PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 18

San Francisco de Campeche,

Cam., Diciembre 7 de 2020

consideración intereses y demás accesorios reclamados 

a la fecha de interposición de la demanda, es que resulta 

procedente la vía en la que se tramita el presente asunto, 

para lo anterior también es aplicable al caso el criterio 

emitido por nuestro Máximo Tribunal Federal, consultable 

con los siguientes datos: Novena época, Instancia: 

Primera Sala, Fuente: Seminario Judicial de Federación 

y su gaceta, Localización: Tomo XXI, abril dos mil cinco, 

materia (s): común, tesis: 1 a -j25-205, página 576, del 

rubro y tenor siguiente: 

“PROCEDENCIA DE LA VIA. ES UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO 

ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTION 

PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional 

establecido por el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino 

que está restringido por diversas condiciones y plazos 

utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las 

leyes procesales determinan cual es la vía en que debe 

intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un 

juicio en la forma establecida por aquellas tiene el carácter 

de presupuesto procesal que debe atenderse previamente 

a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones 

solo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida 

por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría 

impedido para resolver sobre las acciones planteadas. 

Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser 

una cuestión de orden público debe analizarse de oficio 

por que la ley expresamente ordena, el procedimiento 

en que debe tramitarse las diversas controversias, sin 

permitirse a los particulares adoptar diversas formas 

de juicio salvo las excepciones señaladas en la ley. En 

consecuencia, aunque exista un auto que admita la 

demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin 

que la parte demandada, la hubiere impugnado mediante 

el recurso correspondiente o a través de una excepción, 

ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los 

gobernados la vía establecida por el legislador no deba 

tomarse en cuenta. Por lo tanto el juzgador estudiará 

de  oficio  dicho  presupuesto,  porque  de  otra  manera  se 

vulneraría las garantía de legalidad y seguridad jurídica 

establecidas en el artículo 147 constitucional, de acuerdo 

con las cuales, nadie puede ser privado de la vida, de la 

libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sin 

no mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumpla las formalidades 

esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgado, 

en aras de garantizar la seguridad jurídica de la partes en 

el proceso, debe asegurar siempre de que la vía elegida 

por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier 

momento de la contienda, incluso en el momento de dictar 

la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera 

oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando 

las partes no la hubieran impugnado previamente.- 

3).- Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 1390 bis, 1390 bis 2, 1390 

bis 11, 1390 bis 13, 1390 bis 14 del Código de Comercio 

y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se admite el trámite de la presente demanda 

en la VÍA ORAL MERCANTIL, en ejercicio de la acción 

de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CRÉDITO DE 

HABILITACIÓN O AVIO GARANTÍA PRENDARIA.- 

4).- Se tiene por presentado al Licenciado JORGE 

ALBERTO GONZÁLEZ MORALES, quien se ostenta 

como Apoderado Limitado para Pleitos y Cobranzas 

FONDO CAMPECHE, para lo cual anexa a su escrito de 

referencia  copia  certificada  del  testimonio  de  escritura 

pública número doscientos diecisiete mil novecientos 

cuarenta y seis (217,946) de fecha veintisiete de febrero 

de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Licenciado 

CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Titular de la Notaría 

Pública número ciento cincuenta y uno (151), de la 

Ciudad de México, antes Distrito Federal, relativo al Poder 

General Limitado, que otorga “NACIONAL FINANCIERA”, 

SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 

BANCA DE DESARROLLO, en su carácter de Fiduciaria 

del Fideicomiso denominado “FONDO CAMPECHE”, 

representada por la señora Licenciada BERENICE 

MARTÍNEZ MEJÍA, en su carácter de Delegado Fiduciario 

General del citado Fideicomiso a favor del Licenciado 

JORGE ALBERTO GONZÁLEZ MORALES. 

5).- Se autoriza a ANA LAURA CASTILLO MARTÍNEZ, 

JAQUELINE DEL CARMEN RAMAYO HERNÁNDEZ y 

LOYDA ERNESTINA HERNANDEZ YERBES para oír 

notificaciones e imponerse de autos acorde al penúltimo 

párrafo del numeral 1069 del Código de Comercio 

6).- Se admite como domicilio para oír y recibir toda clase 

de  notificaciones  el  ubicado  en  calle Altillo,  número  dos 

(2), entre Avenida Central y calle Pedro Moreno, colonia 

San José, Código Postal 24040 de esta ciudad, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1069 párrafo 

primero del Código de Comercio. 

7).- Consecuentemente, con la entrega de la copias 

simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, 

notifíquese personalmente, córrase traslado y emplácese 

a los demandados JOSUE RAFAEL RIVERO CARDOZO 

y GENNY JAQUELINE CERVERA BOLIVAR, en el 

domicilio ubicado en: calle 19 de Septiembre Norte, lote 

número veintiocho (28), colonia Solidaridad Nacional, 

Código Postal 24025 de esta ciudad, para que conforme 

al artículo 1390 bis 11 , 1390 bis 14 y 1390 bis 17 produzca 

su contestación dentro del término NUEVE DÍAS y oponga 

las excepciones si a su derecho conviene. 8).- Por otro 

lado, prevénganse a la demandada para que conforme 

al artículo 1069 del Código de Comercio se sirva señalar 

domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones  en  esta  ciudad 

al momento de contestar la demanda instaurada en su 

contra, así también deberá de señalar el nombre oficial de 

la calle, las arterias entre las que se ubica, la numeración 

oficial  que  le  corresponda,  la  zona,  barrio,  colonia  o 

fraccionamiento y el código postal correspondiente. 

10).- Por consiguiente, túrnense los autos a la Central 

de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y 

Mercantiles del Poder Judicial del Estado para su debida 

diligenciación, y en atención al principio de expeditez, 

se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la