PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 10

San Francisco de Campeche,

Cam., Septiembre 21 de 2021

ex cónyuges.

Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis 

Época: Décima Época 

Registro: 2007988 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I 

Materia(s): Civil 

Tesis: 1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.) 

Página: 725

PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA 

A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE 

DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL 

PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA 

CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO 

ECONÓMICO. Esta Primera Sala advierte que en el caso 

del matrimonio, la legislación civil o familiar en nuestro 

país establece una obligación de dar alimentos como 

parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. 

Así, en condiciones normales, la pareja guarda una 

obligación recíproca de proporcionarse todos los medios 

y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la 

vida en común y establecer las bases para la consecución 

de  los  fines  del  matrimonio.  Sin  embargo,  una  vez 

decretada la disolución del matrimonio esta obligación 

termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una 

nueva que responde a presupuestos y fundamentos 

distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre 

de “pensión compensatoria”, aunque en la legislación de 

nuestro país se le refiera genéricamente como pensión 

alimenticia. En efecto, se advierte que a diferencia de 

la obligación de alimentos con motivo de una relación 

matrimonial o de concubinato, la pensión compensatoria 

encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial 

como resarcitorio derivado del desequilibrio económico 

que suele presentarse entre los cónyuges al momento 

de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, 

esta Primera Sala considera que el presupuesto básico 

para que surja la obligación de pagar una pensión 

compensatoria consiste en que, derivado de las 

circunstancias particulares de cada caso concreto, la 

disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los 

cónyuges en una situación de desventaja económica 

que en última instancia incida en su capacidad para 

hacerse  de  los  medios  suficientes  para  sufragar  sus 

necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a 

un nivel de vida adecuado. Por tanto, podemos concluir 

que la imposición de una pensión compensatoria en 

estos casos no se constriñe sencillamente a un deber 

de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo 

compensar al cónyuge que durante el matrimonio se 

vio imposibilitado para hacerse de una independencia 

económica,  dotándolo  de  un  ingreso  suficiente  hasta 

en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de 

proporcionarse a sí misma los medios necesarios para 

su subsistencia. Amparo directo en revisión 269/2014. 

22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José 

Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 

formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta 

tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 

09:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Y en atención a la garantía de audiencia prevista en 

los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, dese vista al 

ciudadano

 ESTELA BINEY AVILA MARTINEZ, en el 

domicilio ubicado en 

calle Puerto Dos Bocas, número 

34, Manzana 10, Lote 8, Renovación I, entre calle 

Puerto Campeche y Ensenada, de esta ciudad; con 

la entrega de las copias simples de traslado, exhibidas 

y debidamente cotejadas  respecto a la declaración 

de divorcio, dándole el termino de seis días para dar 

contestación a la demanda, sin que dicha vista sea para 

inconformarse al respecto, en virtud de que la disolución 

del vínculo matrimonial no está sujeta a su conformidad, 

atendiendo al libre desarrollo de la personalidad, por lo 

que en su momento quedará firme el decreto de divorcio 

y se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 308 

del Código Civil del Estado en vigor.

Por otra parte, en cumplimiento a lo que establecen los 

artículos 16, párrafo primero y segundo de la Constitución 

Política de los estados Unidos Mexicanos; 23, 113 

fracción XI y 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información pública; 44,113 fracción VII y 

123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche, se hace saber a las 

partes que los datos personales que existen en los 

expedientes y documentación relativa al mismo, se 

encuentran protegidos por ser información confidencial y 

para permitir el acceso a esta información por diversas 

personas, se requiere que el procedimiento jurisdiccional 

haya causado ejecutoria, para no considerarse como 

información reservada, pero además obtener el 

consentimiento expreso de los titulares de estos datos, 

todo lo anterior sin perjuicio de lo que determine el Comité 

de Transparencia.

Por último, se le hace saber a las partes, que quedan 

a disposición de 

copias  simples  o  certificadas del 

presente expediente, sin necesidad de hacerlo por escrito, 

acudiendo en días y horas hábiles para ser entregadas, 

esto de conformidad con el artículo 65 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, previo 

pago que realice y constancia de recibo. NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- ASÍ LO PROVEYÓ 

Y FIRMA LA MAESTRA EN DERECHO JUDICIAL LUCÍA 

RIZOS RODRIGUEZ, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, POR 

ANTE LA LICENCIADA YENI ANAILS PÉREZ VARGAS, 

SECRETARIA DE ACUERDOS CON QUIEN ACTÚA Y