PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 14

San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 15 de 2021

la parte solicitante de disolver el vínculo matrimonial, en 

atención a estas garantías esta autoridad no tiene porque 

calificar ni investigar las causas que le llevaron a tomar 

tal determinación, asimismo la contraparte no requiere 

justificar  ni  requiere  aceptar  u  oponerse  para  que  este 

vínculo sea disuelto. Lo anterior va en concordancia con 

lo establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, cuya parte tercera trata 

sobre la observancia, aplicación e interpretación de los 

tratados y que textualmente dice:

“…Art. 27. El derecho interno y la observancia de los 

tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones 

de  su  derecho  como  justificación  del  incumplimiento 

de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 46…”

Las autoridades mexicanas en el ámbito de sus respectivas 

competencias no pueden dejar de aplicar las nuevas 

disposiciones con el argumento de que su legislación 

local, como es en este caso el Código Civil del Estado 

de Campeche, se opone al mismo. Cabe agregar, que 

existe un derecho constitucional a elegir la forma de vida 

que mejor convenga al individuo, con el fin de conseguir 

el medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar, de tal suerte que es constitucionalmente valido, 

el resolver un problema existente en la práctica judicial, 

como lo es una controversia de divorcio que comprende 

varias etapas procesales, desahogo de pruebas, etc., 

que invaden la intimidad y dañan profundamente a las 

personas integrantes de una familia, en su integridad y 

estabilidad física, emocional y económica, valores que 

se encuentran por encima de la subsistencia forzosa del 

vínculo matrimonial. Tampoco hay que dejar de observar 

que una de las obligaciones del Estado es proteger la 

integridad física y psicológica de sus ciudadanos, así 

como lo de las niñas, niños y adolescentes mediante la 

ley y que el modo de concebir las relaciones de pareja en 

nuestra sociedad ha variado, por lo tanto, la problemática 

legal corre a cargo de los Poderes Judiciales, mediante la 

implementación de procesos más agiles y menos dañinos 

para las familias, teniendo en cuenta que los jueces 

locales se han convertido en Juez de Convencionalidad, 

por lo que ante la negativa de actuar se incurriría en 

responsabilidad del Estado Mexicano.- 

Entonces basado en lo anterior resulta innecesario y no 

violatorio de derechos humanos, ni de la Ley Adjetiva Civil 

del Estado, inaplicar el artículo 287 del Código Civil del 

Estado, de ahí que los jueces no violan derecho alguno 

de las partes al ordenarse la disolución del vínculo 

matrimonial únicamente. Sustentado este razonamiento 

en los siguientes criterios federales:

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN 

LA MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente 

a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y 

adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas 

obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas 

relativas a derechos humanos se interpretarán conforme 

a la Constitución y a los tratados internacionales en la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia, es decir, que los derechos 

humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental 

y los tratados internacionales suscritos por México, y 

que la interpretación de aquélla y de las disposiciones 

de derechos humanos contenidas en instrumentos 

internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las 

mejores condiciones para las personas. Asimismo, del 

párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme a los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, 

en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos en los términos que establezca la ley, lo cual 

conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas 

las personas por igual, con una visión interdependiente, 

ya que el ejercicio de un derecho humano implica 

necesariamente que se respeten y protejan múltiples 

derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y 

todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo 

cualquier retroceso en los medios establecidos para el 

ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos.

2

DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

AL EXIGIR LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA 

CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL 

VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE 

CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL 

AL RESTRINGIR EL DERECHO AL DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD HUMANA. De acuerdo con los 

artículos 21, 22 y 68 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el matrimonio es la unión 

voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con igualdad 

de derechos y obligaciones, con la posibilidad de procrear 

hijos y de ayudarse mutuamente, que se extingue por 

el divorcio, muerte o presunción de ésta, de uno de los 

cónyuges o por declaratoria de nulidad; sin embargo, los 

numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, 

así como al reconocimiento de su personalidad jurídica y 

que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques, esto es, reconocen