PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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San Francisco de Campeche,

Cam., Diciembre 7 de 2020

oído con justicia por un tribunal, connotaciones que están 

inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado 

el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la 

administración de justicia que imparten los tribunales, en 

donde el justiciable pueda obtener una resolución en la 

que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se 

resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya 

tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla 

el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el 

servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas 

judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero 

interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en 

el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo 

relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, 

específicamente de la audiencia previa, que se traduce en 

un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que 

impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades 

para que, de manera previa, al dictado de un acto de 

privación cumpla con una serie de formalidades esenciales 

necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese 

sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse 

de la manera habitual, es decir, con la notificación en el 

domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé 

la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a 

través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya 

erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a 

quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin 

hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción 

III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe 

una excepción cuando hay imposibilidad económica para 

sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual 

debe correlacionarse con los elementos que consten en 

los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la 

situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a 

la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad 

económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en 

aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, 

de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De 

ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el 

artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 

que señala la imposición del costo de edictos a la parte 

quejosa es convencional, al existir previsión legal en la 

que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar 

y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica 

para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de 

la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de 

gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a 

la jurisdicción.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.

Queja 137/2013. Berna Impreso, S.A. de C.V. y otra. 

15 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Carlos Alberto 

Hernández Zamora. 

Época: Décima Época. Registro: 

2010769. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, 

Tomo IV. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.6oC.9 K 

(10a). Página: 3318.”

Es por ello que se ordena notificara la 

C. HAIDEE DE LOS 

ÁNGELES RODRÍGUEZ CASTILLO a través del Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Por consiguiente: 

gírese 

atento  oficio  al  Director  de  dicho  Periódico  Oficial 

para que se sirva realizar las publicaciones de este auto, 

a costa del promovente, por tres veces el espacio de 

quince días, por lo que deberá adjuntarse a dicho oficio 

un archivo  electrónico en CD del documento a publicar 

para los efectos legales correspondientes. Haciendole 

del conocimiento a la 

C. HAIDEE DE LOS ÁNGELES 

RODRÍGUEZ CASTILLO que se les concede el término de 

quince días hábiles, computados a partir del día siguiente 

em que quede debidamente notificado de este proveído, 

para ocurrir la presente sucesión a deducir sus derechos, 

empezando a transcurrir dicho plazo a partir de la última 

publicación que se realice en el periódico de referencia-

En esta tesitura, 

no  ha  lugar  a  fijar  por  el  momento 

fecha y hora para llevar a cabo la junta de herederos 

de la presente sucesión, toda vez que no es el 

momento procesal oportuno, en virtud de que no ha sido 

debidamente notificada la C. HAIDEE DE LOS ÁNGELES 

RODRÍGUEZ CASTILLO

2).-Acumúlese a los presentes autos el escrito de cuenta, 

para que obre conforme a derecho corresponda, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 72 fracciones 

VI y XI de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ASÍ LO PROVEYÓ Y 

FIRMA LA MAESTRA EN DERECHO MARIBEL DEL 

CARMEN BELTRÁN VALLADARES, JUEZA PRIMERO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO POR ANTE 

LA LICENCIADA RUTH VERÓNICA CANTO AYALA, 

SECRETARIA DE ACUERDOS, EN FUNCIONES, QUE 

CERTIFICA Y DA FE. CONSTE.-  NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE. ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA LA MAESTRA 

EN DERECHO MARIBEL DEL CARMEN BELTRÁN 

VALLADARES, JUEZA PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DEL ESTADO POR ANTE LA LICENCIADA 

RUTH VERÓNICA CANTO AYALA, SECRETARIA DE 

ACUERDOS, EN FUNCIONES, QUE CERTIFICA Y DA 

FE. CONSTE.- MCBV/RVCA/BAHA

LICENCIADA MARIA EVANGELINA NOH NAAL, 

ACTUARIA DE ENLACE INTERINA DEL JUZGADO 

PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE 

CAMPECHE.- RÚBRICA.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE CAMPECHE.- JUZGADO SEGUNDO CIVL DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA POR MEDIO 

DE EDICTOS A TRAVES DEL PERIODICO OFICIAL DEL  

GOBIERNO  DEL  ESTADO

EXP. 359/18-2019/2CI