PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 10

San Francisco de Campeche,

Cam., Octubre 12 de 2021

CAUSA PARA LOGRAR LA DISOLUCIÓN DEL 

VINCULO MATRIMONIAL, CUANDO NO EXISTE 

CONSENTIMIENTO MUTUO, ES INCONSTITUCIONAL 

AL RESTRINGIR EL DERECHO AL DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD HUMANA. De acuerdo con los 

artículos 21, 22 y 68 del Código Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el matrimonio es la unión 

voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con igualdad 

de derechos y obligaciones, con la posibilidad de procrear 

hijos y de ayudarse mutuamente, que se extingue por 

el divorcio, muerte o presunción de esta, de uno de los 

cónyuges o por declaratoria de nulidad; sin embargo los 

numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos 1, 2, 3, 5 y 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 3, 16, y 23 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad, 

así como al reconocimiento  de su personalidad jurídica 

y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias arbitrarias, esto es, reconocen 

una superioridad de la dignidad humana. Por su parte, 

el artículo 1°. De la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que todo individuo gozara de 

los derechos humanos reconocidos en ella y que estos no 

podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 

condiciones que la misma establece, así como que queda 

prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad 

humana y que tenga por objetos anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas; en tanto que el 

diverso 4°, de la propia Norma Suprema establece que 

el varón y la mujer  son iguales ante la ley, y que esta 

protegerá  la  organización  y  el  desarrollo  de  la  familia; 

que toda persona tiene derecho a decidir de manera 

libre sobre el numero y el espaciamiento de sus hijos, así 

como a la protección de la salud. Por otra parte, el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la 

tesis P.LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación  y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, 

diciembre 2009, pag. 7, de rubro: “DERECHO AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS 

QUE COMPRENDE.”, estableció que la dignidad humana 

como  derecho  fundamental,  derivan  todos  los  demás 

derechos, en cuanto son necesarias para que el hombre 

desarrolle integralmente su personalidad, como el derecho 

al estado civil de las personas, pues el individuo tiene 

derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto 

de vida, la manera en que lograra las metas y objetivos 

que, para el, son relevantes; así, preciso que el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad comprende, entre 

otras, la libertad de contraer matrimonio o de no hacerlo, 

pues es un aspecto que forma parte de la manera en que 

el individuo desea  proyectarse y vivir su vida y que, por 

tanto, solo el, puede decidir de manera autónoma. Atento 

a lo anterior, el artículo 175 del citado Código Familiar, 

al exigir la demostración de determinada causa de 

divorcio, como única forma para lograr la disolución del 

matrimonio, cuando no existe consentimiento mutuo de 

los contrayentes para divorciarse, resulta inconstitucional, 

en virtud de que con ello el legislador local restringe sin 

justificación  alguna  el  derecho  relativo  al  desarrollo  de 

la personalidad humana, que tiene que ver con la libre 

modificación del estado civil de las personas que deriva, 

a su vez, del derecho fundamental a la dignidad humana 

consagrado  en los tratados internacionales  de los que 

México es partes, y reconocidos, aunque implícitamente 

en los preceptos 1° y 4° de la Constitución Federal, 

conforme al cual las personas tienen derecho a elegir, en 

forma libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se 

comprende  precisamente  el  estado civil en que deseen 

estar. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO 

OCTAVO  CIRCUITO.  Amparo  Directo  339/2012.  5  de 

julio del 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Cristina 

Reyes León,  secretaria de tribunal autorizada para 

desempeñar  las  funciones  de  Magistrado,  en  términos 

del  artículo  81,    fracción  XXII,  de  la  Ley  Orgánica  del 

Poder Judicial de la Federación, en relación con el 

artículo  52,  fracción  V,  del  acuerdo  General  del  Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal,  que  reglamenta  

la  organización  y  funcionamiento del propio Consejo. 

secretario: Misael  Esteban  López  Sandoval.  Nota: el 

criterio contenido en esta tesis   no es obligatorio ni  apto 

para integrar jurisprudencia,  en  términos de lo previsto  

en  el numeral 11, capítulo primero,           titulo cuarto,  del   

Acuerdo   General   Plenario  5/2009, de      veinticinco     

de     marzo   de dos mil tres, relativo  a   las   reglas   

para    la      elaboración,  envío  y  publicación        de               

las  tesis que emiten  los Órganos del Poder Judicial  

de  la  Federación,  y  para  la  verificación  de  existencia  y 

aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte.Esta tesis se publico el viernes 17 de enero de 

2014 a las 13:02 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación.  Registro  Núm.  2005338;  Décima  Época; 

Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de 

la Federación; Aislada; (constitucional); XVIII 4° 10 (10ª).” 

Respecto a lo aquí fundado y argumentado es prudente 

hacer las siguientes reflexiones:

1.-  Las  autoridades    locales  ejercen  Control  Difuso 

de  Constitucionalidad,  esto  significa  que  cualquier 

órgano jurisdiccional del país puede, en ejercicio de 

su  potestad  y  de  manera  oficiosa,  inaplicar  leyes  que 

considere contrarias a la Constitución o a los tratados 

internacionales relacionados con los derechos humanos. 

2.- De lo anterior, se deriva que las autoridades dentro del 

ámbitos de su competencia están obligadas a garantizar 

los Derechos Humanos, consagrados en nuestra 

Constitución y en los Tratados Internacionales firmados 

por nuestro País.- - 

3.- Ahora bien, la vista que se da GABRIELA LOPEZ 

HUERTA,  no  es  para  efectos  de  inconformarse  con  la 

solicitud o la disolución del vínculo matrimonial que la