PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 17

San Francisco de Campeche,

Cam., Agosto 6 de 2021

las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 

nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas 

apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el niño a dar efectividad a este derecho 

y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material 

y programas de apoyo, particularmente con respecto a la 

nutrición, el vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los padres u otras personas 

que  tengan  la  responsabilidad  financiera  por  el  niño, 

tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el 

extranjero. En particular, cuando la persona que tenga 

la  responsabilidad  financiera  por  el  niño  resida  en  un 

Estado diferente de aquel en que resida el niño, los 

Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios 

internacionales o la concertación de dichos convenios, 

así como la concertación de cualesquiera otros arreglos 

apropiados.

Principios que son de observancia obligatoria para todas 

las autoridades del Estado Mexicano, al derivar de un 

compromiso internacional asumido por nuestro país en 

reconocimiento a los derechos humanos y en términos 

del articulo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, deben ser respetados sin poder 

restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que dicha Constitución establezca. 

Nuestra Carta Magna reconoce como derecho 

fundamental la tutela jurisdiccional efectiva, misma que 

se  define  como  el  derecho  público  subjetivo  que  toda 

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen 

las leyes, para accederé de manera expedita a tribunales 

independientes e imparciales, a plantear una pretensión 

o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un 

proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 

decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 

ejecute esa decisión.   - - 

Por su parte el debido proceso es el derecho que 

tiene toda persona como parte sustancial de cualquier 

procedimiento de naturaleza jurisdiccional y que 

comprende a las denominadas formalidades esenciales 

del procedimiento, que permiten una defensa previa a la 

afectación o modificación jurídica que puede provocar el 

acto de autoridad y que son la notificación del inicio del 

procedimiento, la oportunidad de desahogar y ofrecer 

pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de 

alegar, una resolución que dirima las cuestiones debatidas 

y la posibilidad de impugnar dicha resolución. 

De igual forma los artículos 14 y 17 de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establecen que nadie puede ser privado de la libertad, 

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho, se cumplan las formalidades 

del procedimiento; de manera que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán libres para impartirlas en los plazos y términos 

en  que  fijen  las  leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de 

manera pronta, completa e imparcial, condiciones que se 

consagran en dos garantías fundamentales, la del debido 

proceso y la de seguridad jurídica.  - - 

Cabe señalar que de igual forma tenemos que nuestra 

legislación local, establece que las determinaciones que 

se tomen respecto a los derechos de guarda, custodia y 

convivencias, pueden ser revisados continuamente por la 

Juez del conocimiento, esto de acuerdo a lo señalado en 

el párrafo segundo del artículo 299 del Código Civil del 

Estado, que dispone: 

Art. 299.- La sentencia de divorcio fijará la situación de 

los hijos menores de edad. Ambos padres tendrán la 

obligación de contribuir económicamente, en proporción 

a sus bienes e ingresos, a las necesidades de sus hijos 

y a la subsistencia y a la  educación de éstos en los 

términos y condiciones que este Código dispone. En la 

sentencia  definitiva,  el  juez  determinará  el  monto  de  la 

pensión alimentaría que cada uno de ellos deberá abonar 

a favor de sus hijos.

Todas las determinaciones a que este artículo y los 

artículos 300 y 301 se  contraen no tendrán el carácter de 

definitivas, por lo que el juez a petición de parte legítima 

podrá  modificarlas,  con  el  objeto  de  adecuarlas  a  las 

condiciones y circunstancias que imperen en el momento 

de dicha petición.

Por lo anterior y siendo que de las pruebas ya 

valoradas en las líneas citadas arriba, se obtuvo que la 

niña A.G.T.T., se encuentra bajo el cuidado directo de su 

progenitor, amén de que la misma se encuentra bien de 

salud y viviendo en un espacio digno y acorde a su edad, 

además de que su derecho a la educación, salud, cultura, 

seguridad, etc…, se encuentra debidamente garantizado, 

se decreta la guarda y custodia de la niña A.G.T.T., a favor 

de su padre JOB GUADALUPE TORRES RAMIREZ.   

V.-  De conformidad con lo que establece el 

artículo 299 del Código Civil del Estado de Campeche, 

y siendo que ambos padres están obligados a contribuir 

al sostenimiento y educación de sus menores hijos, por 

todo el tiempo que duren los derechos de estos a percibir 

alimentos, por lo tanto, se fija a favor de la niña A.G.T.T., 

representada por su progenitor JOB GUADALUPE 

TORRES RAMIREZ, el porcentaje consistente en el 20% 

(VEINTE POR CIENTO), de todas y cada una de las 

percepciones económicas diarias y demás prestaciones