PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 20

San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 15 de 2021

Y siendo que en el presente caso el C. JOSE MANUEL 

GARCIA TREVIÑO, presenta un convenio en su escrito 

inicial de demanda, se da vista a la C.  DALIA MAGALI 

VELAZQUEZ HERNANDEZ para que  dentro del mismo 

término,  manifieste  lo  que  a  su  derecho  corresponda 

en cuanto al convenio que se encuentra anexo en el 

escrito inicial de la demanda o en su caso presente uno 

diverso,  apercibido que de no manifestar nada al respecto 

quedaran firmes las medidas provisionales decretadas.-

De igual forma hágasele saber al ciudadano JOSE 

MANUEL GARCIA TREVIÑO, que cuenta con el término 

de SEIS DÍAS hábiles a partir  de  que quede enterada de 

la presente resolución para que haga valer sus derechos 

respecto a la pensión compensatoria, o patrimonial según 

lo dispone el artículo 266 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, aplicado de manera analógica; en caso 

de no hacerlo así quedan a salvo sus derechos de petición, 

para hacerlo valer ante el Juez de su competencia. 

Por lo que respecta a la medida provisional de alimentos 

decretada a favor del C. JOSE MANUEL GARCIA 

TREVIÑO y una vez concluido el término de los SEIS DÍAS 

hábiles descrito en párrafos anteriores, deberá hacer valer 

sus derechos ante el Juez Competente de acuerdo a su 

acción, quedando sin efecto la medida provisional a su 

favor.-

Toda vez que para efectos de decretar los alimentos 

compensatorios, la suscrita juzgadora deberá de analizar 

las probanzas necesarias, que permitan realizar un análisis 

completo  de  las    circunstancias  del  caso  en  específico, 

tomando entre otras cosas las necesidades del acreedor; 

la  edad,  el  estado  de  salud  de  ambos,  su  calificación 

profesional, sus posibilidades de acceso de un empleo; la 

duración del matrimonio; es decir si con la disolución del 

vínculo matrimonial, la acreedora de alimentos se colocó 

en una situación  de desventaja económica; que indique 

su capacidad para hacerse de los medios suficientes para 

sufragar sus necesidades.

La pensión compensatoria encuentra su razón de ser, 

tanto en un deber asistencial, como resarcitorio, derivado 

del desequilibrio económico puede provocar el divorcio; 

es decir, el derecho a alimentos después de la disolución 

surge a raíz de que el Estado debe garantizar a igualdad 

y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

ex cónyuges.

Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis 

Época: Décima Época 

Registro: 2007988 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I 

Materia(s): Civil 

Tesis: 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.) 

Página: 725 

PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN 

DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA 

A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE 

DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL 

PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA 

CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO 

ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso 

del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro 

país establece una obligación de dar alimentos como 

parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. 

Así, en condiciones normales, la pareja guarda una 

obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y 

recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida 

en común y establecer las bases para la consecución de 

los fines del matrimonio. Sin embargo, una vez decretada 

la disolución del matrimonio esta obligación termina y 

podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que 

responde a presupuestos y fundamentos distintos, la 

cual doctrinariamente ha recibido el nombre de “pensión 

compensatoria”, aunque en la legislación de nuestro país 

se  le  refiera  genéricamente  como  pensión  alimenticia. 

En efecto, se advierte que a diferencia de la obligación 

de alimentos con motivo de una relación matrimonial o 

de concubinato, la pensión compensatoria encuentra 

su razón de ser en un deber tanto asistencial como 

resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele 

presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse 

el vínculo matrimonial. En este sentido, esta Primera Sala 

considera que el presupuesto básico para que surja la 

obligación de pagar una pensión compensatoria consiste 

en que, derivado de las circunstancias particulares de 

cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial 

coloque a uno de los cónyuges en una situación de 

desventaja económica que en última instancia incida en 

su capacidad para hacerse de los medios suficientes para 

sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida 

el acceso a un nivel de vida adecuado. Por tanto, podemos 

concluir que la imposición de una pensión compensatoria 

en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber 

de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo 

compensar al cónyuge que durante el matrimonio se 

vio imposibilitado para hacerse de una independencia 

económica,  dotándolo  de  un  ingreso  suficiente  hasta 

en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de 

proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su 

subsistencia.

Amparo directo en revisión 269/2014. 22 de octubre de 

2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, 

quien reservó su derecho para formular voto particular. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. Esta tesis se publicó el viernes 21