PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 15

San Francisco de Campeche,

Cam., Diciembre 7 de 2020

DE HIPOTECA Y CANCELACIÓN DE GRAVAMEN, EN 

CONTRA DE BANCO DEL ATLÁNTICO, INSTITUCIÓN 

BANCA MÚLTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

FINANCIERO GBM-ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE.

5) Por consiguiente, túrnense los presentes autos al C. 

Actuario diligenciador adscrito a la Central de Actuarios, 

para que por su conducto se sirva emplazar a BANCO 

DEL ATLÁNTICO, INSTITUCIÓN BANCA MÚLTIPLE, 

INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO GBM-

ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, en el domicilio ubicado en la Avenida 16 

de Septiembre, esquina con 59, Zona Centro, de esta 

Ciudad de San Francisco de Campeche, haciéndole 

entrega  de  las  copias  certificadas  de  traslado  de  ley, 

para que dentro del término de CUATRO DÍAS HÁBILES, 

ocurra ante el despacho de este Juzgado Segundo Civil 

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado, a dar contestación a la demanda iniciada en su 

contra u oponer excepciones si las tuviere. Asimismo se 

les previene a la parte demandada que al momento de 

contestar la demanda instaurada en su contra, deberá 

de  señalar  domicilio  fijo  y  conocido  en  esta  Ciudad  de 

San Francisco de Campeche, de igual forma si durante 

el procedimiento llegaran a cambiar de domicilio para 

oír  y  recibir  notificaciones,  deberá  informarlo  a  esta 

autoridad, para estar en aptitud de notificarle en el nuevo 

domicilio, en la inteligencia que de no dar cumplimiento a 

estos dos supuestos, todas las notificaciones aún las de 

carácter personal, de no encontrarse a la buscada en el 

primigenio domicilio en la inteligencia que, de no hacerlo 

así todas las notificaciones aun las de carácter personal 

se le harán a través de cédula de notificación que se fijara 

en los estrados de este Juzgado, esto último acorde a lo 

establecido en el numeral 97 del Código Procesal Civil del 

Estado.

 6) En otro orden de ideas, y toda vez que debe ser 

llamado a juicio todo aquel a quien le pudieran afectar el 

fallo definitivo, para efecto de que haga valer sus derechos 

en términos de los artículos 1, 14 y 17 Constitucional, 

surgiendo de ello el litisconsorcio pasivo necesario pues 

se requiere que los demandados se hallen en comunidad 

jurídica con respecto al objeto litigioso, ya que estos se 

encuentran obligados por igual de causa jurídica o de 

hecho. En el entendido de que el litisconsorcio pasivo 

necesario,  es  de  estudio  oficioso  en  cualquier  etapa 

del juicio, y una modalidad del procedimiento cuyas 

características particulares lo distinguen de la generalidad 

de los casos en que todas las partes acuden al juicio 

natural oponiendo sus defensas y excepciones en relación 

con la acción intentada, y advertida la existencia de dicha 

figura, es que se debe llamar a juicio a la  DIRECTORA 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DE ESTADO DE CAMPECHE, para que 

deduzca sus derechos, y pueda ser oído y vencido, y la 

sentencia que se dicte sea válida para ellos, sirviendo de 

sustento la siguiente tesis Jurisprudencial que a la letra 

dice: 

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Existe 

litisconsorcio pasivo necesario, cuando las cuestiones que 

en el juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, 

de suerte que no es posible pronunciar sentencia válida, 

sin oírlas a todas ellas; se requiere que los demandados 

se hallen en comunidad jurídica con respecto al objeto 

litigioso o tengan un mismo derecho o se encuentren 

obligados por igual causa, de hecho o jurídica. Octava 

Época Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo: XI, Febrero 

de 1993 Página:   278 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo 

directo 777/92. Aurora Marín Pulido viuda de Aguilar y 

coagraviados. 5 de noviembre de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: 

Ricardo Lepe Lechuga. Amparo directo 285/86. Saúl Gallo 

Lozano. 29 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Juan 

Bonilla Pizano.”- 

En tal virtud, se reserva de turnar los autos al actuario 

para  la  notificación  de  la  DIRECTORA  DEL  REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

ESTADO DE CAMPECHE, en su carácter de litisconsorcio 

pasivo necesario, de conformidad con el artículo 130 

fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, se le previene a la parte actora, para que el 

término de tres días contados a partir de que quede 

debidamente notificada del presente proveído, anexe ante 

este Juzgado un tanto en copia simple de la demanda y 

documentación anexa para el traslado respectivo, en la 

inteligencia de no dar cumplimiento a la prevención en 

el término señalado con antelación, no se continuará 

con la secuela procesal, en virtud de que esta autoridad 

no podrá dictar el fallo definitivo, toda vez que al ser los 

presupuestos procesales los requisitos sin los cuales 

no puede iniciarse ni seguirse válidamente un juicio, se 

concluye inconveniente que la Jueza falle al respecto, por 

no satisfacerse el presupuesto procesal litisconsorcio, que 

se traduce en la falta de llamamiento a juicio, de las partes 

a las cuales la sentencia alcanzará.

 

 7) Se tienen por presentadas sus pruebas, mismas que 

se reservan de acordar, toda vez que no es el momento 

procesal oportuno. - 

8) En cumplimiento con lo que establecen los artículos 

16, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 113 fracción XI, y 

120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 44, 113, fracción VII, 123 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Campeche, se hace saber a los intervinientes  

en los procesos que se tramitan en este Juzgado, que 

los datos personales que existan en los expedientes y 

documentación relativa al mismo, se encuentran protegidos 

por ser información confidencial, y para permitir el acceso 

a esta información por diversas personas, se requiere que 

el procedimiento jurisdiccional haya causado ejecutoria,