EL ESTADO DE COLIMA
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8.- Retos y problemáticas de la política pública de mejora regulatoria en Colima
Derivado de los resultados que muestran las diferentes instancias evaluadoras en materia de política pública y de la
literatura en la materia, se llegó a la conclusión de 6 importantes problemas a atender. A continuación, se enlista cada uno
de ellos en donde se detalla el sustento, y se esboza la propuesta de solución.
Cabe hacer mención que como ejes trasversales se consideran los identificados en el punto 6, a decir: gobierno digital,
gobernanza, accesibilidad, eficiencia e igualdad.
Problemática 1. Existencia y emisión de regulaciones que inhiben el desarrollo y obstaculizan la competitividad.
Las leyes y las regulaciones gobiernan la vida diaria de empresas y ciudadanos. Son instrumentos esenciales, junto con
los impuestos y el gasto, para alcanzar los objetivos de política, tales como el crecimiento económico, el bienestar social y
la protección al medio ambiente, entre otros. Pero cuando no son elaboradas correctamente, pueden resultar ineficientes
para alcanzar sus objetivos al imponer costos innecesarios sobre ciudadanos y empresas.
En el documento Política Regulatoria, América Latina y el Caribe de la OCDE, asevera que una regulación de calidad, es
de especial importancia para hacer el marco regulatorio y el clima de negocios de la región más propicios para la
competencia, el comercio y la inversión, lo cual ayudará a cerrar la enorme brecha en los niveles de productividad en
relación con las economías avanzadas, así como apoyar el crecimiento inclusivo.
Por otra parte, el CEESP asegura que la mala regulación está asociada con la ineficiencia de las instituciones públicas, que
provoca retrasos en la atención a los negocios y mayores costos fomentando la corrupción, y también está asociada con
actividades de captura del estado, mediante pagos irregulares o excesivo cabildeo y favorece el crecimiento del sector
informal (2006).
Los efectos de una mala regulación son evidentes para toda la sociedad e incrementan los costos de transacción. Por
mencionar un dato reciente, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) identificó en la Encuesta
Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), que las unidades económicas
empresariales en 2016 llegaron a pagar en conjunto un monto aproximado de 1,600 millones de pesos derivados de actos
de corrupción relacionadas con la regulación. Entre las principales causas sobresalen el soborno para: agilizar trámites,
para evitar multas o sanciones, para obtener licencias, permisos o servicios, para evitar inspecciones y para evitar el
cumplimiento de la Ley.
Existen regulaciones que limitan la competencia en mercados clave a nivel sub- nacional en México, prueba de ello son las
regulaciones de los mercados de harina de maíz, tortillas, comercio minorista de combustible y otorgamiento de licencias
para transporte terrestre de pasajeros, que incluyen reglas que restringen la entrada y facilitan la realización de prácticas
colusorias o tratamientos discriminatorios en contra de las empresas entrantes. Adicionalmente, estas regulaciones
incrementan los precios y afectan la calidad y variedad de los productos disponibles en los respectivos mercados.
La OCDE (2015), en el documento Regulatory Policy Outlook, afirma que, para alcanzar la calidad regulatoria, se debe
mejorar el desempeño, la relación costo-eficacia y la calidad legal de las regulaciones y los trámites administrativos, por
tanto, es indispensable y recomendable que los procesos sean compatibles con los principios de consulta, transparencia,
rendición de cuentas y evidencia. De igual manera las regulaciones deben ser eficientes, coherentes y sencillas para los
usuarios, con un lenguaje inclusivo y sencillo.
Por tanto, para asegurar que la regulación es necesaria, bien elaborada, efectiva y que verdaderamente cubra las
necesidades de las empresas y los ciudadanos, los países miembros de la OCDE (2012) adoptaron un instrumento de
muchas aspiraciones sobre la calidad del proceso de elaboración de normas, este instrumento es el Análisis de Impacto
Regulatorio (AIR), la AIR es la herramienta más importante promovida por la OCDE para mejorar la calidad de la regulación
y asegurar que las regulaciones sean adecuadas para su propósito.
El AIR es una herramienta y un sistema; ayuda a los funcionarios públicos y a los reguladores a pensar de forma crítica
referente a los objetivos de la intervención pública, si la regulación es la mejor alternativa y a evaluar los beneficios y costos
de la regulación.
Entre los beneficios de la implementación de la AIR se encuentran: eficiencia y reducción de cargas, transparencia, rendición
de cuentas, control de la burocracia y efectividad y coherencia.