PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 36

San Francisco de Campeche,

Cam., Junio 22 de 2021

y ISRAEL CANUL SULUB, toda vez que no señalan el 

número de Registro Federal de Contribuyente (RFC), por 

lo que no cumple con todos los requisitos establecidos en 

el numeral 49 inciso B del Código Procesal Civil del Estado. 

4) Se le hace del conocimiento que por lo que respecta a 

autorizar a PEDRO SIERRA OLIVARES, ISRAEL CANUL 

SULUB Y/O MARIO ISIDRO RODRÍGUEZ NOH, para oír y 

recibir notificaciones, no ha lugar acordar favorablemente, 

toda  vez  que  dicha  figura  no  se  encuentra  prevista  en 

nuestra legislación procesal de la materia, sino solo la de 

gestor judicial, Apoderado y Asesor técnico, y en la especie, 

tales nombramientos no se ajustan a lo exigido en los 

artículos 49 “A” Y 49 “B” del Código Adjetivo en comento, 

por lo que se le desecha de plano dicha petición. 

5) - De conformidad con los artículos 1923, 1924, 1926 

y demás relativos aplicables del Código Civil del Estado, 

se admite la  FORMALIZACIÓN Y RATIFICACIÓN 

PARCIAL Y LA CONSECUENTE INDIVIDUALIZACIÓN 

DEL CONTRATO DE CESIÓN ONEROSA DE CARTERA 

DE DERECHOS DE CRÉDITO, LITIGIOSOS Y EN 

EJECUCIÓN, Y COMPULSA DE DOCUMENTOS, que 

celebran por una parte “BANCO SANTANDER SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SANTANDER, AHORA BANCO SANTANDER 

(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANTER 

MEXICO”,(cedente) y por otra la sociedad denominada 

“DECAROME” SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA 

DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (cesionario), 

quedando el cesionario en el grado y prelación que tenía 

el cedente, respecto del crédito hipotecario de JAVIER 

ALBERTO MENA PACHECO.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. ASÍ 

LO PROVEYÓ Y FIRMA LA MAESTRA EN DERECHO 

ALMA PATRICIA CU SÁNCHEZ, JUEZA INTERINA DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 

ESTADO, POR ANTE LA LICENCIADA ZOILA DE LAS 

MERCEDES PEDRAZA ROSADO, SECRETARIA DE 

ACUERDOS, QUE CERTIFICA Y DA FE...” 

2) Publicaciones que se realizarán por tres veces en 

el espacio de quince días, esto es, luego de la primera 

notificación  en  día  hábil  deberá  realizarse  la  última  el 

décimo quinto día hábil del plazo señalado en el precepto 

anteriormente invocado y la segunda publicación deberá 

realizarse entre la primera y la última, acorde a lo establecido 

en los artículos 52 y 53 del Código Adjetivo Civil, haciendo 

saber a la parte actora que en caso de no ajustarse a 

tales requisitos de legalidad y seguridad jurídica no se 

tendrá por satisfecho el legal emplazamiento ordenado a 

la parte demandada para la debida integración de la litis 

del procedimiento que nos ocupa. Una vez realizadas 

las publicaciones, la parte demandada tendrá un término 

de QUINCE DÍAS HÁBILES, para contestar la demanda, 

contados a partir del día siguiente hábil, en que se haga 

la última publicación, asimismo se le hace saber que las 

copias de la demanda y documentos anexos quedan a su 

disposición en la Secretaria de este Juzgado Segundo civil 

de este Primer Distrito Judicial del Estado, conformidad 

con los artículos 106 y 269 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado.

3) Se le hace saber al ocursante que dichas publicaciones 

es a costa de parte, de conformidad con el artículo 114 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, y en atención 

al siguiente criterio Federal aplicado por analogía:

“EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO 

INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO 

NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL 

JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA 

NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS 

EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.[1]El derecho 

de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos, regulado 

en los artículos 10 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

cuales consagran el derecho a un recurso efectivo, 

entendido éste como aquel que sea viable o posible para 

el fin que pretende enmendarse, así como el principio de 

igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído con justicia 

por un tribunal, connotaciones que están inmersas en el 

precepto 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado el disfrute del 

derecho a tener un acceso efectivo a la administración de 

justicia que imparten los tribunales, en donde el justiciable 

pueda obtener una resolución en la que, mediante la 

aplicación de la ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste 

o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional 

ha solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a 

la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito y, 

por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro lado, el 

emplazamiento al tercero interesado dentro de un juicio, 

encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 

constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales 

del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, 

que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para 

los gobernados; que impone la ineludible obligación a 

cargo de las autoridades para que, de manera previa, al 

dictado de un acto de privación cumpla con una serie de 

formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a 

los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento 

no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, 

con  la  notificación  en  el  domicilio  del  tercero  interesado, 

la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su 

investigación, se efectúe a través de edictos, no obstante, 

ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, 

en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, 

en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el 

numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin 

embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad