PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 9

San Francisco de Campeche,

Cam., Noviembre 19 de 2020

4).- Ahora bien, respecto a la demanda planteada por 

la ciudadana ELIZABETH DEL CARMEN KANTUN 

PUC, tenemos que el párrafo cuarto del artículo primero 

Constitucional, a la letra dice:

Art. 1º.-

“…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley…” -

Esto  significa  que  todas  las  autoridades  en  el  ámbito  de 

nuestras competencias, estamos obligados a implementar 

los mecanismos que fueran necesarios para salvaguardar los 

derechos humanos de los ciudadanos, esto significa, que si 

la legislación local no se adecua a estas garantías estamos 

obligados a no aplicarla. 

En efecto, nuestros Códigos Sustantivo y Adjetivo Civil 

vulneran las garantías que consagran los derechos a la 

libertad y la vida Privada, por tal motivo ante la expresión de 

voluntad de disolver el vínculo matrimonial en atención a estas 

garantías esta autoridad no tiene porqué calificar ni investigar 

las causas que le llevaron a tomar tal determinación, ya que 

ELIZABETH DEL CARMEN KANTUN PUC, no requiere 

justificar  causal alguna para que este vínculo sea disuelto, 

pues basta que una de las partes desee la disolución para 

que esta se conceda. 

Esto es así, en virtud del derecho humano que tienen 

todas las personas  a elegir la forma de vida que mejor 

convenga,  con  el  fin  de  conseguir  el  medio  ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar, de tal suerte   que 

es constitucionalmente válido el resolver un problema 

existente en la práctica judicial, como lo es una controversia 

de divorcio que comprende varias etapas procesales, 

desahogo de pruebas, etc., que invaden la intimidad y dañan 

profundamente a las personas integrantes de una familia, en 

su integridad y estabilidad física, emocional y económica, 

valores que se encuentran por encima de la subsistencia 

forzosa del vínculo matrimonial.

Tampoco hay que dejar de observar que una de la obligaciones 

del Estado es proteger la integridad física y psicológica de 

sus ciudadanos,  mediante la ley y que el modo de concebir 

las relaciones de pareja en nuestra sociedad ha variado, por 

lo tanto, la problemática legal corre a cargo de los Poderes 

Judiciales, mediante la implementación de procesos más 

ágiles y menos dañinos para las familias, teniendo en 

cuenta que los jueces locales se han convertido en Juez de 

Convencionalidad, por lo que ante la negativa de actuar se 

incurriría en responsabilidad del Estado Mexicano, tal y como 

lo refiere el siguiente criterio federal que dice:

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. ES PROCEDENTE 

EL RECURSO  DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO DA CURSO O 

NIEGA ADMITIR LA DEMANDA O SOLICITUD DE AQUÉL. 

De la interpretación de los artículo 723, fracción I y 727, 

ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, se advierte que en contra de la resolución del Juez 

de primera instancia que no da curso o niega admitir una 

demanda  o  solicitud  de  divorcio  sin  expresión  de  causa, 

procede el recurso de queja como instrumento de carácter 

procesal para revisar la legalidad de dicho proveído, sin que 

ello pugne con lo dispuesto en el numeral citado el último 

término en cuanto prevé que este medio de impugnación 

procede sólo en las causas apelables puesto que, si bien es 

cierto el artículo 685 Bis del código adjetivo invocado prevé 

que la determinación que resuelve la disolución del vínculo 

matrimonial es inapelable, también lo es que ha sido criterio 

de esta Primera Sala que las resoluciones que se pronuncien 

dentro del procedimiento, antes y después de decretarse el 

divorcio, son recurribles, pues en cada caso procederá acudir 

a lo previsto en el artículo 691, último párrafo, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone 

que los asuntos de cuantía indeterminada (como es el caso 

del divorcio) siempre será apelables, consolidado esto con el 

contenido del artículo 685 Bis del mismo ordenamiento legal, 

que no establece alguna limitante para que esas resoluciones 

sean impugnables. Contradicción de tesis 143/2011. 

Sustentada entre los Tribunales Colegiados Segundo y 

Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 24 

de octubre de 2012. La votación se dividió en dos partes: 

mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José 

Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al 

fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mario Gerardo Avante 

Juárez, Mireya Meléndez Almaraz, Mercedes Verónica 

Sánchez Miguez y Oscar Vázquez Moreno.” 

Criterio que, aunque no se pronuncia respecto a una ley 

local, si deja claro que el divorcio sin manifestación de causa 

consolida las garantías de liberta y vida privada, pena de 

proceder contra las autoridades que las vulneren. -

En tales condiciones, como el matrimonio es una institución 

de derecho civil que tiene como base la autonomía de la 

voluntad de las personas, lo que implica una decisión libre 

de ambas para continuar unidad o no en ese vínculo; es claro 

que no se justifica que el legislador local lejos de garantizar 

el ejercicio libre de ese derecho vinculado con el estado civil 

que a cada uno de los consortes les corresponde decidir, lo 

restrinja, precisamente al sujetar la disolución del vínculo 

matrimonial a la demostración de determinadas causales, o 

bien,  la  existencia  de  un  acuerdo  mutuo  de  los  cónyuges, 

porque con ello desconoce el derecho del que quiere 

divorciarse; de ahí que en las condiciones apuntadas si no 

existe la voluntad de uno de los consortes para continuar con 

el matrimonio, el divorcio debe autorizarse, puesto que esa 

decisión les compete a cada uno de ellos del mismo modo en 

que lo hicieron al celebrar su matrimonio.

Sirve de fundamento a lo anterior la jurisprudencia cuyo y 

texto a la letra dicen:

“DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN 

DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN