PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Noviembre 19 de 2020

para que el allanamiento a juicio se efectúe por edictos, pues 

en todo caso, es indispensable demostrar que se llevaron a 

cabo gestiones para tratar de averiguarlo, en ausencia de 

ellas no debe practicarse por medio de publicaciones en el 

periódico  oficial,  ya  que  esto  retraería  como  consecuencia 

la ilegalidad del emplazamiento. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 214/93. Celestina Parra Silva. 17 de agosto de 1993, 

Unanimidad de votos. Ponentes: Raúl Díaz Infante Aranda. 

Secretario: Rigoberto  F. González Torres. Octava Época 

Instancia PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: XII, Noviembre de 1993 Página: 349”.

4).- Por los argumentos y fundamentos señalados, a fin de 

no violentar las garantías del actor a ejercer su derecho y de 

la demandada a defenderse, SE TIENE POR ACREDITADA 

LA IGNORANCIA DEL DOMICILIO DE LA C. ROSA MARÍA 

DEL CARMEN PECH CAAMAL, por lo que de conformidad 

con los artículos 106 y 107 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, notifíquesele a la demandada, el proveído 

de fecha ocho de agosto del año dos mil diecinueve, 

mediante  publicaciones  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado, 

por tres veces en el espacio de quince días, para que 

dentro del término de seis días hábiles contados desde la 

última publicación comparezca a juicio a manifestar los 

que a sus derechos correspondan respecto de las medidas 

provisionales decretadas en la Declarativa de Divorcio de 

fecha ocho de agosto del dos mil diecinueve, que a letra dice: 

“…JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 

ESTADO. CASA DE JUSTICIA. SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE; A OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE.

VISTOS: Se tiene por recibido el libelo y documentación 

adjunta del C. MANUEL DE LA SOLEDAD ALDANA CHI, 

señalando  como  domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones 

en el predio ubicado en la calle 14, número 138, entre 59 y 

61 de la colonia centro de esta ciudad capital, C.P. 24000; 

designando como sus Asesores Técnicos a los LIC. ADIEL 

ARCOS MIJANGOS y CANDELARIO ALEJANDRO RUIZ 

CHUC, con cédulas profesionales números 1517045 y 

9788186, R.F.C.  AOMA 510610TP-4 y RUCC8408112P3; 

promoviendo JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA, en contra de la C. ROSA MARÍA 

DEL CARMEN PECH CAAMAL, con domicilio en la calle 13, 

sin número, por avenida concordia de la colonia ampliación 

Esperanza de esta ciudad de San Francisco de Campeche,  

C.P. 24080 (a un costado del negocio CERAMAT); en 

consecuencia, SE PROVEE:

1).- Fórmese expediente por duplicado con el número 980/18-

2019/3F-1, y tómese razón en el sistema SIGELEX, para su 

respectiva tramitación. 

2).- Se admite el domicilio antes mencionado, para oír y 

recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 96 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche.

3). Se admite a los LIC. ADIEL ARCOS MIJANGOS y 

CANDELARIO ALEJANDRO RUIZ CHUC, como Asesores 

Técnicos de la parte actora, en virtud de que reúnen los 

requisitos señalados en los artículos 49 A y 49 B del Código 

Adjetivo de la Materia, con las facultades inherentes a su 

cargo.

4).- Ahora bien, en cuanto a la solicitud de divorcio planteada 

por el C. MANUEL DE LA SOLEDAD ALDANA CHI, tenemos 

que el párrafo cuarto del artículo primero constitucional, a la 

letra dice:

“…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley…” 

Esto  significa  que  todas  las  autoridades  en  el  ámbito  de 

nuestras competencias, estamos obligados a implementar 

los mecanismos que fueran necesarios para salvaguardar los 

derechos humanos de los ciudadanos, esto significa, que si 

la legislación local no se adecua a estas garantías estamos 

obligados a no aplicarla.

 En efecto, nuestros Códigos Sustantivo y Adjetivo Civil 

vulneran las garantías que consagran los derechos a la 

libertad y el derecho a la vida Privada, por tal motivo ante 

la expresión de voluntad de disolver el vínculo matrimonial 

en atención a estas garantías esta autoridad no tiene porqué 

calificar ni investigar las causas que le llevaron a tomar tal 

determinación,  ya que el C. MANUEL DE LA SOLEDAD 

ALDANA CHI,  no requiere justificar  causal alguna para que 

este vínculo sea disuelto, pues basta que una de las partes 

desee la disolución para que esta se conceda.

Esto es así, en virtud del derecho humano que tienen todas 

las personas  a elegir la forma de vida que mejor convenga, 

con el fin de conseguir el medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar, de tal suerte que es constitucionalmente 

válido el resolver un problema existente en la práctica judicial, 

como lo es una controversia de divorcio que comprende 

varias etapas procesales, desahogo de pruebas, etc., que 

invaden la intimidad y dañan profundamente a las personas 

integrantes de una familia, en su integridad y estabilidad 

física, emocional y económica, valores que se encuentran por 

encima de la subsistencia forzosa del vínculo matrimonial.

Tampoco hay que dejar de observar que una de la obligaciones 

del Estado es proteger la integridad física y psicológica de 

sus ciudadanos,  mediante la ley y que el modo de concebir 

las relaciones de pareja en nuestra sociedad ha variado, por 

lo tanto, la problemática legal corre a cargo de los Poderes 

Judiciales, mediante la implementación de procesos más 

ágiles y menos dañinos para las familias, teniendo en 

cuenta que los jueces locales se han convertido en Juez de 

Convencionalidad, por lo que ante la negativa de actuar se 

incurriría en responsabilidad del Estado Mexicano, tal y como 

lo refiere el siguiente criterio federal que dice: