PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Noviembre 22 de 2021

2).- Se tiene por recibido a la parte actora con su escrito 

de cuenta, mediante el cual solicita  se declare la 

ignorancia del domicilio  de la causahabiente, y se ordene 

el emplazamiento dicha demandada por edictos, al 

respecto, toda vez que se observa de las constancias que 

obran en este expediente que se encuentra debidamente 

acreditada la ignorancia del domicilio de la causahabiente, 

ante tal circunstancia, se declara la ignorancia del domicilio 

de la ciudadana MARTHA RODRIGUEZ DOMINGUEZ, 

cuyo nombre completo certifica la Secretaria de Acuerdos 

Interina al calce de este proveído; en consecuencia y 

como lo solicita la ocursante, en su escrito de cuenta y 

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 106 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor, 

se ordena EMPLAZAR a la demandada en términos del 

auto de  01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, y el presente 

proveído, por tres veces en el espacio de quince días 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un 

periódico de mayor circulación a elección y a costa del 

actor, aplicando la siguiente tesis de la autoridad federal 

que a la letra dice: 

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO 

INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO 

NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL 

JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA 

NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS 

EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho 

de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos, 

regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 

1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso 

efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o 

posible para el fin que pretende enmendarse, así como 

el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído 

con justicia por un tribunal, connotaciones que están 

inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado 

el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la 

administración de justicia que imparten los tribunales, en 

donde el justiciable pueda obtener una resolución en la 

que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se 

resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya 

tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla 

el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el 

servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas 

judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero 

interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en 

el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo 

relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, 

específicamente de la audiencia previa, que se traduce en 

un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que 

impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades 

para que, de manera previa, al dictado de un acto de 

privación cumpla con una serie de formalidades esenciales 

necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese 

sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse 

de  la  manera  habitual,  es  decir,  con  la  notificación  en 

el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria 

prevé la necesidad de que, previa su investigación, se 

efectúe a través de edictos, no obstante, ello implica un 

costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio 

de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en 

todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el 

numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin 

embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad 

económica para sufragar el costo de la publicación de los 

edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos 

que consten en los autos, es decir, que existan indicios 

que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo 

anterior obedece a la circunstancia de que cuando no 

se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, 

puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el 

acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado 

artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso 

que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, 

inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición 

del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, 

al existir previsión legal en la que se establece que quien 

acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente 

su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será 

sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo 

que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el 

derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. SEXTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Queja 137/2013. Berna Impreso, 

S.A. de C.V. y otra. 15 de enero de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 

Carlos Alberto Hernández Zamora. Nota: En relación 

con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa 

jurisprudencial P./J. 22/2015 (10a.), de título y subtítulo: 

“EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL 

ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO 

VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE 

PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA 

DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO 

DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.”, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 

viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas y 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, 

página 24. Esta tesis se publicó el viernes 8 de enero 

de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2010769. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: I.6o.C.9 K (10

a.

). Página: 

3318. 

Concediéndole un término de quince días al antes citado 

para contestar la demanda instaurada en su contra u