PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 32

San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 15 de 2021

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: I.6o.C.9 K (10a.) 

Página: 3318 

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO 

INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO 

NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL 

JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA 

NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS 

EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho 

de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos, 

regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 

1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso 

efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o 

posible  para  el  fin  que  pretende  enmendarse,  así  como 

el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído 

con justicia por un tribunal, connotaciones que están 

inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado 

el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la 

administración de justicia que imparten los tribunales, en 

donde el justiciable pueda obtener una resolución en la 

que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se 

resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya 

tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla 

el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el 

servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas 

judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero 

interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en 

el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo 

relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, 

específicamente de la audiencia previa, que se traduce en 

un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que 

impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades 

para que, de manera previa, al dictado de un acto de 

privación cumpla con una serie de formalidades esenciales 

necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese 

sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse 

de la manera habitual, es decir, con la notificación en el 

domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé 

la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a 

través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya 

erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a 

quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin 

hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción 

III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe 

una excepción cuando hay imposibilidad económica para 

sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual 

debe correlacionarse con los elementos que consten en 

los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la 

situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a 

la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad 

económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en 

aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, 

de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De 

ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el 

artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 

que señala la imposición del costo de edictos a la parte 

quejosa es convencional, al existir previsión legal en la 

que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar 

y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica 

para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de 

la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de 

gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso 

a la jurisdicción. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 137/2013. 

Berna Impreso, S.A. de C.V. y otra. 15 de enero de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao 

Rodríguez. Secretario: Carlos Alberto Hernández Zamora. 

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, 

destaca la diversa jurisprudencial P./J. 22/2015 (10a.), 

de título y subtítulo: “EMPLAZAMIENTO AL TERCERO 

PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA 

LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 

2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS 

A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL 

DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA.”,  publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la 

Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 

11:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre 

de 2015, página 24. Esta tesis se publicó el viernes 8 de 

enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. ASÍ LO PROVEYÓ Y 

FIRMA LA LICENCIADA ESPERANZA DE LA CARIDAD 

CORNEJO CAN, JUEZA TERCERA INTERINA DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, POR ANTE MI, 

LICENCIADA LORENA GUADALUPE LÓPEZ MAY, 

SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA QUE 

CERTIFICA Y DA FE. - - - 
ECCC/LGLM/GAZV
LA LICENCIADA LORENA GUADALUPE LOPEZ MAY, 

SECRETARIA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO 

CERTIFICA QUE EL NOMBRE COMPLETO DEL 

DEMANDADO ES SANTIAGO OLIVARES ZAPATA.

DOS FIRMAS ILEGIBLES. RUBRICAS.

Lo  que  notifico  a  Usted,  por  medio  de  Periódico  Oficial 

del Estado, de conformidad con lo señalado por el artículo 

106 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado. Conste. Doy fe.

San Francisco de Campeche, Campeche a 04 de marzo 

de 2021.- Actuario Enlace Interino, Lic. Carlos David Díaz 

Lanz.- Rúbrica.