PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 11

San Francisco de Campeche,

Cam., Diciembre 10 de 2020

EXPRESIÓN DE CAUSA. 

5).-  Ahora bien, en cuanto a la demanda planteada por 

AIDEE DEL CARMEN RODRIGUEZ ROMERO, es 

necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

esta autoridad en términos del párrafo cuarto del artículo 

primero constitucional, mismo que a letra dice:

Articulo 1°.- “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley…”- 

Tiene la obligación de garantizar los Derechos Humanos, 

en consecuencias estamos obligados a implementar los 

mecanismos que fueran necesarios para salvaguardarlos, 

esto  significa  que  si  la  legislación  local  no  se  adecua  a 

estas garantías, esta autoridad tiene la obligación de no 

aplicarla.-

En efecto, nuestros códigos sustantivo y adjetivo civil 

vulneran las garantías de que se consagran en el derechos 

a la libertad y el derecho a la vida privada, por tal motivo, 

ante la expresión de voluntad de disolver el vínculo 

matrimonial en atención a estas garantías esta autoridad 

no  tiene  porque  calificar  ni  investigar  las  causas  que  le 

llevaron a tomar tal determinación así como la contraparte 

no requiere justificar ni requiere aceptar u oponerse para 

que este vinculo sea disuelto. -

Lo anterior va en concordancia con lo establecido en el 

artículo 27 de la Convención de Viene sobre el Derecho 

de los Tratados, cuya parte tercera trata la observancia, 

aplicación e interpretación de los tratados y que 

textualmente dice: 

…”27. El derecho interno y la observancia de los tratados. 

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 

como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta 

norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 46.”…

Esto  significa  –como  ya  se  señalo-  que  las  autoridades 

mexicanas en el ámbito de su respectiva competencia no 

pueden dejar de aplicar las disposiciones de un tratado 

con el argumento de que su legislación local, como es en 

este caso el Código Civil del Estado de Campeche, se 

opone al mismo. 

Cabe agregar, que existe un derecho constitucional a 

elegir la forma de vida que mejor convenga al individuo, 

con  el  fin  de  conseguir  el  medio  ambiente  adecuado 

para su desarrollo y bienestar, de tal suerte que es 

constitucionalmente valido, el resolver un problema 

existente en la práctica judicial, como lo es una controversia 

de divorcio que comprende etapas procesales, desahogo 

de pruebas, etc., que invaden la intimidad y dañan 

profundamente a las personas integrantes de una familia, 

en su integridad, estabilidad física, emocional y económica, 

valores que se encuentran por encima de la subsistencia 

del vinculo matrimonial. 

Tampoco hay que dejar de observar que una de las 

obligaciones del Estado es proteger la integridad física y 

psicológica de sus ciudadanos mediante la ley y que el 

modo de concebir las relaciones de pareja en nuestra 

sociedad ha variado por lo tanto la problemática legal 

corre a cargo de los Poderes Judiciales, implementando 

procesos más agiles y menos dañinos para las familias, 

teniendo en cuenta que los jueces locales se ha convertido 

en Jueces de Convencionalidad, por lo que ante la 

negativa de actuar se incurrirá en responsabilidad del 

Estado Mexicano, tal como lo refiere el siguiente criterio 

federal que dice:

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. ES 

PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA 

RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

QUE NO DA CURSO O NIEGA ADMITIR LA DEMANDA 

O SOLICITUD DE AQUÉL. De la interpretación de los 

artículos 723, fracción I y 727, ambos del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte 

que en contra de la resolución del Juez de primera 

instancia que no da curso o niega admitir una demanda 

o solicitud de ‘divorcio sin expresión de causa’, procede el 

recurso de queja como instrumento de carácter procesal 

para revisar la legalidad de dicho proveído, sin que ello 

pugne con lo dispuesto en el numeral citado en último 

término en cuanto prevé que este medio de impugnación 

procede sólo en las causas apelables; puesto que, si bien 

es cierto el artículo 685 Bis del código adjetivo invocado 

prevé que la determinación que resuelve la disolución del 

vínculo matrimonial es inapelable, también lo es que ha 

sido criterio de esta Primera Sala que las resoluciones que 

se pronuncien dentro del procedimiento, antes y después 

de decretarse el divorcio, son recurribles, pues en cada 

caso  procederá  acudir  a  lo  previsto  en  el  artículo  691, 

último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, que dispone que los asuntos de cuantía 

indeterminada (como es el caso del divorcio) siempre 

serán apelables, consolidado esto con el contenido del 

artículo 685 Bis del mismo ordenamiento legal, que no 

establece alguna limitante para que esas resoluciones 

sean  impugnables.  Contradicción  de  tesis  143/2011. 

Sustentada entre los Tribunales Colegiados Segundo y 

Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 24 

de octubre de 2012. La votación se dividió en dos partes: 

mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: 

José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos 

en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López, 

Mario Gerardo Avante Juárez, Mireya Meléndez Almaraz, 

Mercedes Verónica Sánchez Miguez y Oscar Vázquez