PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Septiembre 21 de 2021

ello  con  que  aquél  manifieste  su  voluntad  de  dar  por 

terminado el matrimonio, sin necesidad de invocar causa 

o motivo alguno y sin importar la posible oposición del 

otro cónyuge”, 

Atendiendo a los principios de Derechos Humanos 

consagrados en los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 1, 2, 

3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen que 

toda persona tiene derecho a la libertad, así como al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, teniendo el derecho a la protección de la ley 

contra tales inherencias o ataques, esto es, reconocen 

una superioridad a la dignidad humana, como derecho 

fundamental, derivan todos los demás derechos, en 

cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle 

íntegramente su personalidad, como el derecho al estado 

civil de las personas, la manera en que logrará sus metas 

y objetivos. Por otra parte, el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 

que todo individuo gozará de los derechos humanos 

reconocidos en ella y que éstos no podrán restringirse 

ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la 

misma establece, así como que queda prohibida toda 

discriminación que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

humanos y libertades de las personas; en tanto el artículo 

4 de la propia norma, establece “que el varón y la mujer 

son iguales ante la ley” 

Por tal motivo ante la expresión de voluntad de la parte 

solicitante de disolver el vínculo matrimonial, en atención 

a estas garantías esta autoridad no tiene por qué 

calificar ni investigar las causas que le llevaron a tomar 

tal determinación, asimismo la contraparte no requiere 

justificar  ni  requiere  aceptar  u  oponerse  para  que  este 

vínculo sea disuelto. Lo anterior va en concordancia con 

lo establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, cuya parte tercera trata 

sobre la observancia, aplicación e interpretación de los 

tratados y que textualmente dice:

“…Art. 27. El derecho interno y la observancia de los 

tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones 

de su derecho como justificación del incumplimiento de 

un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 46…”

Las autoridades mexicanas en el ámbito de sus respectivas 

competencias no pueden dejar de aplicar las nuevas 

disposiciones con el argumento de que su legislación 

local, como es en este caso el Código Civil del Estado de 

Campeche, se opone al mismo. Cabe agregar, que existe 

un derecho constitucional a elegir la forma de vida que 

mejor convenga al individuo, con el fin de conseguir el 

medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 

de tal suerte que es constitucionalmente valido, el 

resolver un problema existente en la práctica judicial, 

como lo es una controversia de divorcio que comprende 

varias etapas procesales, desahogo de pruebas, etc., 

que invaden la intimidad y dañan profundamente a las 

personas integrantes de una familia, en su integridad y 

estabilidad física, emocional y económica, valores que 

se encuentran por encima de la subsistencia forzosa del 

vínculo matrimonial. Tampoco hay que dejar de observar 

que una de las obligaciones del Estado es proteger la 

integridad física y psicológica de sus ciudadanos, así 

como lo de las niñas, niños y adolescentes mediante la 

ley y que el modo de concebir las relaciones de pareja en 

nuestra sociedad ha variado, por lo tanto, la problemática 

legal corre a cargo de los Poderes Judiciales, mediante la 

implementación de procesos más agiles y menos dañinos 

para las familias, teniendo en cuenta que los jueces 

locales se han convertido en Juez de Convencionalidad, 

por lo que ante la negativa de actuar se incurriría en 

responsabilidad del Estado Mexicano.

Entonces basado en lo anterior resulta innecesario y no 

violatorio de derechos humanos, ni de la Ley Adjetiva 

Civil del Estado, inaplicar el artículo 287 del Código Civil 

del Estado, de ahí que los jueces no violan derecho 

alguno de las partes al ordenarse la disolución del vínculo 

matrimonial únicamente. Sustentado este razonamiento 

en los siguientes criterios federales:

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN 

LA MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente 

a partir del día siguiente de su publicación, se reformó 

y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas 

obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas 

relativas a derechos humanos se interpretarán conforme 

a la Constitución y a los tratados internacionales en la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia, es decir, que los derechos 

humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental 

y los tratados internacionales suscritos por México, y 

que la interpretación de aquélla y de las disposiciones 

de derechos humanos contenidas en instrumentos 

internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las 

mejores condiciones para las personas. Asimismo, del 

párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, conforme a los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, 

en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos en los términos que establezca la ley, lo cual 

conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas 

las personas por igual, con una visión interdependiente, 

ya que el ejercicio de un derecho humano implica 

necesariamente que se respeten y protejan múltiples 

derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y 

todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo