PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Septiembre 28 de 2020

un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea 

viable o posible para el fin que pretende enmendarse, 

así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, 

el de ser oído con justicia por tribunal, connotaciones 

que están inmersas en el precepto 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar 

al gobierno el disfrute del derecho a tener un avveso 

efectivo de la administración de justicia que imparten 

los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener 

una resolución en la que mediante la aplicación de la 

ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la 

razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha 

solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a la 

gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito 

y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro 

lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de 

un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del 

artículo 14 constitucional, en lo relativo a los formalidades 

esenciales  del  procedimiento,  específicamente  de  la 

audiencia para que, de manera previa, al dictado de un 

acto de privación cumpla con una serie de formalidades 

esenciales necesarias para oír en defensa a los 

afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento 

no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, 

con la notificación en el domicilio del tercero interesado, 

la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa 

su investigación, se efectúe a través de edictos, no 

obstante, ello implica un costo, cuya erogación el 

legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta 

el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer 

distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, 

inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una 

excepción cuando hay imposibilidad económica para 

sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual 

debe correlacionarse con los elementos que consten en 

los autos, es decir, que existan indicios que confirmen 

la situación de precariedad relevante. Lo anterior 

obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene 

la capacidad económica para cubrir ese gasto,  puede 

dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso 

efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 

17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la 

medida decreta en el artículo 27, fracción III, inciso b), 

de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo 

de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir 

previsión legal en la que s establece que quien acuda 

al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su 

imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será 

sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo 

que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el 

derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. SEXTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE 

PRIMER CIRCUITO. Queja 137/2013. Berna Impreso, 

S.A. de C.V. y otra. 15 de enero de 2014. Unanimidad 

de votos. Ponentes: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 

Secretario: Carlos Alberto Hernández Zamora. Nota: 

En relación con el alcance de la presente tesis, destaca 

la diversa jurisprudencial P/J. 22/2015 (10a), DE 

ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO 

VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. QUE 

PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA 

DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO 

DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 

viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas y 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 22, tomo I, septiembre de 2015, 

página 24. esta tesis se publicó el viernes 8 de enero de 

2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación Época: Décima Época. Registro: 2010769. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 25, enero de 2016, Tomo IV. 

Materia (s) Constitucional. Tesis 1.60.c.9.k. (10a). 

Página: 3318.

Luego entonces, se le hace saber a la parte actora que 

deberá de comparecer ante la Actuaria de este juzgado 

en el término de tres días hábiles y posterior a dicho 

término ante la Secretaria del Juzgado, para que le 

sea entregado el oficio dirigido al Periódico Oficial y la 

cédula de emplazamiento, debiendo de exhibir en el 

acto un CD.- 

5).- Como lo solicita el ocursante, expidase copias 

certificadas  a  que  se  refiere  previa  identificación  y 

constancia de recibid, de conformidad con el numeral 

65 del Código señalado.-

6).-  Acumúlese a los autos para que obre conforme 

a derecho, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 73 fracción VI y XI de la Ley Orgánica de Poder 

Judicial del Estado.-NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

.

LICENCIADA MARÍA EVANGELINA NOH NAAL, 

ACTUARIA DE ENLACE INTERINA DEL JUZGADO 

PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE 

CAMPECHE.- RÚBRICA.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE CAMPECHE.- JUZGADO PRIMERO DEL RAMO 

PENAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL 

ESTADO.

EXPEDIENTE: 60/15-2016/1E-II

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR EL PERIÓDICO 

OFICIAL

C. MARIBEL GÓMEZ SANTOS

DOMICILIO: SE IGNORA.