PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
PÁG. 28
San Francisco de Campeche,
Cam., Junio 15 de 2021
Procedimientos Civiles del Estado.
4).- De igual forma en atención al artículo 16 de la Ley del
Periódico Oficial del Estado de Campeche, guárdese los
edictos, hecho lo anterior y sin que medie nuevo acuerdo,
envíese por correo electrónico al Director del Periódico
Oficial del Estado de Campeche, con domicilio en calle 8,
número 2 A por Avenida Circuito Baluartes de la colonia
Centro de esta ciudad C.P. 24000, para que realice las
publicaciones del presente proveído, en los términos
precisados.
-NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. ASÍ LO PROVEYÓ Y
FIRMA LA LICENCIADA MAYRA RUBÍ REYES CANUL,
JUEZA INTERINA DEL JUZGADO SEGUNDO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, POR ANTE MI LA
LICENCIADA ZOILA DE LAS MERCEDES PEDRAZA
ROSADO, SECRETARIA DE ACUERDOS, QUE
CERTIFICA Y DA FE.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, ASÍ LO PROVEYÓ Y
FIRMA LA LICENCIADA ALMA PATRICIA CÚ SÁNCHEZ,
M. EN D.J., JUEZA INTERINA DEL JUZGADO
SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, POR
ANTE LA LICENCIADA ZOILA DE LAS MERCEDES
PEDRAZA ROSADO, SECRETARIA DE ACUERDOS
QUE CERTIFICA Y DA FE.
Sin otro particular reitero a Usted las seguridades de mi
atención y mi respeto.- ATENTAMENTE.- LICDA. ZOILA
DE LAS MERCEDES PEDRAZA ROSADO, SECRETARIA
DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.- RÚBRICA.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CAMPECHE. PRIMER DISTRITO JUDICIAL.
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO POR PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO
SANTIAGO OLIVARES ZAPATA
EN EL EXPEDIENTE 402/18-2019/3C-I RELATIVO AL
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR
LA CIUDADANA TERESA DE JESUS CRUZ RAMAYO EN
CONTRA DE SANTIAGO OLIVARES ZAPATA, LA JUEZA
DEL CONOCIMIENTO DICTÓ UN PROVEÍDO QUE A LA
LETRA DICE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO. CASA DE JUSTICIA. SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE, CAMPECHE; A CUATRO DE MARZO DE
DOS MIL VEINTIUNO.
Lo de cuenta, SE PROVEE:
1).- Acumúlese a los presentes autos el escrito de cuenta
para que obre conforme a derecho de conformidad con
el artículo 72 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado.
2).- Toda vez que de autos se observa que ha quedado
debidamente acreditada la ignorancia del domicilio del
demandado; ante tal circunstancia y como lo solicita
el ocursante en su ocurso de cuenta; de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 106 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado en vigor, SE
DECLARA LA IGNORANCIA DEL DOMICILIO DEL
DEMANDADO SANTIAGO O.Z; en consecuencia al
ser el emplazamiento una formalidad esencial del juicio
que debe cumplirse en respeto al derecho humano de
audiencia previsto en el artículo 14 de la Carta Magna, en
virtud de tener por objeto proporcionar a los demandados
el conocimiento real y oportuno de la demanda, amén
de las circunstancias que tal garantía va de la mano con
la garantía de debido proceso legal, el cual comienza
con un emplazamiento correcto; por ende al tratarse de
una garantía constitucional que debe ponderarse por la
autoridad, a fin de brindar una equidad de acción y defensa
(actor- demandado), con bravura de transparencia y
convicción en las actuaciones jurisdiccionales, para
poder determinar una decisión definitiva, basada en los
principios de IMPULSO PROCESAL, MOTIVACIÓN DE
LA SENTENCIA Y ADQUISICIÓN y en razón de que las
publicaciones realizadas en el Periódico Oficial no es
de común acceso a los justiciables y atendiendo a que
las reformas Constitucionales en materia de derechos
humanos y la inclusión del principio propersonae, no
deben entenderse en el sentido de violentar los principios
de seguridad y certeza jurídicas consagrados en la propia
Constitución General de la República, en atención a que si
bien dichas reformas implicaron un cambio en el sistema
jurídico mexicano, ello no significa que los órganos
jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus
atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma
en que venían desempeñándolos, sino simplemente que
se apliquen las leyes que otorguen una protección más
benéfica para la persona respecto de la institución jurídica
que se analice, sin llegar al extremo de inaplicar los
diversos principios constitucionales que rigen su función
jurisdiccional, como lo son, los de legalidad, igualdad,
seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la
justicia y cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría
un estado de incertidumbre a los ciudadanos, como apoyo
a lo anterior se cita la tesis jurisprudencial que a la letra
dice:
“PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA
EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA
REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada
implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en