Periódico Oficial 

Victoria, Tam., miércoles 22 de septiembre de 2021

 

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En tal sentido, el voto por candidaturas independientes no puede invalidarse para efectos de determinar si un partido 
político alcanza el umbral del 3%, toda vez que se trata de votos válidos que no se emitieron a favor de las candidaturas 
de partido político alguno. En esa virtud, lo que determina el umbral y la continuidad del registro es la suma de 
voluntades ciudadanas a través de su voto, en un porcentaje suficiente que soporte la existencia de un partido político. 

Además, esta Sala Superior advierte la razonabilidad de que también se tomen en cuenta los votos expresados a favor 
de los candidatos independientes, pues con independencia de que obtengan o no el triunfo en la elección por la cual 
estén contendiendo, lo cierto es que constituyen una opción por la cual el electorado se puede pronunciar, y, en ese 
sentido, pueden lograr en mayor o menor medida la representatividad de determinado sector de la ciudadanía, y de ahí 
que no exista justificación alguna para no considerar los votos emitidos en su favor. 

Dicho en otros términos, en razón del sistema que ahora existe, por una parte, los ciudadanos no solo cuentan con las 
alternativas que les presentan los partidos políticos nacionales, a través de sus candidatos registrados, sino que 
también con las opciones políticas que representan los candidatos independientes; y por otra, los institutos políticos ya 
no solo tienen como contendientes a otros partidos políticos, sino que también se enfrentan a la competencia que 
representan las referidas candidaturas, de tal forma que deben buscar convencer, y sobre todo, obtener el respaldo del 
electorado, para no sólo ganar las correspondientes elecciones, sino también para mantener su registro como partidos 
políticos. 

…. 

Conforme a lo expresado, dicho alto tribunal definió que los votos recibidos para candidatos independientes, no se 
contabilizan para la asignación de curules por el principio de representación proporcional, dado que se trata de votos 
que en ningún momento tuvieron como finalidad beneficiar a los partidos políticos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si no se contabilizaran los votos emitidos por la ciudadanía a favor de candidatos 
independientes, a fin de determinar la “votación válida emitida” para la validación del registro de un partido político 
nacional, ello se traduciría en dejar sin efectos una votación que legítimamente fue emitida, por la vía del sufragio 
directo, a favor de determinada opción política. 

Es necesario señalar que se puede advertir que la finalidad de la norma constitucional que se viene analizando, es que 
aquellos partidos políticos nacionales que no cuenten con la suficiente representatividad, no continúen conservando su 
registro como partido político nacional, toda vez que, atendiendo al sistema de partidos políticos nacionales, la 
obtención del registro como tales, implica que se les otorgue una serie de prerrogativas y derechos, a cargo del Estado, 
de tal forma que, el Poder Revisor de la Constitución consideró necesario establecer que aquellos partidos políticos que 
no contaran con una representatividad mínima del 3%, no conservaran su registro. 

En conclusión, esta Sala Superior determina que la “votación válida emitida”, para efectos de conservar el registro 
como partido político nacional o para tener derecho a la asignación de diputados plurinominales, se integra con los 
votos depositados en las urnas, a favor de los distintos partidos políticos y candidatos independientes, por lo que sólo 
deben deducirse, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. 

… 

[…] 

En este tenor, es pertinente señalar que la Sala Superior, en el criterio sustentado en la tesis relevante XIX/2017, 
sostiene que, ante la cancelación de registro de candidatura, los sufragios deben considerarse inválidos, como se 
aprecia de su contenido, que se transcribe a continuación: 

TESIS XIX/2017. VOTOS INVÁLIDOS. SON AQUELLOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA CANDIDATURA CUYO 
REGISTRO FUE CANCELADO (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA Y SIMILARES).- 
De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 35, fracción II y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como 8, 144 y 223, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de esa entidad federativa, se desprende que la cancelación del registro de una candidatura 
previamente a la jornada electoral, implica la nulidad de los votos emitidos a su favor, pues se trata de sufragios 
inválidos que se sumarán a los votos nulos, porque se emiten a favor de una candidatura que al día de la jornada 
electoral no cuenta con el registro legal correspondiente. 

En la sentencia SUP-REC-828-2016, que dio origen a la tesis que antecede, el asunto planteaba la situación de 
que una candidatura cancelada antes de la Jornada Electoral, misma que seguía apareciendo en la boleta 
porque no fue posible reimprimirla y la ciudadanía marcó ese recuadro; en dicho asunto, esa candidatura 
cancelada obtuvo la mayoría de la votación y las personas que habían sido candidatas exigían el reconocimiento 
de su triunfo; por tanto, en ese caso concreto la litis se centró en determinar si los votos obtenidos por la 
candidatura cancelada eran válidos o nulos y si era dable otorgar el triunfo y la consecuente constancia de 
mayoría y validez a la fórmula de candidaturas cuyo registro se canceló. Según se aprecia, al resolver el caso 
concreto, la Sala Superior concluyó que esos votos no podían generar un efecto jurídico válido y los ubicó en la 
categoría de “votos inválidos” que debían “sumarse a los votos nulos”, sin distinguir su categoría, tal y como a 
continuación se transcribe de la sentencia de la Sala Superior: 

[…] 

Votación emitida respecto de una fórmula que aparece en la boleta, pero cuyo registro ha sido cancelado. 

Los procesos electorales se desarrollan a través de una serie de etapas sucesivas concatenadas entre 
sí (sustancialmente: preparación de la elección, jornada electoral, así como resultados y declaración de validez), de 
manera que la anterior sirve de base firme para las subsecuentes. 

Así, cuando los actos o resoluciones inherentes a cada etapa no son controvertidos en su oportunidad, o se realiza la 
impugnación ante el órgano jurisdiccional correspondiente agotándose en tiempo y forma toda la cadena 
impugnativa, adquieren definitividad.