PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 16

San Francisco de Campeche,

Cam., Octubre 12 de 2021

el Título Sexto, Capítulo I, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, correspondiente a 

los Juicios Ordinarios, se concluye que en la vía de 

tramitación de dicho juicio es la ordinaria civil, en el 

entendido de que guarda múltiples peculiaridades que lo 

hacen  diferente  y  a  las  que  habrá  de  atenderse  en  su 

tramitación. Asimismo, se excluye la posibilidad de que su 

tramitación se verifique en la vía de controversia familiar 

no sólo porque ésta guarda una lógica que apunta hacia 

la cohesión y preservación del grupo familiar (opuesta al 

resultado que se pretende en el Juicio de divorcio), sino 

porque existe disposición expresa en contrario (artículo 

942 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal) y porque, además, los plazos previstos para la 

vía de controversia familiar son más amplios y se oponen 

al principio de celeridad perseguido por el legislador con 

la instauración del divorcio sin expresión de causa; no 

obstante conviene aclarar que esa circunstancia no impide 

que al Juicio de divorcio le sean aplicables algunos de los 

principios generales que rigen a los procesos del orden 

familiar. Contradicción de tesis 63/2011. Suscitada entre 

los tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Décimo 

Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 22 

de agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: 

mayoría de cuatro votos por la competencia, disidente: 

José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en 

cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretarios: Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Mireya 

Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez Moreno, Mario 

Gerardo Avante Juárez y Rosalía Argumosa López.” 

Tesis aislada CCXLIV/2012 (10ª)

Y pese a que los criterios que señala el promovente no 

son aplicables en nuestro Estado, no se puede dejar de 

observar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha conceptualizado el divorcio Incausado: 

“ como la disolución del vínculo conyugal que previa 

solicitud formulada, incluso por uno solo de los cónyuges, 

puede ser decretado por la autoridad judicial, basta para 

ello  con  que  aquél  manifieste  su  voluntad  de  dar  por 

terminado el matrimonio, sin necesidad de invocar causa 

o motivo alguno y sin importar la posible oposición del 

otro cónyuge”, 

Atendiendo a los principios de Derechos Humanos 

consagrados en los numerales 1, 2, 3, 6, 12 y 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 1, 2, 

3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 3, 16, 17 y 23 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen que 

toda persona tiene derecho a la libertad, así como al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y que nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, teniendo el derecho a la protección de la ley 

contra tales inherencias o ataques, esto es, reconocen 

una superioridad a la dignidad humana, como derecho 

fundamental,  derivan  todos  los  demás  derechos,  en 

cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle 

íntegramente su personalidad, como el derecho al estado 

civil de las personas, la manera en que logrará sus metas 

y objetivos. Por otra parte, el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 

que todo individuo gozará de los derechos humanos 

reconocidos en ella y que éstos no podrán restringirse 

ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la 

misma establece, así como que queda prohibida toda 

discriminación que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

humanos y libertades de las personas; en tanto el artículo 

4 de la propia norma, establece “que el varón y la mujer 

son iguales ante la ley” 

Por tal motivo ante la expresión de voluntad de la parte 

solicitante de disolver el vínculo matrimonial, en atención 

a estas garantías esta autoridad no tiene por qué 

calificar ni investigar las causas que le llevaron a tomar 

tal determinación, asimismo la contraparte no requiere 

justificar  ni  requiere  aceptar  u  oponerse  para  que  este 

vínculo sea disuelto. Lo anterior va en concordancia con 

lo establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, cuya parte tercera trata 

sobre la observancia, aplicación e interpretación de los 

tratados y que textualmente dice:

“…Art. 27. El derecho interno y la observancia de los 

tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones 

de su derecho como justificación del incumplimiento de 

un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 46…”

Las autoridades mexicanas en el ámbito de sus respectivas 

competencias no pueden dejar de aplicar las nuevas 

disposiciones con el argumento de que su legislación 

local, como es en este caso el Código Civil del Estado de 

Campeche, se opone al mismo. Cabe agregar, que existe 

un derecho constitucional a elegir la forma de vida que 

mejor  convenga  al  individuo,  con  el  fin  de  conseguir  el 

medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 

de tal suerte que es constitucionalmente valido, el 

resolver un problema existente en la práctica judicial, 

como lo es una controversia de divorcio que comprende 

varias etapas procesales, desahogo de pruebas, etc., 

que  invaden  la  intimidad  y  dañan  profundamente  a  las 

personas integrantes de una familia, en su integridad y 

estabilidad  física,  emocional  y  económica,  valores  que 

se encuentran por encima de la subsistencia forzosa del 

vínculo matrimonial. Tampoco hay que dejar de observar 

que una de las obligaciones del Estado es proteger la 

integridad  física  y  psicológica  de  sus  ciudadanos,  así 

como lo de las niñas, niños y adolescentes mediante la 

ley y que el modo de concebir las relaciones de pareja en 

nuestra sociedad ha variado, por lo tanto, la problemática 

legal corre a cargo de los Poderes Judiciales, mediante la 

implementación de procesos más agiles y menos dañinos 

para  las  familias,  teniendo  en  cuenta  que  los  jueces