Victoria, Tam., miércoles 30 de septiembre de 2020 

                Periódico Oficial

 

 

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CAPÍTULO II 

DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Código de Ética que emitan tanto la Contraloría como los Órganos Internos de Control 
constituye

 

un elemento de la política de integridad de todo

 

ente

 

público, para fortalecer la ética e integridad del 

servicio público.

 

Es un instrumento que contiene

 l

os principios y valores considerados como fundamentales para 

definir el

 

rol del servicio público y buscar incidir en el comportamiento y desempeño de las personas servidoras 

públicas, para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al 
servicio público. 

El Código de Ética deberá establecer mecanismos de capacitación de las personas servidoras públicas en el 
razonamiento sobre los principios y valores que deberán prevalecer en la toma de decisiones y en el correcto 
ejercicio de la función pública en una situación dada. 

ARTÍCULO QUINTO. El Código de Ética que emita la Contraloría y los Órganos Internos de Control

 

deberá 

contener los principios constitucionales y legales que rigen al servicio público: 

a)  Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionadas para sus puestos de 

acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, 
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, 
objetivos y equitativos. 

b) Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de manera 

ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes 
ofrecidos. 

c) Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público

 

administrarán los bienes, 

recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, buscando satisfacer los objetivos y metas 
a los que estén destinados, siendo éstos de interés social. 

d) Eficacia: Las personas servidoras públicas actuarán conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
por lo que deberán eliminar cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

e) Eficiencia: Las personas servidoras públicas actuarán en apego a los planes y programas previamente 

establecidos y optimizarán el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades 
para lograr los objetivos propuestos. 

f) Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona tenga acceso con justicia e 

igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades que brinda el Estado. 

g) Honradez: Las personas servidoras públicas se conducirán

 

con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o 

comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, 
ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de 
cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

h) Imparcialidad: Las personas servidoras públicas darán a la ciudadanía y a la población en general, el mismo 

trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 
manera objetiva. 

i) Integridad: Las personas servidoras públicas actuarán de manera congruente con los principios que se 

deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso 
de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y 
generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su 
actuar. 

j) 

Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponderán a la confianza que el Estado les ha conferido; se 
conducirá

con una vocación absoluta de servicio a la sociedad y

 

satisfacer el interés superior de las 

necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 
bienestar de la población.

 

k) Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren 

y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

l) Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de las necesidades 

colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera 
neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la 
legalidad.