PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 14

San Francisco de Campeche,

Cam., Septiembre 21 de 2021

ESTADO. CASA DE JUSTICIA. SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE; A VEINTIOCHO DE JUNIO 

DE DOS MIL VEINTIUNO.

VISTOS: 1).- Con el estado que guardan los presentes 

autos; 2).- y con el escrito del Licenciado Alejandro 

Noé Chan Centurión a través del cual solicita se 

declare la ignorancia del domicilio del demandado.- 

EN CONSECUENCIA; SE PROVEE: 1).- Se tiene 

por presentado al Licenciado Alejandro Noé Chan 

Centurión con su memorial de cuenta; en atención a 

lo solicitado por el ocursante y  toda vez que en autos 

obran  las  respuestas  de  los  oficios  enviados  por  las 

diversas dependencias a las cuales se les solicitara 

su colaboración para la localización del domicilio del 

C. Carlo Iván Sierra Cetina, amén que no pudo ser 

emplazado a juicio en los domicilios recabados, en tal 

virtud y de conformidad con lo establecido en el artículo 

106 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, SE 

DECLARA LA IGNORANCIA DEL DOMICILIO DEL C. 

CARLOS IVAN SIERRA CETINA, sirviendo de ilustración 

la tesis jurisprudencial que a la letra dice:

Época: Décima Época

Registro: 2010769

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV

Materia(s): Constitucional

Tesis: I.6o.C.9 K (10a.)

Página: 3318

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO 

INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO 

NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL 

JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA 

NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS 

EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El derecho de acceso a la justicia se refleja en diversos 

instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, regulado en los artículos 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho a 

un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea 

viable  o  posible  para  el  fin  que  pretende  enmendarse, 

así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, el 

de ser oído con justicia por un tribunal, connotaciones 

que están inmersas en el precepto 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar 

al gobernado el disfrute del derecho a tener un acceso 

efectivo a la administración de justicia que imparten 

los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener 

una resolución en la que, mediante la aplicación de la 

ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la 

razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha 

solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a 

la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito 

y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro 

lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de 

un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del 

artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades 

esenciales  del  procedimiento,  específicamente  de  la 

audiencia previa, que se traduce en un derecho de 

seguridad jurídica para los gobernados; que impone la 

ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa, al dictado de un acto de privación 

cumpla con una serie de formalidades esenciales 

necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese 

sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse 

de la manera habitual, es decir, con la notificación en el 

domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé 

la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a 

través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya 

erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a 

quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin 

hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción 

III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe 

una excepción cuando hay imposibilidad económica para 

sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual 

debe correlacionarse con los elementos que consten en 

los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la 

situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece 

a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad 

económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en 

aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, 

de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. 

De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en 

el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 

que señala la imposición del costo de edictos a la parte 

quejosa es convencional, al existir previsión legal en la 

que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar 

y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica 

para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de 

la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de 

gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a 

la jurisdicción.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 137/2013. Berna Impreso, S.A. de C.V. y otra. 

15 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: