PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 10

San Francisco de Campeche,

Cam., Noviembre 19 de 2020

DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE 

MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). 

El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión 

jurídica del principio liberal de “autonomía de la persona”, 

de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre 

elección individual de planes de vida, el Estado tiene 

prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar 

a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual 

de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de 

virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia 

de otras personas en su persecución. En el ordenamiento 

mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho 

fundamental que permite a los individuos elegir y materializar 

los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites 

externos son exclusivamente el orden público y los derechos 

de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de 

disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones 

de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que 

exige  la  acreditación  de  causales  cuando  no  existe  mutuo 

consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido 

prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

En este sentido, se trata de una medida legislativa que 

restringe  injustificadamente  ese  derecho  fundamental,  toda 

vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites 

que imponen los derechos de terceros y de orden público. 

En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para 

el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado 

de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que 

hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución 

del  matrimonio  cuando  no  existe  mutuo  consentimiento  de 

los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo 

anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden 

condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de 

alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución 

del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo 

solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, 

el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la 

existencia  de  cónyuge  culpable  no  implica  desconocer  la 

necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas 

con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la 

guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias 

con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión 

semejante

Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto 

Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta 

Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Séptimo Circuito. 25 de febrero de 2015. La votación 

se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la 

competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría 

de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas, en cuanto al fondo. Disidentes: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto 

particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.”-

En efecto, si no se tutela jurídicamente el derecho a 

permanecer casado, tampoco puede considerarse que la 

declaración judicial de divorcio constituya un acto privativo 

de derechos, es decir, que si bien es cierto la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado; sin embargo,  familia  y matrimonio 

no son conceptos equivalentes, lejos de ello, el matrimonio 

únicamente  es  una  de  las  formas  que  existen  para  formar 

una familia y por lo tanto, resulta legítima la disolución del 

vínculo matrimonial, siempre y cuando se asegure la igualdad 

de derechos, la adecuada equivalencia de responsabilidades 

de los cónyuges y la protección necesaria de los hijos sobre 

la base única del interés y conveniencia de ellos; es decir 

existiendo  una  igualdad  de  género,  la  cual    consiste  en  el 

acceso de las mujeres y de los hombres al mismo trato y 

oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los 

derechos humanos; por lo que la igualdad de género tiene 

su base en la equidad, la cual propone tomar en cuenta las 

diferencias entre las persona para conseguir la igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos. 

La implementación de este mecanismo no es violatorio de la 

garantía de audiencia, pues basta la petición de una de las 

partes de disolver su vínculo matrimonial, para que el Estado 

proteja dicha voluntad, ya que como se ha señalado, nadie 

puede ser obligado a vivir un estado civil que ya no desea, 

además  de  que  dicho  estado  ha  dejado  de  existir,  al  estar 

separados los cónyuges, no cumpliéndose realmente con el 

objetivo que tiene la palabra matrimonio. 

5).- Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 278 

fracciones I y III, del Código Civil del Estado, SE DECLARA 

DISUELTO EL MATRIMONIO DE LOS CC. ELIZABETH 

DEL CARMEN KANTUN PUC, y VÍCTOR MANUEL CAMAL 

COLLÍ, consecuentemente, se ordena la separación material 

de los consortes.

Por otra parte resulta conveniente aclarar que la disolución del 

vínculo matrimonial, al ser una sentencia de tipo declarativa 

no requiere que cause ejecutoria de manera expresa, ya que 

mediante ella se termina con un estado de incertidumbre de 

carácter civil no estableciendo obligaciones  personales ni 

reales  a cargo de ninguna de las partes, sino solo se limite a 

declarar o negar la existencia de una situación  jurídica, vale 

decir que el divorcio no es susceptible de ejecución por que la 

declaración judicial basta para satisfacer el interés del actor.

a) 

En términos del artículo 279 del Código Civil en cita, 

se decreta que ELIZABETH DEL CARMEN KANTUN 

PUC, y VÍCTOR MANUEL CAMAL COLLÍ, quedan 

capacitados para contraer nuevo matrimonio en 

cualquier momento.

b) 

Vista el acta de matrimonio con número de folio 00403, 

que los divorciantes se casaron bajo ningún régimen en 

común, además de que la compareciente no manifesto 

bienes, no se decreta nada, se dejan a salvo los 

derechos de las partes para hacerlos valer en la forma 

legal correspondiente.

c) 

De conformidad en el artículo 298 fracción II, del Código 

Civil del Estado, no se decreta pensión alguna a favor 

de la C. ELIZABETH DEL CARMEN KANTUN PUC,