PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 28

San Francisco de Campeche,

Cam., Octubre 12 de 2021

la cual administra al proceso mixto, en su artículo 20 

constitucional,  apartado  A,  fracción  IV,  regula  el  careo 

constitucional. Dicho artículo reza: 

“En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima 

o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: 

A. Del inculpado: IV. Cuando así lo solicite, será careado, 

en presencia del juez, con quien deponga en su contra, 

salvo lo dispuesto en la fracción V del Apartado B de este 

artículo”.

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que 

ofrezca,  concediéndosele  el  tiempo  que  la  ley  estime 

necesario  al  efecto  y  auxiliándosele  para  obtener  la 

comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, 

siempre que se encuentren en el lugar del proceso”. 

Como se puede observar, es una garantía del procesado, 

el ofrecer y que se le reciban, cualquier tipo de prueba 

que presente, no menos cierto es que esa garantía se 

constriñe de carearse con personas que únicamente que 

deponen en su contra, por lo que de autos se aprecia que 

los CC. Ismael Ocampo Juárez (Inspector de la Policía 

Estatal  Preventivo  del  Centro  de  Distribución  D154-

Torreon, Coahuila) y Sergio Serrano Rodríguez (Policía 

Federal Preventivo), sus comparecencia ante la autoridad 

Ministerial,  solo  versa  para  ratificarse  y    presentar  un 

informe, en relación a la atención que le brindaron a un 

incidente suscitado sobre la carretera federal, que en ese 

momento y de acuerdo a su jurisdicción, se encontraban 

bajo su vigilancia, por lo que de su informe rendido se 

aprecia que se limitan recorrer el área en el que se 

suscitaron los hechos delictuosos, así como describir los 

objetos encontrados y el lugar que fue privado de la vida 

el pasivo, mismos objetos que pusieron a disposición 

de la entonces Procuraduría General de Justicia, quien 

fue la institución que se encargó de las investigaciones 

correspondientes, mas sus testimonios no arrojan detalles 

en los que se aprecie que deponen en contra de los hoy 

imputados, y si por el contrario el no comparecer ante 

esta autoridad Jurisdiccional a carearse con el acusado, 

lejos de beneficiarlo le causa un perjuicio y atraso a su 

proceso, en razón de que no se logra la comparecencia 

de los Policías Federales Preventivos.          

Es muy importante hace notar que al producirse un atraso 

en  el  proceso,  derivado  de  una  prueba  ofrecida  por  la 

defensa y acusado, la cual impide su perfeccionamiento 

por causa ajenas a la autoridad Jurisdiccional, esta 

circunstancia estaría transgrediendo el artículo 17, 

segundo  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  (reformado)  que  establece 

que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial, además de que su servicio será gratuito, y las 

costas judiciales prohibidas. 

Así  como  el  artículo  8,  numeral  1,  de  la  Convención 

Americana sobre Derechos Humanos dispone que 

toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez 

o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada en su contra, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

De lo señalados por los instrumentos legales antes 

mencionados, se observa que  el acceso a la justicia es 

un derecho humano que garantiza, con determinados 

requisitos, que toda persona pueda acceder a tribunales 

independientes e imparciales, a fin de que se respeten y 

hagan valer sus derechos y para que los propios órganos 

encargados de impartir justicia resuelvan sin obstáculos 

las controversias sometidas a su consideración, de 

manera  pronta,  eficaz  y  en  los  plazos  establecidos  por 

la ley.

Como se ha dicho el imputado tendrá el derecho a que 

se  reciban  los  testigos  y  demás  pruebas  que  ofrezca, 

concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario 

y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las 

personas que presente como testigos, y en los términos 

que señale la ley. 

Sin embargo los testigos con el cual pretende carearse 

el acusado CONTRERAS CANO, no son testigos que 

les constan quien fue la persona que cometió el hecho 

que nos ocupa,  como se dijo son policías que realizaron 

un informe en relación al lugar en que acontecieron los 

mismos, por lo que el atraso procesal derivado de no 

lograr la comparecencia de los testigos, por lo que esta 

autoridad  al  vigilar  el  derecho  de  defensa  que  tiene  el 

acusado y defensor, se está transgrediendo su derecho 

humano a que se le aplique la ley en forma oportuna.

Desprendiéndose de nuestra legislación federal el tiempo 

que el acusado estado en proceso, y la excepción al plazo, 

siempre  y  cuando  sea  para  la  defensa  del  procesado. 

Aunado a ello, el artículo 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa 

Rica 1969), relativo a la protección judicial, señala que: 

  “toda  persona  tiene  derecho  a  un  recurso  sencillo  y 

rápido.  ...  que  la  ampare  contra  actos  que  violen  sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la ley o la presente convención…”

Ante esta tesitura, el artículo 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretaran de conformidad con