PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 4

San Francisco de Campeche,

Cam., Septiembre 21 de 2021

se funda en ella y se emita otra en la cual no se aplique 

el precepto legal considerado inconstitucional, y si su 

aplicación se realizó en el acto originalmente impugnado 

ante la autoridad que emitió la sentencia, el efecto será 

dejar insubsistente ese acto, para que se emita uno 

nuevo apegado a lo sostenido en la ejecutoria de amparo. 

En cambio, la declaración de inconstitucionalidad de 

una ley en el amparo indirecto tiene como efecto dejar 

insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no 

se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías 

hasta que se reforme. 

1

Por tal motivo y de conformidad con los artículos 259, 

260, 261, 262, 263, 266 y demás relativos aplicables 

del Código Procesal Civil del Estado, se da entrada a la 

demanda; y respetando el derecho humano a la dignidad 

y libertad del actor, este trámite de divorcio será 

SIN 

EXPRESIÒN DE CAUSA.  

En nuestra legislación procesal civil, no se encuentra 

regulada tramitación especial para los divorcios 

sin expresión de causa. Sin embargo, este órgano 

jurisdiccional, tiene como fin, el de garantizar el acceso a 

la tutela judicial efectiva de los gobernados, al tenor de lo 

que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, teniendo concordancia 

con lo que señalan los pactos internacionales firmados 

y  ratificados  por  nuestro  país,  y  que  por  ende,  al  ser 

Estado Parte, nuestro país está obligado a su debido 

cumplimiento, por lo que es pertinente destacar lo 

que  refieren  dichos  pactos  internacionales  en  relación 

jurisdiccional en mención. 

El 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, en el art. 14.1 consagra el derecho de acceso 

a la justicia, al establecer que “Todas las personas son 

iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 

con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil”.

Similar redacción se encuentra en el art. 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Pacto de San José de Costa Rica, que determina que 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 

o tribunal por la Ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

 

 Época: Novena Época  Registro: 176250  Instancia: 

Primera Sala  Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Común Tesis: 1a. CLXXXII/2005  

Página: 729 Amparo directo en revisión 417/2005. Villauto Monterrey, S.A. de C.V. 18 

de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe 

Robles Denetro.

De igual manera, los artículos 21 y 22 del Código Civil del 

Estado de Campeche, disponen lo siguiente:

Art. 21.- El  silencio,  obscuridad  o  insuficiencia  de  la 

ley no autoriza a los jueces o tribunales para dejar de 

resolver una controversia. 

Art. 22.- Las controversias judiciales del orden civil 

deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a 

su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán 

conforme a los principios generales de derecho.- 

Ante ello, esta juzgadora declara procedente la vía 

seguida en el presente juicio, sirviendo de apoyo la tesis 

aislada que a continuación se transcribe:

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. VIA 

EN LA QUE DE SEBE DE TRAMITAR EL JUICIO 

(LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL). En 

atención a que las reglas de tramitación y substanciación 

del juicio de divorcio sin expresión de causa, se 

encuentran contempladas en el Título Sexto, Capítulo 

I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, correspondiente a los Juicios Ordinarios, se 

concluye que en la vía de tramitación de dicho juicio es 

la ordinaria civil, en el entendido de que guarda múltiples 

peculiaridades que lo hacen diferente y a las que habrá 

de atenderse en su tramitación. Asimismo, se excluye la 

posibilidad de que su tramitación se verifique en la vía 

de controversia familiar no sólo porque ésta guarda una 

lógica que apunta hacia la cohesión y preservación del 

grupo familiar (opuesta al resultado que se pretende 

en el Juicio de divorcio), sino porque existe disposición 

expresa en contrario (artículo 942 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal) y porque, 

además, los plazos previstos para la vía de controversia 

familiar son más amplios y se oponen al principio de 

celeridad perseguido por el legislador con la instauración 

del divorcio sin expresión de causa; no obstante 

conviene aclarar que esa circunstancia no impide que 

al Juicio de divorcio le sean aplicables algunos de los 

principios generales que rigen a los procesos del orden 

familiar. Contradicción de tesis 63/2011. Suscitada entre 

los tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Décimo 

Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 22 

de agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: 

mayoría de cuatro votos por la competencia, disidente: 

José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en 

cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretarios: Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Mireya 

Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez Moreno, Mario 

Gerardo Avante Juárez y Rosalía Argumosa López.” 

Tesis aislada CCXLIV/2012 (10ª)

Y pese a que los criterios que señala el promovente no 

son aplicables en nuestro Estado, no se puede dejar de 

observar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha conceptualizado el divorcio Incausado: 

“  como la disolución del vínculo conyugal que previa 

solicitud formulada, incluso por uno solo de los cónyuges, 

puede ser decretado por la autoridad judicial, basta para