PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 15 de 2021

los puntos divergentes se reservarán para la vía incidental 

o la controversia familiar. Así, al no existir controversia 

en la primera etapa es innecesario que el otro cónyuge 

se excepcione manifestando su oposición a la disolución 

del vínculo, lo cual obedece a que el matrimonio es 

una institución de derecho civil que parte de la base 

de la autonomía de la voluntad de las personas, lo que 

implica una decisión libre de ambas para continuar o no 

unidas por ese vínculo; de manera que con la solicitud 

unilateral de divorcio no se priva de defensa alguna al 

cónyuge que esté en desacuerdo, pues si no existe la 

voluntad del otro para continuar con el matrimonio, el 

divorcio debe autorizarse; máxime que la resolución 

que la autoridad judicial pronuncie no será constitutiva 

de derechos sino declarativa, pues sólo evidencia una 

situación jurídica determinada, como lo es el rompimiento 

de facto de las relaciones afectivas entre los cónyuges. 

Consecuentemente, los artículos 266, 267, 282, 283, 

fracciones IV, V, VI, VII, y VIII, 283 Bis, 287 y 288 del Código 

Civil para el Distrito Federal, reformado mediante decreto 

publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 3 de octubre 

de 2008, que regulan la tramitación del divorcio que puede 

promoverse por voluntad unilateral del cónyuge, no violan 

las garantías de audiencia y de debido proceso legal 

contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, pues en términos del 

artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, una vez presentada la demanda con los 

documentos y copias prevenidos, se correrá traslado de 

ella a la parte contra la que se proponga y se le emplazará 

para que la conteste, de ahí la obligación de llamar al 

procedimiento de divorcio al cónyuge demandado y a 

que se le corra traslado con la demanda y documentos 

anexos, con lo cual no sólo se le brinda la oportunidad de 

conocer la cuestión materia de la litis y las consecuencias 

del procedimiento, sino que se le otorga el derecho a 

contestar la demanda y a manifestar su conformidad con 

el convenio o, en su caso, a presentar la correspondiente 

contrapropuesta.

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La implementación de este mecanismo no es violatorio de 

la garantía de audiencia, toda vez que se cumplen con 

Novena Época Registro: 165810 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 

2009 Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCXXIII/2009 Página: 280. Amparo directo en revisión 

917/2009. María Patricia Hernández Mendieta. 23 de septiembre de 2009. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.  Nota: El criterio 

contenido en la presente tesis fue abandonado por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2011, de la cual derivó 

la tesis 1a. CCLXIII/2012 (10a.), de rubro: "UNIDAD DEL JUICIO DE DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).", que aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 

XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 845. El criterio contenido en la presente tesis 

fue abandonado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la contradicción de tesis 135/2011, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 

521. El criterio contenido en la presente tesis fue abandonado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 143/2011, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 

XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 576. El criterio contenido en la presente tesis 

fue abandonado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la contradicción de tesis 180/2011, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 

635. 

las formalidades esenciales necesarias, pues dispone que 

la parte demandada será llamada al procedimiento para 

que  manifieste  lo  que  a  su  derecho  considere  respecto 

a la guarda, custodia, pensión alimenticia y régimen de 

convivencia de los menores, según el caso, con el cual 

se respeta su garantía de audiencia, pues se les brinda 

la oportunidad de conocer la cuestión materia de la litis 

y de las consecuencias del procedimiento, además, la 

parte enjuiciada tiene derecho a contestar la demanda 

presentando su convenio, para establecer cuál es la forma 

en que se deben distribuir los bienes comunes, el pago 

indemnizatorio, los alimentos, la guarda y custodia y la 

convivencia con los menores e incapaces. Sirve de apoyo 

el siguiente criterio federal:

DIVORCIO NECESARIO. EL REGIMEN DE DISOLUCION 

DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACION 

DE CAUSALES VULNERA EL DERECHO AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CODIGO 

DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES 

ANALOGAS). El libre desarrollo de la personalidad 

constituye la expresión jurídica del principio liberal de 

“autonomía de la persona”, de acuerdo con el cual al ser 

valiosa en sí misma la libre elección individual de planes 

de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección 

de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones 

que faciliten la persecución individual de esos planes 

de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que 

cada uno elija, así como a impedir la interferencia de 

otras personas en su persecución. En el ordenamiento 

mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es 

un derecho fundamental que permite a los individuos 

elegir y materializar los planes de vida que estimen 

convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente 

el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo 

con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio 

contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz 

(y ordenamientos análogos), que exige la acreditación 

de causales cuando no existe mutuo consentimiento de 

los contrayentes, incide en el contenido prima facie del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este 

sentido, se trata de una medida legislativa que restringe 

injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que 

no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que 

imponen los derechos de terceros y de orden público. En 

consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para 

el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado 

de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que 

hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución 

del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento 

de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo 

con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas 

no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la 

prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar 

la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno 

de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar 

motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos 

casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge