PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 28

San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 15 de 2021

Procedimientos Civiles del Estado. 

4).- De igual forma en atención al artículo 16 de la Ley del 

Periódico Oficial del Estado de Campeche, guárdese los 

edictos, hecho lo anterior y sin que medie nuevo acuerdo, 

envíese por correo electrónico al Director del Periódico 

Oficial del Estado de Campeche, con domicilio en calle 8, 

número 2 A por Avenida Circuito Baluartes de la colonia 

Centro de esta ciudad C.P. 24000,  para que realice las 

publicaciones del presente proveído, en los términos 

precisados.

-NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. ASÍ LO PROVEYÓ Y 

FIRMA LA LICENCIADA MAYRA RUBÍ REYES CANUL, 

JUEZA INTERINA DEL JUZGADO SEGUNDO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, POR ANTE MI LA 

LICENCIADA ZOILA DE LAS MERCEDES PEDRAZA 

ROSADO, SECRETARIA DE ACUERDOS, QUE 

CERTIFICA Y DA FE.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ASÍ LO PROVEYÓ Y 

FIRMA LA LICENCIADA ALMA PATRICIA CÚ SÁNCHEZ, 

M. EN D.J., JUEZA  INTERINA DEL JUZGADO 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, POR 

ANTE LA LICENCIADA ZOILA DE LAS MERCEDES 

PEDRAZA ROSADO, SECRETARIA DE ACUERDOS 

QUE CERTIFICA Y DA FE. 

Sin otro particular reitero a Usted las seguridades de mi 

atención y mi respeto.- ATENTAMENTE.- LICDA. ZOILA 

DE LAS MERCEDES PEDRAZA ROSADO, SECRETARIA 

DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.- RÚBRICA.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE CAMPECHE. PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 

JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO POR PERIÓDICO 

OFICIAL DEL ESTADO

SANTIAGO OLIVARES ZAPATA

EN EL EXPEDIENTE 402/18-2019/3C-I RELATIVO AL 

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR 

LA CIUDADANA TERESA DE JESUS CRUZ RAMAYO EN 

CONTRA DE SANTIAGO OLIVARES ZAPATA, LA JUEZA 

DEL CONOCIMIENTO DICTÓ UN PROVEÍDO QUE A LA 

LETRA DICE: 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 

ESTADO. CASA DE JUSTICIA. SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE; A CUATRO DE MARZO DE 

DOS MIL VEINTIUNO.

Lo de cuenta, SE PROVEE: 

1).- Acumúlese a los presentes autos el escrito de cuenta 

para que obre conforme a derecho de conformidad con 

el artículo 72 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. 

2).- Toda vez que de autos se observa que ha quedado 

debidamente acreditada la ignorancia del domicilio del 

demandado; ante tal circunstancia y como lo solicita 

el ocursante en su ocurso de cuenta; de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 106 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado en vigor, SE 

DECLARA LA IGNORANCIA DEL DOMICILIO DEL 

DEMANDADO SANTIAGO O.Z; en consecuencia al 

ser el emplazamiento una formalidad esencial del juicio 

que debe cumplirse en respeto al derecho humano de 

audiencia previsto en el artículo 14 de la Carta Magna, en 

virtud de tener por objeto proporcionar a los demandados 

el conocimiento real y oportuno de la demanda, amén 

de las circunstancias que tal garantía va de la mano con 

la garantía de debido proceso legal, el cual comienza 

con un emplazamiento correcto; por ende al tratarse de 

una garantía constitucional que debe ponderarse por la 

autoridad, a fin de brindar una equidad de acción y defensa 

(actor- demandado), con bravura  de transparencia y 

convicción en las actuaciones jurisdiccionales, para 

poder  determinar  una  decisión  definitiva,  basada  en  los 

principios de IMPULSO PROCESAL, MOTIVACIÓN DE 

LA SENTENCIA Y ADQUISICIÓN y en razón de que las 

publicaciones  realizadas  en  el  Periódico  Oficial  no  es 

de común acceso a los justiciables y atendiendo a que 

las reformas Constitucionales en materia de derechos 

humanos y la inclusión del principio propersonae, no 

deben entenderse en el sentido de violentar los principios 

de seguridad y certeza jurídicas consagrados en la propia 

Constitución General de la República, en atención a que si 

bien dichas reformas implicaron un cambio en el sistema 

jurídico  mexicano,  ello  no  significa  que  los  órganos 

jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus 

atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma 

en que venían desempeñándolos, sino simplemente que 

se apliquen las leyes que otorguen una protección más 

benéfica para la persona respecto de la institución jurídica 

que se analice, sin llegar al extremo de inaplicar los 

diversos principios constitucionales que rigen su función 

jurisdiccional, como lo son, los de legalidad, igualdad, 

seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la 

justicia y cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría 

un estado de incertidumbre a los ciudadanos, como apoyo 

a lo anterior se cita la tesis jurisprudencial que a la letra 

dice:

“PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA 

EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA 

REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada 

implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en