PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 15 de 2021

la parte solicitante de disolver el vínculo matrimonial, en

atención a estas garantías esta autoridad no tiene porque

calificar ni investigar las causas que le llevaron a tomar

tal determinación, asimismo la contraparte no requiere

justificar ni requiere aceptar u oponerse para que este

vínculo sea disuelto. Lo anterior va en concordancia con

lo establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena

sobre el Derecho de los Tratados, cuya parte tercera trata

sobre la observancia, aplicación e interpretación de los

tratados y que textualmente dice:

“…Art. 27. El derecho interno y la observancia de los

tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones

de su derecho como justificación del incumplimiento

de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio

de lo dispuesto en el artículo 46…”

Las autoridades mexicanas en el ámbito de sus respectivas

competencias no pueden dejar de aplicar las nuevas

disposiciones con el argumento de que su legislación

local, como es en este caso el Código Civil del Estado

de Campeche, se opone al mismo. Cabe agregar, que

existe un derecho constitucional a elegir la forma de vida

que mejor convenga al individuo, con el fin de conseguir

el medio ambiente adecuado para su desarrollo y

bienestar, de tal suerte que es constitucionalmente valido,

el resolver un problema existente en la práctica judicial,

como lo es una controversia de divorcio que comprende

varias etapas procesales, desahogo de pruebas, etc.,

que invaden la intimidad y dañan profundamente a las

personas integrantes de una familia, en su integridad y

estabilidad física, emocional y económica, valores que

se encuentran por encima de la subsistencia forzosa del

vínculo matrimonial. Tampoco hay que dejar de observar

que una de las obligaciones del Estado es proteger la

integridad física y psicológica de sus ciudadanos, así

como lo de las niñas, niños y adolescentes mediante la

ley y que el modo de concebir las relaciones de pareja en

nuestra sociedad ha variado, por lo tanto, la problemática

legal corre a cargo de los Poderes Judiciales, mediante la

implementación de procesos más agiles y menos dañinos

para las familias, teniendo en cuenta que los jueces

locales se han convertido en Juez de Convencionalidad,

por lo que ante la negativa de actuar se incurriría en

responsabilidad del Estado Mexicano.-

Entonces basado en lo anterior resulta innecesario y no

violatorio de derechos humanos, ni de la Ley Adjetiva Civil

del Estado, inaplicar el artículo 287 del Código Civil del

Estado, de ahí que los jueces no violan derecho alguno

de las partes al ordenarse la disolución del vínculo

matrimonial únicamente. Sustentado este razonamiento

en los siguientes criterios federales:

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES

CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN

LA MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente

a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y

adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas

obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas

relativas a derechos humanos se interpretarán conforme

a la Constitución y a los tratados internacionales en la

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas

la protección más amplia, es decir, que los derechos

humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental

y los tratados internacionales suscritos por México, y

que la interpretación de aquélla y de las disposiciones

de derechos humanos contenidas en instrumentos

internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las

mejores condiciones para las personas. Asimismo, del

párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las

autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos, conforme a los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que,

en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar,

sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos en los términos que establezca la ley, lo cual

conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas

las personas por igual, con una visión interdependiente,

ya que el ejercicio de un derecho humano implica

necesariamente que se respeten y protejan múltiples

derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y

todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo

cualquier retroceso en los medios establecidos para el

ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos.

DIVORCIO. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FAMILIAR

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,

AL EXIGIR LA DEMOSTRACIÓN DE DETERMINADA

CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL

VÍNCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE

CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL

AL RESTRINGIR EL DERECHO AL DESARROLLO DE

LA PERSONALIDAD HUMANA. De acuerdo con los

artículos 21, 22 y 68 del Código Familiar para el Estado

Libre y Soberano de Morelos, el matrimonio es la unión

voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con igualdad

de derechos y obligaciones, con la posibilidad de procrear

hijos y de ayudarse mutuamente, que se extingue por

el divorcio, muerte o presunción de ésta, de uno de los

cónyuges o por declaratoria de nulidad; sin embargo, los

numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, 17 y 23

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad,

así como al reconocimiento de su personalidad jurídica y

que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en

su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la

ley contra tales injerencias o ataques, esto es, reconocen