante Juárez y Rosalía Argumosa López.” Tesis 

aislada CCXLIV/2012 (10ª)

Y pese a que los criterios que señala la promovente no 

son aplicables en nuestro Estado, no se puede dejar de 

observar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha conceptualizado el divorcio Incausado: 

“  como la disolución del vínculo conyugal que previa 

solicitud formulada, incluso por uno solo de los cónyuges, 

puede ser decretado por la autoridad judicial, basta para 

ello  con  que  aquél  manifieste  su  voluntad  de  dar  por 

terminado el matrimonio, sin necesidad de invocar causa 

o motivo alguno y sin importar la posible oposición del otro 

cónyuge”, 

Atendiendo a los principios de Derechos Humanos 

consagrados en los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 1, 2, 3, 5 y 

11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que reconocen que toda persona tiene 

derecho a la libertad, así como al reconocimiento de su 

personalidad jurídica y que nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, teniendo el 

derecho a la protección de la ley contra tales inherencias 

o ataques, esto es, reconocen una superioridad a la 

dignidad humana, como derecho fundamental, derivan 

todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para 

que el hombre desarrolle íntegramente su personalidad, 

como el derecho al estado civil de las personas, la manera 

en que logrará sus metas y objetivos. Por otra parte, el 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que todo individuo gozará de 

los derechos humanos reconocidos en ella y que éstos 

no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos 

y condiciones que la misma establece, así como que 

queda prohibida toda discriminación que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos humanos y libertades de las personas; en 

tanto el artículo 4 de la propia norma, establece “que el 

varón y la mujer son iguales ante la ley”.- 

Por tal motivo ante la expresión de voluntad de