PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 15

San Francisco de Campeche,

Cam., Octubre 12 de 2021

En ese contexto, se advierte que nuestros Códigos 

sustantivo y Adjetivo Civil vulneran los derechos humanos 

a la dignidad humana, a la intimidad y libre desarrollo 

de la personalidad, en el que se encuentra el derecho 

a permanecer en el estado civil en que se desee estar 

sin que el Estado lo impida, al supeditar la voluntad de 

la parte que solicita la disolución del vínculo matrimonial 

a la acreditación necesaria de las diversas causales 

previstas en el artículo 287 del Código Civil del nuestra 

entidad, pues al exigir la demostración de determinada 

causa  como  única  forma  para  lograr  la  disolución  del 

matrimonio cuando no existe consentimiento mutuo de 

los contrayentes para divorciarse, resulta inconstitucional 

en  virtud  de  que,  con  ello  se  restringe  sin  justificación 

alguna el derecho relativo al desarrollo de la personalidad 

humana que tiene que ver con la libre modificación del 

estado civil de las personas, que deriva a su vez del 

derecho fundamental de la dignidad humana consagrado 

en los Tratados Internacionales de los que México 

es parte y reconocidos aunque implícitamente en los 

preceptos 1º, y 4º de la Constitución Federal, conforme 

al cual, todas las personas tienen derecho a elegir, en 

forma libre y autónoma, su proyecto de vida, en el que se 

comprende precisamente el estado civil en que deseen 

estar, como lo pretende la recurrente de colocarse en el 

estado civil de soltera.

Y al no atender a la voluntad de uno de los consortes, la 

cual, es un elemento esencial del matrimonio y debe ser 

tomada en cuenta para decidir si este seguirá existiendo 

o si se disolverá, o pues no puede ser reconocida como al 

momento de celebrarse el matrimonio, y soslayarse una 

vez tramitado el divorcio. Es aplicable al caso concreto, la 

tesis federal que dice: 

LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE 

LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD 

EN EL AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO. 

En el amparo directo, el pronunciamiento sobre la 

inconstitucionalidad de la ley controvertida trae como 

consecuencia que se deje insubsistente la sentencia que 

se funda en ella y se emita otra en la cual no se aplique 

el precepto legal considerado inconstitucional, y si su 

aplicación se realizó en el acto originalmente impugnado 

ante la autoridad que emitió la sentencia, el efecto será 

dejar insubsistente ese acto, para que se emita uno 

nuevo apegado a lo sostenido en la ejecutoria de amparo. 

En cambio, la declaración de inconstitucionalidad de 

una ley en el amparo indirecto tiene como efecto dejar 

insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no 

se pueda volver a aplicar al peticionario de garantías 

hasta que se reforme.  

Por  tal  motivo  y  de  conformidad  con  los  artículos  259, 

260, 261, 262, 263, 266 y demás relativos aplicables 

del Código Procesal Civil del Estado, se da entrada a la 

demanda; y respetando el derecho humano a la dignidad 

y libertad del actor, este trámite de divorcio será SIN 

EXPRESIÒN DE CAUSA.  

En nuestra legislación procesal civil, no se encuentra 

regulada tramitación especial para los divorcios 

sin expresión de causa. Sin embargo, este órgano 

jurisdiccional, tiene como fin, el de garantizar el acceso a 

la tutela judicial efectiva de los gobernados, al tenor de lo 

que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, teniendo concordancia 

con  lo  que  señalan  los  pactos  internacionales  firmados 

y  ratificados  por  nuestro  país,  y  que  por  ende,  al  ser 

Estado Parte, nuestro país está obligado a su debido 

cumplimiento, por lo que es pertinente destacar lo 

que  refieren  dichos  pactos  internacionales  en  relación 

jurisdiccional en mención. 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

en el art. 14.1 consagra el derecho de acceso a la justicia, 

al establecer que “Todas las personas son iguales ante 

los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido por la Ley, en la substanciación 

de  cualquier  acusación  de  carácter  penal  formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil”.

Similar  redacción  se  encuentra  en  el  art.  8.1  de  la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o 

Pacto de San José de Costa Rica, que determina que 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 

o tribunal por la Ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación  penal  formulada  contra  ella,  o  para  la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

De igual manera, los artículos 21 y 22 del Código Civil del 

Estado de Campeche, disponen lo siguiente:

Art. 21.- El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley no 

autoriza a los jueces o tribunales para dejar de resolver 

una controversia. 

Art. 22.- Las controversias judiciales del orden civil 

deberán  resolverse  conforme  a  la  letra  de  la  ley  o  a 

su  interpretación  jurídica.  A  falta  de  ley  se  resolverán 

conforme a los principios generales de derecho.- 

Ante ello, esta juzgadora declara procedente la vía 

seguida en el presente juicio, sirviendo de apoyo la tesis 

aislada que a continuación se transcribe:

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. VIA EN LA 

QUE DE SEBE DE TRAMITAR EL JUICIO (LEGISLACIÓN 

PARA EL DISTRITO FEDERAL). En atención a que las 

reglas de tramitación y substanciación del juicio de divorcio 

sin expresión de causa, se encuentran contempladas en