PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Octubre 12 de 2020

tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y  su  Gaceta,  Novena  Época,  Tomo  XVI,  octubre  de 

2002,  página  1372,  bajo  el  rubro:  “EMPLAZAMIENTO 

POR EDICTOS. PARA SU PROCEDENCIA SÓLO 

DEBEN  SATISFACERSE  LOS  REQUISITOS  PREVIOS 

QUE ESTABLECE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO  DE  JALISCO).”,  en  la  cual  estableció  que 

para ordenar el emplazamiento por edictos no era 

necesario  cumplir  más  requisitos  que  los  establecidos 

por  el  artículo  117  de  la  legislación  adjetiva  civil  local 

y  que,  por  tal  motivo,  no  había  necesidad  de  ordenar 

otros trámites previos, como son recabar los informes 

de  diversas  dependencias  y  corporaciones  respecto 

de  la  residencia  de  la  parte  demandada.  Sin  embargo, 

una nueva reflexión en torno a este tópico, apoyada en 

la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya violación 

es la más significativa del procedimiento, porque impide 

al demandado realizar la defensa de sus intereses, lleva 

a  considerar  que  cuando  los  informes  rendidos  por  las 

corporaciones  oficiales,  verbigracia,  la  Dirección  de 

Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo 

Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o 

bien,  el  Instituto  Federal  Electoral,  no  sean  suficientes 

para  considerar  que  se  agotaron  los  medios  para  la 

localización del demandado, esto es, cuando contengan 

datos  imprecisos  y  no  se  efectúen  las  investigaciones 

correspondientes,  esa  información  es  insuficiente  y  no 

da lugar a ordenar el emplazamiento por edictos, habida 

cuenta  que  el  desconocimiento  del  domicilio  debe  ser 

general. Ahora bien, aun cuando no existe un parámetro 

que permita calificar la eficacia de los informes rendidos 

por las distintas corporaciones oficiales, o cómo se deben 

realizar  al  investigar  el  domicilio  de  una  persona,  lo 

relevante es que el juzgador está facultado para ello, y es 

quien tiene el deber de determinar su eficacia, tomando 

en  cuenta  su  importancia  y  trascendencia,  que  no  es 

otra que la de hacer patente que la localización de una 

persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa, debido 

al desconocimiento general de su paradero. Ello permitirá 

al juzgador, en cada caso, ordenar el emplazamiento por 

edictos, pues en atención al contenido de cada informe, 

podrá  establecer  la  pertinencia  de  las  investigaciones 

efectuadas y lo fundado de sus conclusiones.”

Ahora bien, el artículo 1389, fracción II, del Código 

Procesal Civil del Estado establece que el juez asignará 

de manera provisional la guarda y custodia del menor a la 

persona o institución que, a su prudente arbitrio, considere 

que es la adecuada para tener al menor mientras se 

resuelve el procedimiento; y tomando en consideración 

las manifestaciones de la promovente, en el sentido de 

ella es quien tiene al cuidado a su hija de iniciales V.R.A. 

y a su hijo de iniciales C.A.R.A. desde que nació, y se ha 

hecho cargo de todas sus necesidades alimentarias.

Ante lo manifestado por la actora y para no separarla 

del entorno en el que se han desarrollado, se concede 

la guarda y custodia provisional de la niña de iniciales 

V.R.A. y del niño de iniciales C.A.R.A. a favor de la C. 

Claudia Ayuso Briceño, atendiendo a que por mandato 

constitucional y convencional contenidos en los artículos 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 3 de la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, en todos los asuntos en los que se involucren 

derechos de niños, debe atenderse a su interés superior 

y la protección integral de sus derechos. 

Con sustento legal en el artículo 1378, tercer párrafo, del 

Código Procesal Civil del Estado, dese intervención al 

Ministerio Público de la adscripción y al Representante 

de la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en todas las fases del procedimiento hasta 

su conclusión. 

En aras de una impartición de justicia pronta y expedita 

que preconiza el artículo 17 de la Constitución General de 

la República, y a fin de que el asunto no quede paralizado, 

con fundamento en los artículos 54 y 1379 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, 

se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario 

de la adscripción diligencie en dicha temporalidad 

extraordinaria,  las  notificaciones  personales  que  en  el 

presente se ordenen. 

Asimismo, de conformidad con el Protocolo de Actuación 

para quienes imparten justicia en casos que afecten a 

niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Presidencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 

atendiendo al interés superior de la infancia señalados 

en los artículos 1, fracciones I y II, 2 y 13 de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Campeche, todo lo referente a nombre de menores, 

documentos, imagen grabada en fotografía o video, será 

resguardado en el secreto de este juzgado mediante 

la integración de un cuadernillo en el que se indicarán 

los datos del expediente de origen, mismo que estará a 

disposición de las partes  para que puedan imponerse 

de él.

Por tanto, toda la documentación que adjunta la C. 

Claudia Ayuso Briceño a su escrito inicial, se dispone 

que se mantenga por separado mediante la integración 

cuadernillo pero formando parte del presente juicio, dado 

su volumen y para hacer de fácil manejo este expediente, 

sin embargo, se puntualiza que tales constancias estarán 

a la vista de las partes en la Secretaría para su consulta 

y examen cuando lo estimen pertinente dentro del horario 

de labores y en el local que ocupa este Juzgado.

Por lo anterior, se hace saber al demandado que dicha 

documentación  queda a su disposición en la Secretaría 

de este Juzgado para que se instruya, ya que dichos 

anexos exceden de veinticinco hojas, lo anterior de 

conformidad con el numeral 262, fracción III, del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado.