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EL ESTADO DE COLIMA
México, así mismo mide el impacto de los trámites, pagos, solicitudes e inspecciones que aplican los diferentes ámbitos de
gobierno, con énfasis en la posible presencia de actos de corrupción durante la realización de los mismos, así como la
existencia y calidad de la infraestructura pública que ofrecen los gobiernos para un buen ambiente de negocios.
Esta encuesta busca identificar los elementos que inciden en la productividad, desarrollo y competitividad, así como los
problemas que enfrentan estas unidades económicas y los mecanismos de resolución de conflictos. La última edición de la
ENCRIGE se realizó en el año 2016.
Alguna información relevante obtenida en esta encuesta para el Estado de Colima es:
El 19.5% de los representantes de las unidades económicas encuestadas expresaron que el marco regulatorio (leyes o
normas, trámites, solicitudes e inspecciones) fue un obstáculo para el éxito del negocio.
El 53.9% dijo que las cargas administrativas para funcionar aumentaron o se mantuvieron igual de mal que en el 2015. Las
empresas grandes y del sector servicio son las que mayor porcentaje de opinión desfavorable comentaron en este sentido.
El 70.5% de los representantes de las unidades económicas expresó haber incurrido en costos monetarios de cumplimiento.
En Las unidades económicas de Colima entrevistadas dijeron haber gastado en promedio $46,805.00 para cumplir con las
cargas administrativas, mientras que a nivel nacional el 52.6% de las unidades administrativas identificó costos monetarios
al realizar acciones relacionadas a las regulaciones a las cuales estuvieron sujetas, gastando en promedio por este mismo
concepto $48,871.00
En relación con los resultados que arrojó esta encuesta, se puede asumir que existe un área de oportunidad en modificar
el marco regulatorio que rige al funcionamiento de las empresas, generando normas y trámites simples, con menos
requisitos y menores costos de cumplimiento.
f) El Programa Simplifica desarrollado por la CONAMER, se utiliza para determinar el Costo Económico Social de los
trámites y servicios, asignando un valor monetario al tiempo que dedican los ciudadanos y empresarios para realizarlos.
Asimismo, emite recomendaciones de simplificación que de implementarse se espera que disminuyan el tiempo de
acumulación de requisitos y el tiempo de resolución del trámite, y por ende se reduzca el costo económico social, en
beneficio de la sociedad.
En 2017 se llevó a cabo el primer costeo utilizando el Programa Simplifica por parte del Gobierno del Estado, analizándose
un total de 308 de trámites y servicios de 39 Sujetos Obligados. Los resultados determinaron que, al realizar los trámites y
servicios inscritos en el programa, se generó un costo económico social total de $201,896,897.01. En este estudio se
hicieron 1539 recomendaciones de simplificación que, de atenderse en su totalidad, significarían un ahorro potencial de
$76,706,312.59.
Las principales recomendaciones de simplificación hechas por el Programa Simplifica fueron:
reducir el número de copias de documentos solicitados, utilizar lenguaje ciudadano en las fichas de los trámites y servicios,
simplificar requisitos preexistentes, eliminar requisitos nuevos, no pertenecientes al formato, ampliar la vigencia y facilitar
otras opciones de pagos.
Derivadas de las recomendaciones de simplificación hechas se adoptaron las siguientes medidas: se eliminó el requisito
de formato de la CURP, se utilizó un lenguaje ciudadano en la información de las fichas de los trámites y servicios, se
digitalizaron trámites en su totalidad o en alguna parte de sus procesos, se redujo el tiempo de resolución y se diversificaron
las opciones de pago.
En 2020 se llevó cabo el segundo ejercicio del Programa Simplifica, en el que se determinó un costo económico social de
los trámites y servicios de $224 MdP, lo que representa el 0.55% del PIB comprobándose una reducción del 8.49% respecto
al determinado en 2017.
4.- Marco regulatorio estatal
Existen desafíos importantes en materia de regulación. Por ejemplo, la falta de uniformidad y continuidad en la aplicación
de la regulación; la promoción de la participación de diversos actores interesados en el proceso regulatorio; la capacidad
de implementar una regulación eficaz; así como el escaso proceso de evaluación de la regulación. Por estas razones, es
importante la realización del AIR cuyo objetivo es garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus