PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 18

San Francisco de Campeche,

Cam., Octubre 12 de 2021

tratados internacionales de los que México es parte, y 

reconocidos, aunque implícitamente, en los preceptos 

1o.  y  4o.  de  la  Constitución  Federal,  conforme  al  cual 

las  personas  tienen  derecho  a  elegir,  en  forma  libre  y 

autónoma, su proyecto de vida, en el que se comprende 

precisamente el estado civil en que deseen estar.  

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De 

la dignidad humana, como derecho fundamental superior 

reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre 

otros derechos personalísimos, el de todo individuo a 

elegir  en  forma  libre  y  autónoma  su  proyecto  de  vida. 

Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, 

tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la 

facultad  natural  de  toda  persona  a  ser  individualmente 

como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, 

con  el  fin  de  cumplir  las  metas  u  objetivos  que  se  ha 

fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, 

gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la 

personalidad comprende, entre otras expresiones, la 

libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear 

hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger 

su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, 

así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos 

aspectos  son  parte  de  la  forma  en  que  una  persona 

desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a 

ella corresponde decidir autónomamente.  

DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL 

CÓNYUGE.  LOS  ARTÍCULOS  266,  267,  282,  283, 

FRACCIONES IV, V, VI, VII Y VIII, 283 BIS, 287 Y 288 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO 

EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE 

OCTUBRE DE 2008, QUE REGULAN SU TRAMITACIÓN, 

NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE 

DEBIDO  PROCESO  LEGAL.  Conforme  a  los  artículos 

266 y 267 del citado Código, cualquiera de los cónyuges 

puede reclamar el divorcio ante la autoridad judicial 

manifestando su voluntad de no querer continuar con el 

matrimonio, sin que sea necesario justificar la causa por la 

cual lo solicita, asimismo, el cónyuge que unilateralmente 

promueva el divorcio acompañará una propuesta del 

convenio para regular las consecuencias derivadas de 

la disolución del vínculo matrimonial -especialmente las 

relacionadas con los hijos menores e incapaces-; de ahí 

que la tramitación del divorcio tiene dos fases: A) la no 

contenciosa, en la que una vez cumplidas las formalidades 

de ley el divorcio se decretará con la sola voluntad del 

solicitante, sin que deba señalar la causa que origina esa 

petición, y B) cuando exista oposición de alguno de los 

consortes respecto al convenio, se autorizará el divorcio y 

los puntos divergentes se reservarán para la vía incidental 

o  la  controversia  familiar. Así,  al  no  existir  controversia 

en la primera etapa es innecesario que el otro cónyuge 

se excepcione manifestando su oposición a la disolución 

del vínculo, lo cual obedece a que el matrimonio es 

una institución de derecho civil que parte de la base 

de la autonomía de la voluntad de las personas, lo que 

implica una decisión libre de ambas para continuar o no 

unidas por ese vínculo; de manera que con la solicitud 

unilateral  de  divorcio  no  se  priva  de  defensa  alguna  al 

cónyuge que esté en desacuerdo, pues si no existe la 

voluntad del otro para continuar con el matrimonio, el 

divorcio debe autorizarse; máxime que la resolución 

que la autoridad judicial pronuncie no será constitutiva 

de derechos sino declarativa, pues sólo evidencia una 

situación jurídica determinada, como lo es el rompimiento 

de facto de las relaciones afectivas entre los cónyuges. 

Consecuentemente,  los  artículos  266,  267,  282,  283, 

fracciones  IV,  V,  VI,  VII,  y  VIII,  283  Bis,  287  y  288  del 

Código Civil para el Distrito Federal, reformado mediante 

decreto  publicado  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  entidad  el 

3  de  octubre  de  2008,  que  regulan  la  tramitación  del 

divorcio que puede promoverse por voluntad unilateral 

del cónyuge, no violan las garantías de audiencia y de 

debido proceso legal contenidas en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues  en  términos  del  artículo  256  del  Código  de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, una vez 

presentada la demanda con los documentos y copias 

prevenidos, se correrá traslado de ella a la parte contra la 

que se proponga y se le emplazará para que la conteste, 

de ahí la obligación de llamar al procedimiento de divorcio 

al cónyuge demandado y a que se le corra traslado con 

la demanda y documentos anexos, con lo cual no sólo se 

le brinda la oportunidad de conocer la cuestión materia 

de la litis y las consecuencias del procedimiento, sino 

que se le otorga el derecho a contestar la demanda y a 

manifestar su conformidad con el convenio o, en su caso, 

a presentar la correspondiente contrapropuesta. 

La implementación de este mecanismo no es violatorio de 

la garantía de audiencia, toda vez que se cumplen con las 

formalidades esenciales necesarias, pues dispone que la 

parte demandada será llamada al procedimiento para 

que manifieste lo que a su derecho considere respecto 

a la guarda, custodia, pensión alimenticia y régimen de 

convivencia de los menores, según el caso, con el cual 

se respeta su garantía de audiencia, pues se les brinda 

la oportunidad de conocer la cuestión materia de la litis 

y de las consecuencias del procedimiento, además, la 

parte enjuiciada tiene derecho a contestar la demanda 

presentando su convenio, para establecer cuál es la 

forma en que se deben distribuir los bienes comunes, el 

pago indemnizatorio, los alimentos, la guarda y custodia 

y la convivencia con los menores e incapaces. Sirve de 

apoyo el siguiente criterio federal:

DIVORCIO NECESARIO. EL REGIMEN DE DISOLUCION 

DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACION 

DE CAUSALES VULNERA EL DERECHO AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CODIGO