PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Septiembre 21 de 2021

protección necesaria de los hijos sobre la base única del 

interés y convivencia de ellos; es decir existiendo una 

igualdad de género, la cual consistente en el acceso 

de las mujeres y de los hombres al mismo trato y 

oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de 

los derechos humanos; por lo que la igualdad de género 

tiene su base en la equidad, la cual propone tomar en 

cuenta las diferencias entre las personas para conseguir 

la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en 

todos los ámbitos.

La implementación de este mecanismo no es violatorio 

de la garantía de audiencia, 

pues basta la petición de 

una de las partes de disolver su vínculo matrimonial 

para que el estado proteja dicha voluntad, ya que 

como se ha señalado, nadie puede ser obligado a 

vivir un estado civil que ya no desea, además de que 

dicho estado ha dejado de existir, al estar separado 

los cónyuges, no cumpliéndose realmente con el 

objetivo que tiene la palabra matrimonio.- 

Y toda vez que en este asunto se observa que la acción 

intentada es la de divorcio, donde la prestación que se 

exige es la declaración de su procedencia, por cuanto a 

la disolución del vínculo matrimonial que une. Por todo 

lo anterior, la suscrita juzgadora debe declarar, como 

desde luego así lo declara 

HA SIDO PROCEDENTE EL 

DIVORCIO Y SEPARACIÓN MATERIAL de los MIGUEL 

SEGOVIA LÓPEZ y ESTELA BINEY ÁVILA MARTÍNEZ. 

Asimismo  y  en  virtud  de  que  la  certificación  de  acta 

de matrimonio de los ciudadanos

 MIGUEL SEGOVIA 

LÓPEZ y ESTELA BINEY ÁVILA MARTÍNEZ, señala que 

lo hicieron bajo el régimen de 

SOCIEDAD CONYUGAL, 

por lo que se da por terminada, conforme al artículo 210, 

del Código Civil del Estado de Campeche.

 Por otra parte, también resulta conveniente aclarar que 

la disolución del vínculo matrimonial, al ser una sentencia 

de tipo declarativa, 

no requiere que cause ejecutoria 

de manera expresa, ya que mediante ella se termina 

con un estado de incertidumbre de carácter civil, no 

estableciendo obligaciones personales ni reales a cargo 

de ninguna de las partes, sino se limita a declarar o 

negar la existencia de una situación jurídica, vale decir 

que el divorcio no es susceptible de ejecución porque la 

declaración judicial basta para satisfacer el interés del 

actor.- 

De  la  misma  manera,  habiendo  sido  notificada  y 

emplazada la parte demandada y habiendo transcurrido 

el termino para que las partes interponga algún recurso 

en contra de la sentencia declarativa y una vez solicitadas 

las anotaciones, se procederá a dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 308 del Código Civil del Estado 

en vigor, girándose atento oficio al 

C. Oficial del Registro 

Civil de Chetumal, Quintana Roo, para que proceda a 

realizar la anotación respectiva en el acta de matrimonio 

de los 

ciudadanos MIGUEL SEGOVIA LÓPEZ y ESTELA 

BINEY ÁVILA MARTÍNEZ, inscrita en la acta de número 

00344 (cero, cero, tres, cuatro, cuatro), del libro 2 

(dos),  con fecha de registro 24/06/1982 (veinticuatro 

de junio del año mil novecientos ochenta y dos); 

debiendo levantar el acta correspondiente, publicando un 

extracto de esta resolución en las tablas destinadas para 

ello en un espacio de quince días, en cumplimiento a lo 

que establecen los artículos 124, 125 y 126 del Código 

Civil del Estado en vigor, para lo cual la parte actora, 

deberá presentar el recibo correspondiente del pago de 

impuesto  fiscal  en  el  estado  que  corresponda,  para  la 

inscripción del divorcio.

Se les hace saber a los 

MIGUEL SEGOVIA LÓPEZ 

y ESTELA BINEY ÁVILA MARTÍNEZ, que quedan 

capacitados para contraer nuevo matrimonio.

En cuanto a los hijos habidos en el matrimonio, los 

Ciudadanos 

LANDY YAZMIN SEGOVIA AVILA y 

EDGAR SEGOVIA AVILA, no se decreta nada respecto 

a la guarda y custodia; y convivencia, toda vez que los 

antes mencionado han alcanzado la mayoría de edad, 

de conformidad con los artículos 28, 658, 659 del Código 

Civil del Estado.

Por consiguiente, con respecto a los alimentos y 

atendiendo  a  las  copias  certificadas  que  adjunta  la 

parte actora al escrito inicial de demanda, mismas que 

advierten valor probatorio; por tanto, no se decreta nada 

al respecto, toda vez que ya se encuentran garantizados 

dentro de los autos del expediente número 788/05-

2006/2F-II, promovido ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Segundo 

distrito Judicial del Estado, por tal motivo y a fin de evitar 

duplicidad de medidas provisionales, se deja lo decretado 

en autos de dicho expediente.-

Por otro lado, hágasele del conocimiento a la ciudadana 

ESTELA BINEY ÁVILA MARTÍNEZ, que cuenta con 

el término de SEIS DÍAS hábiles a partir de que quede 

enterada de la presente resolución para que haga valer 

sus derechos respecto a la pensión compensatoria, según 

lo dispone el artículo 266 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado en vigor, aplicado de manera analógica; 

en caso de no hacerlo así quedan a salvo sus derechos 

de petición. 

Toda vez que para efectos de decretar los alimentos 

compensatorios, la suscrita juzgadora deberá de analizar 

las probanzas necesarias, que permitan realizar un 

análisis completo de las circunstancias del caso en 

específico,  tomando  entre  otras  cosas  las  necesidades 

del acreedor; la edad, el estado de salud de ambos, su 

calificación profesional, sus posibilidades de acceso de 

un empleo; la duración del matrimonio; es decir si con 

la disolución del vínculo matrimonial, la acreedora de 

alimentos se colocó en una situación  de desventaja 

económica; que indique su capacidad para hacerse de 

los medios suficientes para sufragar sus necesidades.

La pensión compensatoria encuentra su razón de ser, 

tanto en un deber asistencial, como resarcitorio, derivado 

del desequilibrio económico puede provocar el divorcio; 

es decir, el derecho a alimentos después de la disolución 

surge a raíz de que el Estado debe garantizar a igualdad 

y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los