Periódico Oficial 

Victoria, Tam., martes 20 de octubre de 2020

 

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VI. Disciplina: 

Implica una actuación ordenada y sistemática acorde a la normatividad que rige su función, 

garantizando en tiempo y forma los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo; 

VII. Economía: 

Utilizan los recursos asignados para los fines encomendados, rindiendo cuentas de su 

aplicación y aprovechamiento en la gestión pública conferida; 

VIII. Eficacia: 

Es la actuación correcta de las y los servidores públicos para alcanzar metas y objetivos 

institucionales que deriven del ejercicio de su empleo, cargo o comisión; 

IX. Eficiencia: 

Ejercer el servicio público, aprovechando al máximo los recursos con los que se cuenta, cuyo 

fin es lograr la satisfacción de la ciudadanía; 

X. 

Entorno cultural y ecológico: Las y los servidores públicos procurarán la menor afectación del 
patrimonio cultural y del ecosistema, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación 
de la cultura y del medio ambiente de nuestro Estado y país; 

XI. Equidad: 

No se debe favorecer en el trato a una persona, perjudicando a otra en el ejercicio de su 

empleo, cargo o comisión; 

XII. Honradez: 

Las y los servidores públicos realizarán sus labores con rectitud, probidad, y vocación de 

servicio sin esperar algún beneficio adicional que aquel que el Estado les otorga, consientes que su 
actuación se someterá al examen público minucioso; 

XIII. Igualdad: 

Es la prohibición de distinciones entre las personas sin discriminación alguna, ya sea por raza, 

color, sexo, preferencia sexual, etnia, edad, lenguaje, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen 
social o nacional, discapacidad, propiedad, nacimiento o cualquier otro factor; 

XIV. Igualdad 

de 

género: 

Las mujeres y los hombres son iguales en derechos y oportunidades dependiendo 

del contexto social, económico, étnico, político y cultural de cada persona, tienen las mismas 
posibilidades, oportunidades en la vida y acceso a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista 
social; 

XV. Imparcialidad: 

Las y los servidores públicos brindan a la ciudadanía y a la población en general el mismo 

trato, actúan sin preferencias o privilegios y sin distinción de género, origen étnico o nacionalidad, edad, 
capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas; 

XVI. Inclusión: 

Es el proceso que permite mejorar las condiciones de las personas y los grupos que formen 

parte de la sociedad, tomando en cuenta la diversidad de las personas y con ello se amplían sus 
capacidades, oportunidades y la dignidad de las personas desfavorecidas debido a su identidad; 

XVII. Integridad: 

Es la congruencia con los principios éticos que le correspondan, propiciando con ello, la 

credibilidad, la certeza, la confianza y apego a la verdad frente a las personas que se vinculan u observen 
su desempeño; 

XVIII. Integralidad: Es la articulación y complementación de los programas y acciones que reúnen los 

diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Estatal de Desarrollo Social; 

XIX. Justicia 

Distributiva: 

Es la virtud de la justicia social que garantiza que todas las personas reciban en 

igualdad de oportunidades de manera libre y equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus 
méritos, necesidades y posibilidades; 

XX. Lealtad: 

Las y los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen 

vocación absoluta de servicio a la sociedad, satisfaciendo el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población; 

XXI. Legalidad: 

Se conducen con estricto apego a los ordenamientos legales aplicables, considerando que el 

respeto al Estado de Derecho es una característica inherente al servicio público; 

XXII. Libertad: 

Capacidad de las personas para elegir los medios idóneos para su desarrollo personal y su 

participación en el desarrollo social; 

XXIII. Liderazgo: 

Las y los servidores públicos son los responsables de promover los valores y principios éticos 

en la sociedad, con su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de las y los ciudadanos 
en sus instituciones; 

XXIV. Objetividad: Es el cumplimiento de las actividades de las y los servidores públicos, sin subordinar su 

actuar a preferencias personales o juicios de valor, atendiendo en exclusiva a los fines y características 
propias de las mismas; 

XXV. Participación 

Social: 

Es el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual 

o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del 
desarrollo social; 

XXVI. Profesionalismo: Proceso que valora los conocimientos, habilidades y aptitudes de las y los servidores 

públicos para hacerlos competitivos, garantizando al Estado de manera eficaz y eficiente que los planes y 
programas institucionales mejoren continuamente;