PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 20

San Francisco de Campeche,

Cam., Diciembre 10 de 2020

internacionales en materia de derechos humanos, 

regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 

1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso 

efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o 

posible  para  el  fin  que  pretende  enmendarse,  así  como 

el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído 

con justicia por un tribunal, connotaciones que están 

inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado 

el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la 

administración de justicia que imparten los tribunales, en 

donde el justiciable pueda obtener una resolución en la 

que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se 

resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya 

tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla 

el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el 

servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas 

judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero 

interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en 

el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo 

relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, 

específicamente de la audiencia previa, que se traduce en 

un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que 

impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades 

para que, de manera previa, al dictado de un acto de 

privación cumpla con una serie de formalidades esenciales 

necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese 

sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse 

de la manera habitual, es decir, con la notificación en el 

domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé 

la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a 

través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya 

erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a 

quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin 

hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción 

III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe 

una excepción cuando hay imposibilidad económica para 

sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual 

debe correlacionarse con los elementos que consten en 

los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la 

situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a 

la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad 

económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en 

aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, 

de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De 

ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el 

artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 

que señala la imposición del costo de edictos a la parte 

quejosa es convencional, al existir previsión legal en la 

que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar 

y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica 

para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de 

la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de 

gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso 

a la jurisdicción. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 137/2013. 

Berna Impreso, S.A. de C.V. y otra. 15 de enero de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao 

Rodríguez. Secretario: Carlos Alberto Hernández Zamora. 

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, 

destaca la diversa jurisprudencial P./J. 22/2015 (10a.), 

de título y subtítulo: “EMPLAZAMIENTO AL TERCERO 

PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA 

LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 

2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS 

A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL 

DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA.”, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 

11:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre 

de 2015, página 24. Esta tesis se publicó el viernes 8 de 

enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación.

Concediéndole un término de quince días a los 

demandados para contestar la demanda instaurada en su 

contra u oponer excepciones si las tuviere, a partir de la 

última publicación ordenada líneas arriba.-

En cumplimiento a lo anterior, se transcribe el proveído de 

data 24 de mayo de  2018, que a letra dice: 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL 

ESTADO. CASA DE JUSTICIA. SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE, CAMPECHE; A VEINTICUATRO DE MAYO 

DE DOS MIL DIECIOCHO. 

VISTOS: 1).- Se tiene por presentado a la parte actora con 

su instancia de cuenta y documentación adjunta al mismo, 

promoviendo EN LA VIA ESPECIAL HIPOTECARIA en 

contra de la persona señalada en su ocurso de cuenta.

En consecuencia y por lo anteriormente expuesto, SE 

PROVEE:

1).- Fórmese expediente en original y duplicado, tómese 

razón en el libro de gobierno respectivo y márquese con 

el número que la Secretaria de Acuerdos certifica al calce 

del presente proveído.

Con fundamento en el numeral 72 fracción XII de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, guárdese en el Secreto del 

Juzgado los documentos que presentó la parte actora, 

quedándose agregado al presente expediente copia 

cotejada y certificada por la Secretaria de Acuerdos Interina, 

por tal motivo devuélvase al ocursante la documentación 

original,  previa  identificación  personal  y  constancia  de 

recibido que se deje en autos, toda vez que el mobiliario 

con el que cuenta este juzgado para el resguardo de la 

documentación  respectiva  resulta  insuficiente,  en  la 

inteligencia que de requerir la documentación original, 

esta juzgadora volverá a solicitar la misma

INVITACION PARA ACUDIR A LOS MEDIOS 

ALTERNATIVOS

2).- SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES 

QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, MOTIVADO POR EL INTERÉS DE QUE LA 

PERSONA QUE TIENE ALGÚN LITIGIO, CUENTEN CON