Periódico Oficial 

Victoria, Tam., martes 17 de noviembre de 2020

 

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Artículo 119.-  Las acciones que se ordenen por parte de las autoridades de Protección Civil, para evitar, 
extinguir, disminuir o prevenir riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, así como las que se realicen para 
superarlos, serán a cargo de la o del propietario, responsable, encargada, encargado u ocupante del 
establecimiento, sin perjuicio de que sea la propia autoridad quien las realice en rebeldía de la o del obligado. En 
este último caso, además del cobro de las cantidades correspondientes, se aplicarán las sanciones económicas 
que correspondan.  

Tanto las sanciones económicas, como en su caso, las cantidades por concepto de cobros por obras realizadas 
en rebeldía de las y los obligados, se consideran créditos fiscales, y serán cobrados mediante el procedimiento 
económico-coactivo, por la Tesorería Municipal.  

Artículo 120.-  La responsabilidad por daños o perjuicios derivados de acciones u omisiones que devengan en 
siniestros o desastres, se determinará y hará efectiva conforme las disposiciones de la legislación aplicable.  

Artículo 121.-  Si lo estima procedente, la autoridad que conozca del procedimiento hará del conocimiento del 
Ministerio Público los hechos u omisiones que pudieran constituir delito.  

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES Y DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 122.- Es competente para imponer las sanciones a que se refiere el presente Capítulo la o el Director 
Municipal de Protección Civil y Bomberos.  

Artículo 123.- Para los efectos de este Reglamento serán responsables las y los propietarios, poseedoras, 
poseedores, administradoras, administradores, representantes, organizadoras, organizadores y demás personas, 
involucradas en las violaciones a este Reglamento.  

Artículo 124.- Son conductas constitutivas de infracción las que se lleven a cabo para:  

I. 

Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de prevención, 
auxilio o apoyo a la población en caso de desastre;  

II. 

Impedir u obstaculizar al personal autorizado al realizar inspecciones o actuaciones en los términos de 
este Reglamento;  

III. 

Negarse a dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad competente;  

IV. 

Negarse a dar cumplimiento a las resoluciones de la autoridad competente que impongan cualquier 
medida de seguridad en los términos de este Reglamento;  

V. 

Realizar falsas alarmas y/o bromas que conlleve la alerta y/o acción de las autoridades de Protección Civil 
municipal; y  

VI. 

En general, cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones del presente Reglamento y de los 
Manuales de las Bases y Tablas Técnicas.  

Artículo 125.- Las sanciones que podrán aplicarse consistirán en:  

I. 

Amonestación;  

II. 

Clausura temporal o definitiva, total o parcial de los establecimientos;  

III. 

Multa equivalente al monto de 5 a 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigentes; en caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser incrementado sin exceder de 10,000 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se podrá dictaminar la clausura definitiva;

 

 

IV. 

Suspensión de obras, instalaciones o servicios; y  

V. 

Arresto administrativo hasta por 36 horas.  

Artículo 126.-Serán solidariamente responsables:  

I. 

Los que ayuden o faciliten a las y los propietarios, poseedoras, poseedores, administradoras, 
administradores, representantes, organizadoras, organizadores y demás personas involucradas en las 
violaciones a este Reglamento; y  

II. 

Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas de infracción.  

Artículo 127.-  La imposición de sanciones se hará sin perjuicio de la responsabilidad que conforme a las leyes 
corresponda a la o al infractor.  

Artículo 128.-  Al imponerse una sanción se tomará en cuenta:  

I. 

El daño o peligro que se ocasione o pueda ocasionarse a la salud o a la seguridad de las y los 
trabajadores, transeúntes que deambulan por el lugar, sus bienes y su entorno;  

II. 

La gravedad de la infracción;  

III. 

Las condiciones socioeconómicas de la o del infractor; y  

IV. 

La reincidencia, en su caso.